La contaminación del Pilcomayo paraliza a 13 minas de Potosí
La problemática ambiental ocasionada por la ruptura del dique de colas de la mina Santiago Apóstol, cercana al río Pilcomayo, obligó a 13 de 15 ingenios mineros de la zona a paralizar sus actividades y a movilizar a las autoridades ambientales de Potosí, quienes verifican las licencias.
“De las 15 empresas mineras de Canutillos y Colavi, 13 están paralizadas. Esto porque se realizó las inspecciones de licencias de funcionamiento en estas comunidades a raíz de los problemas con el dique de colas)”, informó la secretaria de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Ivana Bellido.
La Razón recorrió esta semana las comunidades de Canutillos y Colavi, en el este potosino, donde verificó dicha paralización en seis de las 13 empresas mineras: Santiago Apóstol, Canutillos, San Juanino, Firex, Colavi y Sachacuchu. No obstante, pobladores aseguraron que hay más ingenios cerrados en lugares alejados.
Bellido señaló que por temor varios propietarios de las empresas mineras paralizaron sus actividades, incluso antes de la inspección. De acuerdo con los datos de la Gobernación, en Potosí existen 450 cooperativas y empresas mineras. De ellas, el 80% no cuenta con una licencia ambiental y trabaja de manera ilegal.
Basilio Taquirichi, empleado de la mina Sachacuchu, indicó que la paralización de su ingenio se dio después de la polémica en Santiago Apóstol. El responsable de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en Canutillos, Alfredo Condori, coincidió, por separado, con esta versión y confirmó la cifra de la Gobernación.
El 4 de julio, el dique de cola (infraestructura de mina para almacenar los desechos tóxicos de la actividad) del ingenio de Santiago Apóstol sufrió una ruptura tras colapsar y derramó sólidos remanentes a las aguas del río Pilcomayo. El 18 de febrero, el técnico de la Gobernación potosina, Néstor Burgoa, advirtió del posible colapso y de la deficiencia en la construcción del dique de colas. Estudio. Sin embargo, nadie tomó en cuenta ese informe y cuatro meses después comenzaron a suscitarse las consecuencias. Al respecto, las autoridades nacionales y departamentales discrepan en sus informes sobre la afectación al afluente, que es compartido entre Chuquisaca, Potosí y Tarija.
Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, Shirley Espada, aseguró que hay contaminación de residuos de plomo, plata y zinc en los afluentes, y, por ende, existe peligro en las tres regiones. Datos similares brindó el primer informe de la Gobernación de Chuquisaca.
No obstante, el ministro de Minería, Cesar Navarro, sostuvo que el estudio oficial concluyó en que las colas y el contaminante del sifonamiento no alcanzaron las aguas del río. La investigación fue realizada por la comisión interinstitucional integrada por los ministerios de Minería y Medio Ambiente, las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, y la Comibol.
Según un estudio independiente de la Comibol, las compañías mineras de las comunidades de Colavi y Canutillos desechan sus aguas contaminadas al río Colavi que, a su vez, desemboca en el Pilcomayo, y éstas causan alto nivel de contaminación.
Al interior del dique de Santiago Apóstol se presentó un suceso extraño, pues se abrió la tierra en un cráter de unos 30 metros de diámetro, contaron pobladores, quienes además manifestaron sentir miedo de que el fenómeno en la superficie sea replicado y afecte a las viviendas aledañas. Los pescadores también son un sector preocupado por las especies.
En otro informe, que aborda este nuevo problema, uno de los responsables de las oficinas técnicas de la Comibol, Hilarión Andrade, sugirió el cierre de la empresa y la revisión del contrato con su propietario, Mario Cano.
Andrade afirmó que las colas (sólidos tóxicos) fueron evacuadas hacia el río Colavi, generando un alto grado de contaminación al Pilcomayo. También advierte que en época de lluvias todos estos restos depositados en el lecho del río serán arrastrados hacia varios afluentes de la región.
Este hecho generó una actuación sin antecedentes previos de las autoridades judiciales. Cano fue aprehendido por el Ministerio Público y posteriormente la Justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, acusado del delito de daños a la salud pública.
Publicado por Eco-Sitio (04 de Agosto del 2014)