AUTOR: ENRIQUE VIALE
Hacia un cambio civilizatorio
El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos, en un momento de la historia, vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo. Un paso revolucionario para enfrentar los absolutismos. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo, esto condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres humanos se colocaron -figurativamente hablando- al margen de la Naturaleza. Y desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la Naturaleza. Los derechos sobre la propiedad privada completaron este proceso. Y con esta concepción se consolidó a la par el capitalismo.
Es por eso que el otorgar derechos a la Naturaleza no solo supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables.
En línea con la propuesta del buen vivir o sumak kawsay, que emerge desde los países andinos, se trata de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la Naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros seres humanos. Eso no implica una visión milenarista de un paraíso armónico. Este proceso no excluye las luchas sociales. Luchas que son múltiples y diversas, como son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas por el capitalismo.
Lo que debe quedar claro es que la relación armoniosa con la Naturaleza es un aspecto clave en la construcción del buen vivir. Esta es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres tienen un valor aún cuando no sean de utilidad para los humanos.
A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afros, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca “el derecho de tener derechos” y esto se ha conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es curioso que muchas personas, que se han opuesto a la ampliación de estos derechos, no tienen empacho alguno en se entregue derechos casi humanos a las personas jurídicas… una de las mayores aberraciones del derecho.
Desde esa perspectiva, aceptar que la Naturaleza tenga derechos -propios, por lo demás- se enmarca en la lucha de la Humanidad por la ampliación permanente de los derechos. Por lo tanto no debería sonar extraño que los humanos busquemos garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre Tierra o Pachamama.
Mirar al agua, a la tierra, a los ecosistemas, en suma a todos los seres vivos como sujetos de derechos, supone un cambio civilizatorio. Y ese cambio, en realidad, propugna un reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien anotaba uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza (1632-1677), quien, en contraposición con la posición teórica sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.
Entre los Derechos de la Naturaleza consagrados tanto en la Constitución del Ecuador del año 2008, como en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada por 35.000 personas en la Conferencia Mundial en Cochabamba, el 20 de abril de 2010, se encuentran: el derecho de la Naturaleza a existir y ser respetada; a mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos; a la regeneración y restauración integral e inmediata; a que no se afecten sus estructuras genéticas, entre otros.
Para empezar a hacer realidad esos derechos, en el marco de un proceso de profundo cambio civilizatorio, el viernes 17 de enero del presente año, se instaló el primer Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra. Su sesión inaugural fue en Quito, en Ecuador, el país en el que se reconocieron por primera vez estos derechos a nivel Constitucional.
La iniciativa surgió y fue la expresión de la acción coordinada de un amplio conjunto de movimientos y organizaciones sociales de distintos rincones del planeta, todos movilizados por la voluntad de hacerse eco de los Gritos de la Tierra ante las agresiones que la Madre Naturaleza viene sufriendo desde los últimos cinco siglos, sistemáticamente y cada vez con más intensidad, en nombre del “progreso”. Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Vida en sus fuentes, se constituyó como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra sucedidos alrededor del mundo.
Vandana Shiva, reconocida física, ecofeminista, activista ambiental y autora de un sinnúmero de publicaciones, presidió este histórico Tribunal junto con otros nueve jueces y juezas provenientes de siete países y cinco continentes. El Tribunal escuchó nueve casos contundentes que solicitaban su admisión debido a las violaciones a la mencionada Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Para los casos de Ecuador, los presentadores también resaltaron las violaciones a la Constitución del Ecuador; cabe señalar que la universalidad de los Derechos de la Naturaleza, tal como sucede con los Derechos Humanos, permite recuperar los derechos de la Constitución ecuatoriana para proyectarlos a nivel de todo el planeta.
Un proceso expedito y profundamente documentado
El fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, de Ecuador, dio inicio al Tribunal. Este se abrió convocando el testimonio de dos expertas sobre la importancia fundamental de los Derechos de la Naturaleza. Al estrado pasaron las indígenas del Abya-Yala: Casey Camp-Horinek, Ponca de Oklahoma, EEUU, y Patricia Gualinga, representante del pueblo indígena kichwa de Sarayaku de la Amazonía ecuatoriana. Sus alegatos ratificaron la necesidad del reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza desde las vivencias y prácticas de las comunidades indígenas, que asumen cotidianamente su pertenencia con y en la Naturaleza, en suma que aceptan formar parte de ella.
A continuación, se avocó al tratamiento de casos considerados emblemáticos en la violación a los Derechos de la Naturaleza. Se presentaron seis casos puntuales: la contaminación del caso Chevron-Texaco (Ecuador); el derrame de la British Petroleum (BP) en la plataforma Deep Horizon (EEUU); el proyecto de extracción de petróleo en el Yasuní-ITT (Ecuador); la amenaza contra el Gran Arrecife de Coral debido a la minería de carbón (Australia); la minería metálica a cielo abierto en la cordillera del Cóndor, el caso del yacimiento Mirador (Ecuador); los casos de fractura hidráulica (EEUU). Se admitieron además dos casos de escala global que representan violaciones sistémicas de los Derechos de la Madre Tierra: la amenaza de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y el cambio climático.
