SEGURIDAD JURÍDICA Y BIEN COMÚN

El Estado tiene la obligación de dialogar, escuchar y buscar la mejor solución de política pública.


Los padres de familia no están de acuerdo con las pensiones escolares de los colegios privados ni los usuarios de playas de estacionamiento con pagar tarifas altas. En consecuencia, el Congreso discute soluciones para intervenir porque pareces popular.

Lo cierto es que transfiere esos sobrecostos al usuario en el mediano plazo, afectando las inversiones en sus servicios. En los colegios, la calidad de la enseñanza se verá mermada.

En las playas de estacionamiento, se terminará prohibiendo pagar con tarjeta de crédito o se subirá el cargo por minuto, que es lo que en la práctica ha sucedido.

¿Dónde está el análisis de calidad regulatoria de estas medidas? ¿Se evaluó el impacto que tienen en la seguridad jurídica que es el valor más preciado por los inversionistas para continuar apostando, mejorando el servicio en beneficio de la gente? ¿Alguien evalúa la constitucionalidad de estas decisiones?

Ahora vayamos a un caso reciente más extremo, en el que sorprende la solución que se ha dado a una crisis.

Hablemos de la huelga de transportistas y la solución obtenida con la negociación con estos gremios.

Primero, consintamos que no se debió empezar a negociar hasta que no se suspendiera la huelga. Negociar en las condiciones en que se hizo claramente no ayudó.

Segundo, antes de negociar era importante entender integralmente el problema y tratar de encontrar las mejores decisiones de política pública.

¿Los transportistas están preocupados por la informalidad? Entonces hay que trabajar en eso, porque efectivamente es un problema mayúsculo que no se vienen enfrentando adecuadamente.

Multas, acción policial, caducidad de licencias, entre otros, son mecanismos que tiene el Estado para avanzar en la formalización de un sector que requiere reglas de juego homogéneas para todos los actores.

¿Los transportistas están preocupados porque los GPS no están homologados y no saben si lo que compran realmente les servirá? Entonces hay que avanzar en la homologación de los equipos y las empresas que los proveen.

Nuevamente, un tema en manos del Estado.

¿Los transportistas están preocupados por la carga tributaria del selectivo al consumo de sus combustibles? Bienvenidos. Todos lo estamos, pero seguimos teniendo un serio problema de carga tributaria concentrado en algunos pocos formales.

¿Los transportistas están preocupados porque sus homológos bolivianos y ecuatorianos no están sujetos a las mismas reglas de juego cuando cruzan nuestras fronteras? Pues aquí también hay un espacio importante para las conversaciones binacionales que se tiene con estos países. El Mincetur, la Cancillería y el MEF deberian abordar este problema.

¿Los transportistas están preocupados por los pesajes y porque les cobren por eje? Pues es importante hacerles notar que quienes más impactan en la vía son ellos y que no es adecuado que haya un subsidio de quienes no deterioramos tanto en su favor.

El estado enfrentó el problema de otra manera. Impulsó exoneraciones tributaria solo para ellos en el Congreso, prometió revisar contratos de concesión para ajustar peajes, postergó la exigencia del GPS y de supervisión de pesajes y, lo que resulta más escandaloso, ajustó precios de combustibles en un mercado en que no solo participa Petroperú, afectando directamente los precios del mercado completo.

¿Por qué no se reguló entonces cuánto cobran ellos por sus servicios?¿Volvería el lector a invertir en su negocio cientos de millones de dólares si sus proyecciones de precios son afectadas por el Estado regulando cuánto debe cobrar?

¿Cómo afectará esto a la recuperación (ya es incierta) de la inversión en la refinería de Talara que Petroperú viene ejecutando?

El precedente es muy malo y no garantiza un mediano plazo sin mayores conflictos. El Estado tiene la obligación de dialogar, escuchar y buscar la mejor solución de política pública. Es su debe primordial hacerlo, no tomar el atajo de profundizar la informalidad y promover la cultura de cerrar carreteras para obtener ganancias rentistas a costa de la sociedad en su conjunto.

Publicado en Gestión, 22 de Marzo del 2019.