El 80% de las normas medioambientales británicas proceden actualmente de la UE. Algunos temen que al gobierno no le importen las consecuencias medioambientales del divorcio.
El 80% de las normas medioambientales británicas proceden actualmente de la UE. Algunos temen que al gobierno no le importen las consecuencias medioambientales del divorcio.
El Brexit podría causar "daños incalculables" a los ecosistemas en Reino Unido y socavar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, advierten grupos ecologistas que piden a Londres que dé prioridad al medio ambiente después de salir de la UE.
Desde la calidad del aire hasta la gestión de residuos, el 80% de las normas medioambientales británicas, proceden actualmente de Bruselas. Y algunos temen que al gobierno no le importen las consecuencias medioambientales del divorcio con el bloque europeo.
"Si tenemos un Brexit sin un acuerdo, el gobierno estará ocupado en otras cosas", teme Richard Black, director del centro de análisis Energy and Climate Intelligence Unit.
Londres afirma que quiere mantener los más altos estándares ambientales, con o sin acuerdo con Bruselas.
La primera ministra Theresa May aseguró el año pasado que su país continuaría "liderando el mundo en el cumplimiento de sus compromisos con el planeta", prometiendo que las normas europeas se traducirían en leyes británicas después del Brexit.
Pero los ambientalistas señalan que hay pocos o ningún texto en preparación para mantener los objetivos en cuanto a las emisiones, la conservación de la naturaleza y la calidad del aire, y prácticamente ningún recurso legal si no se cumplen los compromisos.
"Actualmente, la población británica tiene acceso a una institución fuerte e independiente que tiene poder real para obligar a los gobiernos de toda la UE a hacer cumplir las leyes en lugar de ignorarlas", comenta Amy Mount, de la ONG Green Alliance, en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El año pasado Reino Unido tuvo que responder ante este tribunal por incumplimiento de los límites reglamentarios de contaminación atmosférica.
Después del Brexit, el gobierno planea crear una Oficina para la Protección del Medio Ambiente que "garantizará que éste y los gobiernos subsiguientes se beneficien de la experiencia de una agencia medioambiental independiente" y ante la cual se deberá "rendir cuentas".
Beneficios económicos
Pero ambientalistas y juristas cuestionan sus verdaderos poderes y su imparcialidad. Según borradores, será financiada por el gobierno, que nombrará a sus dirigentes.
"No parece ser la poderosa organización que nos prometieron", dice Kierra Box, de la ONG Amigos de la Tierra.
Y "no es nada seguro que al menos tengamos" esta oficina "para el día de la salida de la UE, lo que podría crear un daño incalculable a nuestras áreas naturales y especies".
El mes pasado, el gobierno británico publicó una serie de consejos a las empresas sobre la energía y las emisiones en caso de que no se llegue a un acuerdo, en el que establece que las emisiones británicas ya no estarán cubiertas por el actual sistema europeo.
Y "en este momento no hay planes para introducir políticas nacionales adicionales de emisiones", según el texto.
El país ha avanzado en la reducción de emisiones, con una disminución del 43% entre 1990 y 2017. Pero los expertos temen que, con el Brexit, los ministros de Transporte o de Finanzas busquen beneficios económicos a corto plazo mediante el desmantelamiento de las normas medioambientales.
Los partidarios de Brexit creen en cambio que Reino Unido podrá finalmente establecer sus propias reglas después de décadas de decisiones desde Bruselas.
Sin embargo, para Kierra Box, el historial del país en materia de medioambiente no es un buen augurio.
Fuente: Gestión, 11 de marzo del 2019.
