Por Carolina Martín
Si algo tienen en común los cinco decretos legislativos que han provocado la ira
de las 65 etnias amazónicas, que protestan desde el 9 de junio en las siete
regiones amazónicas del país, es que todos ellos vulneran el derecho a la
consulta previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Libres de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado por
Perú en 1993.
En efecto, los decretos legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 transgreden
el derecho de los pueblos a dar su opinión sobre los temas que afectan
directamente su desarrollo, previsto en el artículo 6, incisos 1.a y 2 del
mencionado texto legal internacional, que hacen referencia específicamente al
Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, así como incumplen el
artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Además algunos de ellos (el 1015, 1073 y 1089) han sido emitidos al margen de
los artículos 101, inciso 4 y 104 de la propia Constitución del Perú.
Estas son las principales conclusiones del último informe del Centro Amazónico
de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), publicado el 15 de agosto del
presente año, en cuyas páginas se hace un análisis detallado de los decretos
legislativos emitidos por el Ejecutivo en virtud de la ley 29157 (para legislar
en materia del TLC con Estados Unidos) que afectan a los pueblos indígenas.
El estudio detalla en qué puntos concretos los textos legales perjudican a las
comunidades (ver infografía adjunta) y concluye que “la política económica
llevada a cabo por el gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos
indígenas, debido a que las mismas no están acompañadas de un régimen de
protección para los derechos colectivos de estos pueblos”.
DEBE HABER CONSULTA
Del mismo modo recuerda que para respetar la integridad de los pueblos no basta
la revisión normativa del régimen jurídico de las tierras y los recursos, y que
antes de autorizar cualquier concesión, el Estado debe reconocer los derechos de
los pueblos indígenas sobre sus territorios y sus recursos.
“En el país se vulnera el derecho a la consulta y participación, según lo
prescrito en los artículos 6 y 7 del Convenio 169. La ausencia de procedimientos
de consulta previa antes de emprender o autorizar actividades en tierras
indígenas es una de las causas de conflicto socio ambiental”, especifica el
estudio.
El Congreso y un real Indepa
En su informe, el Caaap recomienda que el Congreso revise la constitucionalidad
de los DL cuestionados y pide al Estado que mejore su institucionalidad y dote
de instrumentos y potestad real al INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano).
Del mismo modo, solicita que se establezcan políticas coherentes de saneamiento
legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al
Convenio 169 de la OIT, así como recomienda implementar mecanismos de consulta y
consentimiento adecuados. Pide, finalmente, que el manejo de los conflictos sea
preventivo y con participación de varios sectores.
Comisión de Congreso deroga Ley de la Selva
El Pleno deberá ratificarlo mañana. Titular del Legislativo señala que los
nativos dieron una tregua para continuar las negociaciones.
Por Claudio Mendoza. (Bagua). Marco Sánchez y Alonso Ramos.
El conflicto originado por la protesta de los nativos frente a los decretos
legislativos 1015 y 1073 tuvo un respiro ayer cuando la comisión de Pueblos
Andinos del Parlamento derogó dichas normas y los dirigentes nativos anunciaron
una tregua para retomar el diálogo hoy.
La derogatoria, sin embargo, enfrentó a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Mientras el primer ministro Jorge del Castillo fustigó a la comisión, el
presidente del Parlamento, Javier Velásquez, reiteró la autonomía de este poder.
“Hubo una votación democrática que debe respetarse”, señaló Velásquez. La sesión
de Pueblos Andinos, que contó con la presencia del premier y los ministros de
Justicia, Agricultura y Medio Ambiente, decidió por seis votos a favor, uno en
contra y dos abstenciones, la derogatoria.
Esta decisión iría ahora al Pleno de mañana.
QUE DECIDA EL TC
En la extensa sesión de Pueblos Andinos –duró cinco horas–, legisladores de
todas las tiendas pidieron una comisión mediadora para acudir a la zona de
conflicto.
El Apra y la oposición cruzaron acusaciones, pues el oficialismo señaló que se
buscaba sacar provecho de los nativos.
Fabiola Salazar incluso acusó al nacionalista José Maslucán de complicar el
diálogo pues, dijo, impidió la reunión entre el presidente del Congreso y el
dirigente de los nativos, Alberto Pizango.
Esta estaba fijada para las 7.30 de la noche, pero finalmente se dio tres horas
después.
Velásquez dijo que se retomará el diálogo hoy desde las 10.30 de la mañana. Ahí
se llevaría la consulta hecha a los portavoces de las bancadas respecto a la
derogatoria, y la consulta a las bases nativas para suspender las medidas de
fuerza.
Pizango incluso adelantó que los huelguistas ya acordaron dar pase a los
camiones en la zona de Corral Quemado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo le cedió el protagonismo al Tribunal
Constitucional (TC). A través de un comunicado, dicha institución pidió
celeridad al máximo organismo jurisdiccional para que resuelva la acción de
inconstitucionalidad presentada por la propia Defensoría contra el decreto
legislativo 1015, la denominada “Ley de la Selva”.
“Asimismo, precisamos que la emisión del Decreto Legislativo Nº 1073,
modificatorio del Decreto Legislativo Nº 1015, no resuelve todos los problemas
de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría del Pueblo”, manifestó el
comunicado leído por su propia titular, Beatriz Merino.
De la misma opinión fue el ex presidente del TC Víctor García Toma, quien
sostuvo que todo queda en manos del ente arbitral.
Una tregua en Corral Quemado
Los indígenas de Bagua de las etnias awajun y wampis dieron una tregua de 24
horas al gobierno central tras llegar a un acuerdo con altos mandos de la
Policía Nacional. El principal fue reanudar el tránsito por el puente Corral
Quemado, que divide a Cajamarca y Amazonas, en la carretera Fernando Belaunde
Terry. Los efectivos policiales, jefaturados por el general Víctor Castañeda,
garantizaron la no intervención de las Fuerzas Armadas.
