EL DESCALABRO DEL "MODELO BOLIVIANO"

En una ferviente defensa de las virtudes del "Modelo económico social comunitario productivo" en 2014, el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de Bolivia, Luis Arce, esbozaba una transición hacia el socialismo a la boliviana. Entre los pilares de su tesis, afirmaba "que el Estado tiene que ser todo: planificador, empresario, inversionista, banquero, regulador y productor del desarrollo". Ese modelo finalmente ha hecho agua y hoy el país altiplánico se encuentra ante una crisis incubada por la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y un desplome de la liquidez externa que impide suplir la demanda de divisas.

Las reservas internacionales líquidas del Banco Central de Bolivia (BCB) cayeron en un 50% entre el 31 de diciembre de 2022 y el 8 de febrero pasado, fecha en la que el BCB dejó de publicar sus reportes semanales. Quizás el gatillo de una mayor demanda de dólares haya sido la decisión de crear un régimen cambiario preferencial para la exportación (que, por cierto, hace recordar al dólar MUC del pasado en el Perú). No obstante, recientes eventos confirman que adoptar políticas económicas desequilibradas siempre pasa factura.

Las tres agencias calificadoras de riesgo han reducido el rating soberano boliviano ante el deterioro de su capacidad de pago y un mayor riesgo de default. Moody's señala que, sin políticas de ajuste creíbles incluyendo la sustitución del régimen cambiario fijo que ha sobrevaluado la moneda para sostener artificialmente la demanda interna a través de "importaciones baratas", el riesgo de un descalabro económico es cada vez mayor. Estos acontecimientos tiran por la borda la cruzada emprendida por algunos políticos peruanos que pretenden venderle a la población una alternativa claramente insostenible. La insistencia de sustituir nuestro modelo económico por uno estatista, con Asamblea Constituyente incluida, debe ser evaluada a la luz de lo que está ocurriendo en el vecino país.

Haciendo un balance objetivo, el modelo boliviano mostró resultados positivos por más de una década gracias a la combinación de un favorable contexto externo y la implementación de políticas económicas orientadas a dinamizar la demanda interna. Se impulsó una agenda que otorgó al Estado un rol protagónico en la economía (en perjuicio de la inversión privada), a través de su participación dominante en las actividades de explotación de recursos naturales, la redistribución de los excedentes económicos a otros sectores productivos, el impulso de la inversión pública y el gasto social asistencialista, aumentos del salario mínimo sin mediar mejoras en la productividad laboral, entre otras medidas.

Sin embargo, a partir de 2015, el deterioro del contexto externo fue apuntalado por políticas expansivas, a costa de la acumulación de desbalances macroeconómicos. El déficit en la cuenta corriente y las cuentas públicas alcanzaron 5% y 8% del PBI, respectivamente. Por el lado fiscal, resulta difícil mejorar los ingresos fiscales de cara a las restricciones estructurales del sector de hidrocarburos, dado el declive de su producción por la sostenida caída de la inversión en exploración y la menor demanda externa. Nuevos proyectos para generar ingresos desarrollando otros productos tampoco avanzaron lo esperado. Claros ejemplos son la producción y exportación de urea y el trunco proceso de industrialización y exportación de litio (pese al interés inicial de los chinos que más bien preferirían dirigirse a Chile). Además, Argentina y Brasil han optado por alternativas al gas de Bolivia, en vista del repetido incumplimiento de los compromisos de suministro.

Por el lado externo, hay espacio para implementar una reforma en el régimen cambiario que démayor flexibilidad y permita mantener la competitividad externa y reducir el déficit de cuenta corriente. Sin embargo, en ausencia de un programa de consolidación fiscal creíble, una devaluación significativa podría generar pérdidas adicionales de los depósitos, además de presionar aún más a las reservas internacionales, como de hecho está ocurriendo. Las alternativas para frenar la crisis de confianza no son fáciles de adoptar. Soltar el tipo de cambio, necesario para estabilizar las cuentas externas, daría un tiro de gracia al modelo de crecimiento engdógeno adoptado hace años.

Monetizar el oro que tiene el BCB para obtener liquidez pasa por aprobar una ley entrampada en el Congreso entre facciones del oficialismo. Implementar un plan de ajuste fiscal para obtener nuevo financiamiento externo (especialmente de fuente multilateral) pasaría por regresar a Bolivia a la órbita del Fondo Monetario Internacional y reeditaruna película ya vista. Hasta el momento, la sensatez no ha primado en el Gobierno. Así lo confirman la nacionalización de los fondos de privados de pensiones (como ahora sí se pretende hacer luego de 10 años en el intento) y acusaciones contra la banca privada de no querer vender dólares. De no darse un giro al pragmatismo, será inevitable un ajuste aún más doloroso para los bolivianos.

Ante este descalabro, es válido preguntarles a los políticos de izquierda de nuestro país si verdaderamente quieren continuar difundiendo promesas estatistas que vuelven a fracasar. Queda claro que el "modelo boliviano" no era la receta infalible que se pretendía vender y tampoco el referente para "estatizar" el sistema privado de pensiones como algunos pretenden en la Comisión de Trabajo del Parlamento. Los congresistas peruanos que impulsan reformas constitucionales para cambiar la economía social de mercado a una economía popular de mercado harían bien en documentarse mejor sobre lo que está ocurriendo en Bolivia y no pretender importar recetas fallidas.

Autor:Luis Miguel Castilla. Publicado en Gestión, 30 de marzo del 2023.