AUTOR: Tomás Eliaschev
Para los defensores de la megaminería, los números son contundentes. Los voceros de las poderosas corporaciones multinacionales mineras, a los que se suman funcionarios nacionales y provinciales comprometidos con la expansión de este negocio, definen a los últimos diez años como “la década minera”. Se basan en el crecimiento exponencial de las exportaciones, en los miles de metros dedicados a la exploración, en los millones de dólares en inversiones y la cantidad de empleos generados. Y proyectan seguir expandiéndose a un ritmo cada vez más vertiginoso.
Del otro lado, vecinos y ambientalistas califican al modelo como de “saqueo extractivo”. Cuestionan la validez de las cifras y hacen una interpretación distinta de la información provista por la Cámara Argentina de las Empresas Mineras (CAEM) y la Secretaría de Minería de la Nación.
Lo que no se discute es que se produjo una proliferación de proyectos mineros, instalados sobre todo en la zona cordillerana. En 2002 había 18. En el presente hay más de 600 emprendimientos, en distintas etapas (un crecimiento de más del 3.000 por ciento). A la par del desembarco de la megaminería se dio el surgimiento de al menos medio centenar de asambleas, agrupadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Siguiendo el camino de los vecinos de Esquel, se organizan para repudiar la contaminación ambiental, el despojo de los bienes comunes y el efecto de la megaminería en localidades poco pobladas. Plantean un reclamo democrático de soberanía, al denunciar que nunca fueron consultados. Ante el derrame de 1.000 millones de litros de agua cianurada de la mina Veladero en la cuenca del río Jáchal, se produjeron masivas movilizaciones inéditas en la provincia de San Juan contra Barrick Gold. Y lograron que el tema se discuta, aunque sea superficialmente, en la campaña electoral.
Algunas cifras permiten dimensionar lo complejo del debate y la ausencia de criterios comunes para que el intercambio de posiciones sea fructífero.
Un tópico que suele plantearse es el del pago de impuestos. “No es cierto, como se dice, que el sector no paga impuesto a las ganancias. A la minería se le aplica, en líneas generales, la misma estructura tributaria que al resto de los sectores de la economía. Y además, si se considera también el pago de los derechos de exportación y el de regalías, la presión al sector llega hoy al 42% de su PBI. En concreto, en 2013 el aporte fiscal de la minería al sector público fue de $ 7.990 millones”, escribió en Infobae Damián Altgelt, gerente general de CAEM.
Otro aspecto que se menciona es el desarrollo. En 2014 se hicieron exportaciones por un valor de 3.900 millones de dólares, un 5,8 por ciento de las exportaciones totales. Según la consultora Abeceb, el 70 por ciento de lo que factura la minería queda en el país –en sueldos, contratación de proveedores de bienes y servicios locales y aportes fiscales y no fiscales a los Estados provinciales y nacional–. Se trata del quinto complejo exportador. La minería constituye, para San Juan y Catamarca, más del 40% de su PBI. La actividad de la mina Veladero genera el 34% del PBI de San Juan, según un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional.
A todo esto, suman otro dato impactante. La CAEM habla de más de 100 mil puestos de trabajo, de los cuales 40 mil son directos. La Secretaría de Minería quintuplica esa cifra: afirman que medio millón de personas tiene empleo gracias a esta actividad. Y prometen que para 2029 habrá casi un millón de empleos generados por la minería. En Santa Cruz, la minería es la principal fuente de empleos privados.
Las inversiones estimadas para este año son de $ 38.500 millones en 2015. Las empresas provienen de Canadá, Estados Unidos, Suiza, Japón, Sudáfrica, Italia, China y Corea. Además de provincias mineras por excelencia, como San Juan, Catamarca y Santa Cruz, hay proyectos y emprendimientos mineros funcionando en Salta, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
En los números planteados se toma en cuenta el conjunto de la actividad minera. Se suman la minería tradicional, que es generalmente subterránea, y la minería a gran escala, predominantemente a cielo abierto, que es la que genera polémica. Las técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación permiten extraer los minerales diseminados en las rocas. Con explosivos se van “comiendo” las montañas para remover grandes volúmenes de roca. “Se llegan a remover hasta 300.000 toneladas de roca diarias, usando hasta 100 toneladas de explosivos, más de 100.000 litros de combustibles y decenas de toneladas de sustancias químicas de alta toxicidad, como el cianuro”, plantea Enrique Viale, autor, junto a Maristella Svampa, de Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (Editorial Katz, 2014) y otras obras referidas al “modelo de saqueo extractivo”.
