PETRO CONTRA LAS APPS

En Colombia, los taxistas celebraron cuando el Gobierno de izquierda de Gustavo Petro señaló que iba a regular apps de transporte como Didi y Uber, que son ilegales en el país. Pero las propuestas gubernamentales, que se filtraron a la prensa en enero, generaron indignación: un borrador proponía multar a los usuarios de apps con 10,000 pesos (US$2,000) y bloquear las plataformas. Luego de que cientos de trabajadores de estos servicios digitales tomaron las calles, Petro suspendió sus planes.

Pero el 22 de febrero, taxistas descontentos realizaron un paro e intentaron bloquear vías en más de una docena de ciudades, en protesta contra el mandatario. Por la noche, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con representantes de los taxistas y acordaron discutir un nuevo plan. Este furor presen- ta una señal del caos político que podría convertirse en característica del Gobierno de Petro, quien se ha autoimpuesto un difícil reto en relación con la llamada "economía de las plataformas".

Dicha actividad está prosperando en América Latina, particularmente en Colombia. Rappi, el primer unicornio tecnológico del país, estuvo valorizada en US$ 5,000 millones el año pasado y es usada en toda la región. No es ilegal en Colombia, pero opera dentro de un vacío regulatorio y no es considerada una empleadora formal. Alrededor de 40,000 repartidores de la empresa trabajan en el país. Otros 150,000 trabajadores de plataformas lo hacen para competidoras como Uber, iFoody Cabify.

La mayoría de estos trabajadores son migrantes venezolanos, hoy viven en Colombia alrededor de 2.5 millones. Las apps les proporcionan un salvavidas en la forma de ingresos diarios, aunque se trata de un esquema precario. "Hay días que son realmente malos", señala Robert Romero, repartidor venezolano de Rappi. Su desplazamiento en bicicleta por Bogotá incluye serpentear a través del atroz tráfico y tratar de evitar un accidente mortal.

La preocupación de Petro es que las apps de delivery y transporte no ofrecen salarios mínimos, seguro médico o pensiones de jubilación a sus trabajadores opina que sus contratos crean una "relación laboral mentirosa". Su Gobierno quiere promulgar legislación que formalice las protecciones laborales para los trabajadores de plataformas, y este año presentará una propuesta de reforma laboral.

Las grandes empresas tecnológicas son presas fáci les de atacar para el nuevo Gobierno de izquierda. "No debiera ser posible acumular riqueza por un lado y riesgos laborales por el otro", sostiene Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Petro también quiere que las tecnológicas extranjeras paguen más impuestos. En noviembre, el Congreso aprobó la nueva reforma tributaria del Gobierno, que uno de sus objetivos es aprovechar la creciente digitalización del país.

La reforma incluye un impuesto a los servicios digitales equivalente a 3% de los ingresos brutos y una fiscalización más estricta del impuesto al valor agre- gado (IVA) para los servicios digitales prestados desde el exterior. Así se considera automáticamente como sujeta al impuesto a cualquier empresa que tenga más de 300,000 usuarios colombianos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, mencionó a Uber, Spotify y Netflix cuando anunció la propuesta, el año pasado.

Este enfoque es un distanciamiento del utopismo tecnológico liberal de los Gobiernos colombianos previos. El antecesor de Petro, Iván Duque, promovía lo que llamó "la economía naranja" de las startups (en referencia al color corporativo de Rappi) y el emprendimiento creativo; hasta aparecía en público luciendo la distintiva gorra de la empresa.

Los críticos temen que estas reformas puedan resultar siendo contraproducentes. Una mayor carga tributaria podría sofocar la innovación y desincentivar la aparición de startups. "Esta reforma (tributaria) incrementará el desempleo, la inflación y la pobreza", señala Miguel Uribe, senador de la oposición conservadora. Costos laborales más elevados significan servicios más caros y entregas con mayor lentitud para los clientes de las apps de delivery.

También podrían significar menos puestos de trabajo. En Colombia, la mayoría de trabajadores de plataformas estuvieron previamente desempleados o laboraban en otras actividades informales, de acuerdo con una encuesta del centro de investigación de desarrollo. "La decisión no está entre formalización e informalización", opina Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, "sino entre un trabajo de delivery informal o no contar con ningún empleo".