POR UN PAIS INCLUSIVO Y SOLIDARIO
En el Perú, la inclusión laboral de las personas con discapacidad ha mostrado progresos importantes en los últimos años. Entre 2022 y agosto de 2024, el número de trabajadores con discapacidad empleados formalmente en el sector privado creció de 8,760 a 12,403, lo que representa un aumento superior al 40%. Paralelamente, el promedio de empresas que contratan a personas con discapacidad pasó de 4,885 en 2022 a 6,342 en julio de 2024, reflejando un incremento cercano al 30%.
Si bien estos avances son significativos, aún queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera equidad. Las personas con discapacidad en el Perú siguen enfrentando desafíos históricos relacionados con la exclusión y la discriminación. Por ello, los logros recientes deben considerarse un punto de partida y no una solución definitiva, ya que todavía persisten barreras estructurales que dificultan el acceso a derechos básicos como la educación, el transporte accesible y el empleo digno.
El aumento en las cifras de inclusión laboral se puede atribuir, en parte, a los esfuerzos del Gobierno. La presidenta Dina Boluarte ha manifestado su compromiso de ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad en el sector público y fortalecer las alianzas con el sector privado. Sin embargo, estas medidas requieren de una estrategia integral que asegure el cumplimiento efectivo de la Ley General de la Persona con Discapacidad y promueva un cambio cultural hacia una visión basada en derechos humanos.
La inclusión laboral debe ir más allá del simple cumplimiento normativo, ya que también es una herramienta esencial para reducir desigualdades y fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. A pesar de los avances, muchos continúan enfrentando pobreza, empleo precario y acceso limitado a servicios esenciales.
Por ello, las políticas públicas inclusivas deben ser más profundas y efectivas. Es fundamental reforzar la fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con las cuotas laborales establecidas por la ley, pero también promover incentivos que trasciendan lo mínimo exigido, ofreciendo condiciones laborales dignas y justas.
Asimismo, es necesario erradicar los prejuicios y actitudes asistencialistas que perciben a las personas con discapacidad como objetos de caridad. La equidad verdadera requiere reconocer su potencial y capacidad para contribuir plenamente al desarrollo económico y social del país.
Aunque los avances recientes son alentadores y demuestran que el cambio es posible, no debemos conformarnos. La inclusión es solo el primer paso; el objetivo final debe ser alcanzar la equidad, entendida como la garantía de justicia y acceso igualitario a oportunidades. Solo así será posible construir un Perú verdaderamente inclusivo y solidario.
Autor: Sección Opinión. Fuente: Diario El Peruano- pag.12, 04 de diciembre del 2024.