“El consumo hídrico y energético es altísimo. El proceso genera enormes cantidades de efluentes y desechos. Más de 95 por ciento de la roca extraída se convierte en residuo; se generan hasta 4 toneladas de escombros por cada gramo de oro –que quedan a perpetuidad en los lugares de explotación como pasivos ambientales– y se consumen 380 litros de agua, 43,6 kwh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio), 2 litros de gasoil, 1,1 kg de explosivos y 850 g de cianuro de sodio. Una vez que los minerales se agotan, queda el llamado ‘open pit’ o tajo abierto, que puede llegar a tener más de 1.500 metros de diámetro y hasta 1.000 de profundidad, las escombreras o botaderos –áreas de depósitos de estériles que pueden cubrir cientos de hectáreas– y los diques de cola”, señala Viale.
“Los datos que proveen son poco fiables –advierte Nicolás Gutman, magister en Economía y Políticas Públicas de George Mason University e investigador del C.C. de la Cooperación–. Cuando desembarca un emprendimiento minero se produce un boom, una expansión económica con mucha plata dando vueltas en partes pobres de nuestro país. Los recursos y los puestos de trabajo existen. Pero aun así, todo ese dinero es insignificante al lado de los recursos que salen para afuera… Pagan impuestos basados en sus propias estimaciones. El movimiento de dinero es enorme pero muy concentrado: no es como la agricultura, donde hay miles de propietarios grandes, chicos y medianos. Acá, el dinero se ‘derrama’ sobre todo en lobbistas, contratistas y no mucho más. Es plata con fecha de vencimiento”.
Sobre el daño ambiental, el investigador afirma que “es muy difícil cuantificar. Los costos asociados a esta producción son muy altos y el Estado se tiene que hacer cargo de la limpieza luego del cierre de cada mina. La agricultura y el turismo decaen… No es lo mismo si se produce un accidente o no: si hay un derrame o filtración de aguas contaminadas en las napas, es un desastre”, agrega Gutman, y critica las cifras brindadas por los defensores de la megaminería: “Los números de puestos de trabajo están muy inflados. Mezclan la minería tradicional con la de gran escala. Aunque digan que generan empleos, son empleos que duran poco. El costo para las mineras está licuado: ellos sacan metales preciosos y pagan salarios no más altos que un seguro de desempleo de los Estados Unidos. En cuanto a las inversiones, hay que tener en cuenta que usan infraestructura que después se desmantela, además de la ya existente, como rutas y el tendido eléctrico, que los sobreutilizan con maquinaria pesada. Y la cifra del 70 por ciento de la facturación que se quedaría en el país es irreal. La pregunta es cuáles serían los insumos que se compran en la Argentina. Toda la maquinaria que necesita un proyecto así, como una celda de flotación o los camiones Caterpillar, los bienes que más cuestan, no se fabrican en la Argentina”.
Pero, ¿cuánto ganan las empresas mineras? “No hay forma de saberlo. La cifra de cuánto mineral sacan es por declaración jurada. Realizan todo tipo de maniobras impositivas para lavar dinero. Es imposible saber cuánto ganan no sólo acá, sino en todo el mundo. La minería es una industria opaca, también en Canadá, Estados Unidos o Australia, aunque allá paguen muchos más impuestos –amplía Gutman–. Estas empresas, en los países mineros de África contratan mercenarios. En Perú, recientemente asesinaron al menos a cuatro campesinos, pero ya llevan unas 200 muertes en represiones a protestas antimineras”.
Respecto de la presión impositiva, Gutman desmiente “que sea altísima, como ellos dicen. Ningún empresario dice que los impuestos que pagan estén bien. La Argentina es de los países con menos presión tributaria del mundo. Además, se trata de recursos estratégicos, no renovables. No es un sector más y por eso tienen que pagar impuestos y derechos al acceso –las regalías–, que por herencia de los ’90 son de un máximo del 3 por ciento al valor boca de mina. La Barrick en San Juan paga un 1,7 sobre una declaración que hacen ellos mismos. Y prácticamente no hay controles. La policía minera (encargada del monitoreo integral de las minas) tiene muy poca gente y muy poco capacitada”.
