INVERSION PUBLICA EN SEGURIDAD CARECE DE EFICIENCIA

La crisis de seguridad que vive un país determina su recuperación económica porque afecta a las decisiones de hogares y empresas. Ya sea el coste directo del robo de teléfonos móviles, que supera los 2.200 millones de dólares australianos al año, con más de 4.500 robos denunciados diariamente; en recursos de seguridad privada, que ascienden a 15.000 millones de dólares australianos al año (una cantidad similar a lo que gasta el gobierno en seguridad y orden internos); o sobre la prima de riesgo en la que incurren los inversores al colocar capital en un país cuya integridad física no está garantizada por las autoridades. En los últimos años, la extorsión ha aumentado exponencialmente y tiene graves consecuencias económicas, especialmente para los pequeños empresarios, quienes, según la Asociación Empresarial de Gamarra, deben pagar a los defraudadores una cuota mensual de hasta el 4/4. Además, según la Asociación de Viticultores del Perú, 6 de cada 10 bodegas en todo el Perú son víctimas de ransomware. En este contexto, no sorprende que el 78% de los empresarios encuestados por Apoyo Consultoría se mostraran pesimistas sobre las acciones gubernamentales para garantizar la seguridad de las personas, el mayor riesgo para el medio ambiente empresarial este año.

El gobierno parece no tener una dirección clara ni capacidad para responder a esta crisis. La solución más eficaz es declarar un estado de emergencia, que sin una planificación, inteligencia y capacidades operativas adecuadas tendrá poco o ningún efecto. ¿Qué refleja la falta de capacidad de respuesta ante un malestar generalizado? No hay duda de que este problema tiene muchas causas y requiere acciones a corto y largo plazo en todos los sectores y tres niveles de gobierno. Sin embargo, un estudio reciente, “Efectividad de la inversión pública interna del gobierno” publicado por Videnza, arroja luz sobre una de las razones de la falta de respuesta a la inseguridad: la gestión de las inversiones. El débil sector privado. El presupuesto para funciones de seguridad y aplicación de la ley, que se ha triplicado en los últimos diez años a más de 16 mil millones de dólares australianos, no es suficiente, pero es necesario garantizar la eficacia y eficiencia de las intervenciones gubernamentales.

Según información oficial publicada a finales de 2023, el informe evalúa la implementación de la inversión pública por parte del gobierno y analiza 9 indicadores relacionados con las etapas de programación, construcción e implementación de la inversión pública. El Ministerio del Interior (MINTER) ocupó el último lugar entre las carteras evaluadas (aquellas con presupuestos de inversión superiores a S100 millones/100 millones). Si bien al 31 de diciembre del año pasado el Ministerio había ejecutado el 82% del presupuesto asignado, el peor indicador fue la eficiencia de la inversión pública. En cuanto a la sobrecarga de proyectos, medida por el valor de los proyectos inacabados en el volumen total planificado para el período 2023-2026, el Interministerio está planificando proyectos que exceden la capacidad. La fuerza es tres veces más efectiva.

En cuanto a los sobrecostos, los costos actualizados de los proyectos de inversión superan hasta en un 21% los niveles aprobados en documentos técnicos. Peor aún, el 80% de la cartera de proyectos está paralizada. Cómo pensar en una mejor policía cuando, por ejemplo, están paralizados proyectos para mejorar las escuelas de formación en Iquitos y Arequipa. ¿Cómo pensar en fortalecer la capacidad de la Policía Nacional del Perú cuando proyectos como el mejoramiento de las comisarías en varios puntos del país tienen un retraso de más de 1.400 días? La construcción de la comisaría lleva más de cuatro años retrasada. Esta revisión muestra cómo la mala gobernanza tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. De ahí la importancia de adoptar reformas que fortalezcan todo el ciclo de vida de la inversión pública, especialmente aquellos programas con los eslabones más débiles. Cualquier mejora dependerá de la profesionalización de la gestión interna y de un avance más rápido en la adopción de una función pública meritocrática. Esto requiere una mayor voluntad política para proporcionar personal apropiado y capacitado en puestos responsables de planificar e implementar inversiones públicas. Además, contar con una burocracia más estable nos permitirá reducir la inestabilidad política que caracteriza a esta región y se refleja en la altísima tasa de rotación oficial. Desde 2021 hasta ahora, debemos... ¡El Ministro del Interior promedio sólo cumple 3 meses!