INDECOPI PUEDE REMITIR A LA FISCALIA A EMPRESAS QUE FALSIFIQUEN DOCUMENTOS
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió recientemente un caso vinculado a presuntos incumplimientos en promociones publicitarias. Durante las investigaciones, se descubrió que se habían presentado pruebas manipuladas, lo que planteó la posibilidad de que estas acciones no solo constituyeran una infracción administrativa, sino que también implicaran consecuencias mayores, afectando a otras entidades.
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por un consumidor y una asociación contra dos empresas: una que ofrecía las promociones y otra encargada del procesamiento de los pagos. La denuncia alegaba que, durante el "Black Friday", las promociones anunciaban descuentos de hasta el 50% al utilizar una aplicación de pago, pero los consumidores no recibieron los beneficios según lo ofrecido. Además, se señaló la falta de claridad en los términos y condiciones de las promociones, lo que generó confusión.
Tras evaluar las pruebas, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi concluyó que una de las empresas (la que ofreció las promociones) incumplió su deber de idoneidad al no aplicar correctamente los descuentos. En consecuencia, se le impusieron multas administrativas de 1.25 UIT por cada denuncia y se ordenó la devolución de los montos cobrados en exceso a los consumidores afectados. Por otro lado, se declaró improcedente la denuncia contra la empresa que procesó los pagos, dado que su función era limitada y no tenía responsabilidad sobre las promociones.
Durante el procedimiento, se identificó que una de las empresas había alterado posteriormente las pruebas presentadas, omitiendo los términos originales señalados por los consumidores. Esta situación llevó al Indecopi a considerar la remisión del caso al Ministerio Público para investigar posibles delitos, como falsedad documental. Asimismo, debido a la participación de abogados en la representación legal, se evaluó remitir información al Colegio de Abogados correspondiente para analizar posibles infracciones éticas.
Estas acciones buscan que las conductas detectadas sean examinadas en el ámbito penal o disciplinario, según corresponda. Según Diego Arpasi, especialista en derechos del consumidor, estas remisiones no son comunes, pero se justifican en casos específicos para garantizar el respeto a los principios de veracidad y ética profesional. En particular, el principio de veracidad implica que las declaraciones y pruebas presentadas ante el Indecopi deben reflejar la realidad de los hechos, y cualquier falsedad podría acarrear sanciones administrativas y penales.
Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi, destacó que toda información presentada ante este organismo tiene carácter de declaración jurada, lo que obliga a los administrados a garantizar la veracidad de los datos y documentos. Alterar o manipular pruebas constituye una violación normativa que puede derivar en sanciones y afecta la transparencia y legitimidad de los procedimientos administrativos.
Fuente: Diario Gestión - pag. 13, 11 de diciembre del 2024.