“Las cifras están basadas en mitos que suelen enarbolar los defensores de la megaminería –agrega Viale–. Uno es que la minería es un ‘motor de desarrollo’. Apelan a los grandes montos financieros de las inversiones iniciales que las empresas mineras realizan, y a los altos valores de exportación que generan, alegando que se constituyen en fuentes de divisas, importantes ingresos fiscales y en dinamizadores del resto de los sectores económicos. Pero esta es la recreación geopolítica y económica de asimetrías entre países proveedores de recursos primarios y países consumidores. Implica extranjerización, concentración y reprimarización del aparato productivo interno de los países en los que se radican esas fases extractivas”. Un ejemplo claro es el de Bajo La Alumbrera, sostiene Viale: “Pasaron quince años de su instalación y el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió para mejor. Los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional. La prosperidad minera es un mito”. Otro sería “que la minería genera empleo”. Pese a las promesas, en 2011 la minería representaba en la Argentina el 0,7 por ciento del total de los asalariados registrados, y menos del 0,5% del total del empleo privado registrado. “La megaminería es una actividad capital-intensiva y no trabajo-intensiva”, explica Viale.
El tercer mito está referido a la renta minera y su contribución al Estado. “Cuentan con un régimen que les permite deducir el 100 por ciento de lo invertido en prospección y exploración, no pagan tasas municipales y se les garantizan tarifas ‘no distorsivas’ de luz, gas, combustibles y transportes, entre otras muchas exenciones. Mientras tanto, acceden a una gran cantidad de carburantes y energía, no solamente subsidiada sino también exenta de impuestos. Es una enorme transferencia de recursos de la sociedad a las grandes corporaciones, que además se viene realizando en un contexto de déficit energético”, denuncia Viale.
Gutman se anima a una propuesta, basada en la consigna de las asambleas ciudadanas “El agua vale más que el oro”. Para el experto, “no es cierto que sea necesario el oro. El 80 por ciento es para lingotes a los que se les da básicamente un uso de especulación financiera en tiempos de crisis. Con el reciclaje del oro existente se puede cubrir toda la demanda para uso industrial, que es muy baja. De todos modos, acá no hay ninguna industria que use oro: la megaminería no está pensada por una necesidad del sector industrial, es una carrera por los recursos naturales. Tienen cero interés en hacer minería en baja escala o artesanal. La alternativa es una empresa nacional que sólo se dedique a proyectos de baja intensidad, o que haya emprendimientos privados pero se prohíba la megaminería”
Presente y futuro
Las mineras de superficie que ya están produciendo son La Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan; Cerro Vanguardia, en Santa Cruz; Manantial Espejo, en Santa Cruz; Gualcamayo, en San Juan; Mina Pirquitas, en Jujuy, y Mina Casposo, en San Juan. Están dedicadas básicamente al oro y a la plata pero también al molibdeno, estaño y zinc. Mientras tanto, se estudia la factibilidad y se discute sobre el emprendimiento chileno argentino Pascua Lama, en San Juan; el de Agua Rica en Catamarca, y El Pachón, en San Juan, que sumaría la producción de cobre.
Las mineras de la polémica
En 2003 en Esquel, Chubut, y en 2012 en Loncopué, Neuquén, se realizaron plebiscitos en los que más del 80 por ciento votó contra la instalación de megaemprendimientos mineros. Los vecinos intentaron (pero no lograron) hacer lo mismo en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja). En septiembre pasado se sumó una inédita movilización en Jáchal, donde un tercio de la población salió a las calles ante un masivo derrame de cianuro que la empresa Barrick Gold intentó, en un principio, ocultar.
En febrero de 2012 se produjo una brutal represión en Tinogasta, Catamarca. En mayo reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que lograron frenar a un inconsulto proyecto canadiense. En julio de ese año ocurrió lo propio en Cerro Negro, en la misma provincia. Y en febrero de 2014 la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. En todos los casos protestaban contra La Alumbrera.
Megacifras
18 proyectos mineros había en 2002 en el país.
600 hay ahora, en distintas etapas de funcionamiento.
50 asambleas vecinales surgieron en el mismo período.
7990 millones fue el aporte fiscal de la minería en 2013, según CAEM.
100 toneladas de explosivos se utilizan en un día en el país.
4 toneladas de escombros se generan por cada gramo de oro.
Publicado por Eco-Sitio ( 02 de Noviembre del 2015)