En Cusco, nativos machiguengas prosiguieron con su movilización en medio del
bloqueo de carreteras y anunciaron para hoy el inicio de una huelga indefinida
en apoyo al reclamo de las etnias. Con este clima, el presidente Alan García
dijo que la protesta obedece a la “mala intención” de algunos sectores.
http://peruverde.net/blog/2008/08/17/el-72-de-la-amazonia-peruana-esta-cubierta-de-concesiones-de-petroleo-y-gas/
El país vacío y los indios invisibles
La derrota política que el Apra ha recibido en el Parlamento, en su intento de
imponer la “Ley de la Selva” –es decir, el paquete de decretos que pretende
allanar el camino a la desposesión de las tierras de las comunidades nativas
para favorecer a los monopolios extranjeros– dice algo sobre nuestra historia.
Alan García persiste en una política que repite lo peor del repertorio político
criollo con relación a las poblaciones indígenas. Algo que es una constante en
la actitud del Apra con relación a las poblaciones andinas y amazónicas (“vasto
e ignaro campesinado”, las llamó Haya de la Torre en El antimperialismo y el
Apra), que asume que los indígenas son incapaces de iniciativas políticas
autónomas: si se movilizan, deben de haber agitadores metiéndoles en la cabeza
esas ideas que ellos son incapaces de producir por sí mismos.
Esto no hace más que reciclar los viejos prejuicios racistas coloniales, que
“minorizan” a la población indígena.
Los indios son vistos tradicionalmente desde el poder como menores de edad:
niños incapaces de hacerse cargo de sí mismos y de pensar por cuenta propia. De
allí que la política indigenista estatal tradicionalmente haya sido la tutela:
una política reservada para los niños y los minusválidos.
Desde los inicios de la República, las clases dominantes del país cultivaron una
ideología según la cual el Perú era un “país vacío”.
Por eso, hablar de construir la Nación a lo largo del siglo XIX era hablar de
inmigración: se necesitaba importar colonos para explotar las ingentes riquezas
naturales del país, porque el Perú no tenía la población para hacerlo. Esto era
una ilusión ideológica; si el país les parecía “vacío” era porque no
consideraban que los indígenas formaran parte de él. La contrapartida del país
vacío son precisamente los nativos invisibles, inexistentes.
Cuando el arquitecto Fernando Belaúnde decidió imitar a Brasil, y construir la
capital del Perú en la Amazonía, surgió el proyecto Ciudad Constitución. Pero
cuando viajó a inaugurarla aparecieron nativos armados con arcos y flechas que
pretendían enturbiar las celebraciones y tuvieron que ser corridos a tiros por
la Guardia Civil, para que continuara la ceremonia. Eran los habitantes de esos
territorios, sus propietarios ancestrales. Pero, claro, eran invisibles… Según
me contaron, el trazo de las calles de Ciudad Constitución terminó convertido en
un excelente aeródromo para las avionetas del narcotráfico.
Es risible pretender construir la modernidad con políticas del siglo XIX.Me sumo
al homenaje a Constantino Carvallo. Conforta ver la huella que has dejado a tu
paso por la tierra.
http://cuartoambiente.blogspot.com/
La Ley de la Selva o el arte del mal
gobierno
La imagen: Un gobierno que violando su Constitución y el derecho internacional
legisla para promover la privatización de ancestrales tierras comunales, con el
objetivo de inducir su venta a consorcios internacionales petroleros y
gasíferos. Nada más y nada menos. Es decir un gobierno hundido en el pasado de
la explotación no sustentable de los recursos naturales de su propio país y
reacio a entrar a la modernidad que implica el respeto a la identidad cultural
de las comunidades nativas y al derecho de participar en las decisiones que
afectan sus tierras. Una suerte de lucha entre las prácticas más oprobiosas de
la explotación indígena del pasado y las nuevas prácticas de la modernidad y la
democracia que promueven la inversión y el desarrollo con respeto de los
derechos indígenas.
Todos los peruanos queremos que la inversión crezca en el Perú. Que podamos
convertirnos en un país exportador de petróleo y gas, satisfechas reservas y
necesidades internas. Y no hay duda que la voluntad nacional ansía que los
siempre postergados y marginados peruanos y peruanas de la Amazonía deben ser
beneficiarios y actores directos del desarrollo sustentable de la selva. Pero
las erráticas e incompetentes decisiones del gobierno atentan contra todo ello.
Hay una contumacia en hacer las cosas mal.
El Perú puede y debe conciliar la inversión en la selva con respeto y promoción
de los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas. Ello implica
sabiduría en la acción de gobierno para transformarla en gobernanza. El gobierno
son las decisiones de las autoridades electas, buenas o malas. La gobernanza es
la acción de gobierno fortalecida por la legitimidad de la consulta, el diálogo
social y ciudadano, la negociación y el consenso. En el gobierno se puede tomar,
como es el caso actual, decisiones que favorecen sistemáticamente a los ricos.
En la gobernanza se concilia los intereses de todos. Y en un país como el Perú,
tan desigual, ese equilibrio entre los intereses de todos debe hacerse con
atención preferente de los pobres, los marginados, los excluidos.
La Ley de la Selva ha violentado los Arts. 2 y 89 de la Constitución, el
Convenio 189 de la OIT, el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y los Arts. 8, 18,19 y 32 de la Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Un “pedigree” nada democrático. Si se observa la ley que la deroga, se
violentará también la voluntad nacional y los consensos internacionales.