Como corolario de estas presentaciones, Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, que presentó magistralmente el caso del Cambio Climático Global destacó que éste está afectando prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta y que es preciso iniciar un proceso en contra de los principales responsables de tanta devastación ambiental y social, que afecta a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos. Solón insistió en llevar a juicio a los gobiernos de los países industrializados, a las grandes corporaciones transnacionales, e inclusive a Naciones Unidas, como representantes del capitalismo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.
Igualmente se conoció sobre la persecución contra los defensores de la Naturaleza en Ecuador, como un caso de preocupante actualidad en muchas partes del planeta.
Terminadas las presentaciones por parte de profundos conocedores de cada uno de los casos, el fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, nos recordó que los sistemas vivos de la Tierra, incluyendo a la Humanidad, estamos pasando crisis múltiples evidenciadas por el creciente cambio climático, la extinción masiva de especies, la deforestación, la desertificación, el colapso de la pesca, los contaminantes tóxicos, con consecuencias trágicas que afectan todas las formas de vida. Cambios que son atribuibles, como lo demostró el Panel de Cambio Climático, a la acción de los propios seres humanos, sobre todo organizados dentro de la civilización capitalista.
En los sistemas legales mundiales, la Naturaleza es considerada un objeto, una cosa susceptible de propiedad, en la que se otorga a su dueño el derecho a destruirla para obtener ganancias económicas. Los Derechos de la Naturaleza reconocen que los animales, las plantas, el suelo y los ecosistemas no pueden ser simplemente objetos de propiedad sino que son seres con el derecho inherente a existir. Las personas, pueblos, comunidades y autoridades tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos en el nombre de la Naturaleza. Esta visión jurídica es consistente con los conceptos de los pueblos indígenas sobre las leyes naturales, las instrucciones originales, así como con reconocer que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, y sobre todo somos uno en el ciclo de la vida. Otorgar derechos a la Naturaleza, como se anotó antes, supone garantizar nuestra propia existencia. El fiscal de la Tierra, al concluir su profunda y sentida intervención, argumentando sostenidamente en derecho, solicitó al Tribunal que se admitan estos casos en nombre de los ecosistemas afectados, así como de los pueblos que dependen de ellos.
Los primeros miembros del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra fueron: Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado y autor (Ley Salvaje, Wild Law), Earth Democracy Coop, Cape Town, South Africa; Tom Goldtooth, Dine’/Dakota director de Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz (Danza con Lobos) y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.
En esta primera sesión del Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza participaron representantes de Australia, Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Canadá, India, Rumania, Bolivia, Argentina e Inglaterra, Colombia, Alemania, Francia, así como de Ecuador.
Un reconocimiento oportuno
Resultó coherente que el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza se origine en Ecuador, primer país en reconocer estos derechos en su Constitución. Es irónico, sin embargo, que Ecuador haya abandonado su liderazgo y su compromiso de respetar los Derechos de la Naturaleza establecidos en su Constitución, que fuera aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas.
El Gobierno de Ecuador actualmente promueve la ampliación de la explotación petrolera y la minera a gran escala amenazando tres millones de hectáreas de sus bosques amazónicos remanentes, mientras activa una sistemática campaña contra aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos de la Madre Tierra. La criminalización de la resistencia popular -derecho consagrado en la Constitución- es la herramienta gubernamental para seguir ampliando el extractivismo: megaminería, petróleo, agrocombustibles, etc.
Durante su sólida argumentación para admitir al caso Yasuní-ITT y debido a las amenazas urgentes, el Tribunal aceptó establecer una sala especial para procesar inmediatamente ese tema y el caso del hostigamiento a los defensores de la Naturaleza, incluyendo a los recolectores de firmas para la consulta popular, con la que se quiere frenar la explotación del crudo en el Yasuní-ITT. Adicionalmente habría que considerar la suspensión de las actividades extractivistas en el bloque 31 y en el 43 (ITT) y una auditoría general para todas las actividades en el Parque Nacional Yasuní.
Vandana Shiva, presidenta del Tribunal, recogiendo el sentir de todo el Tribunal, condenó las acciones de la empresa petrolera Chevron-Texaco y se solidarizó con las comunidades indígenas que ganaron el caso contra dicha transnacional; igualmente reitero su posición de apoyo a mantener el crudo en el subsuelo del Yasuni-ITT: “Todo el mundo puede explotar petróleo pero Ecuador puede soñar y ser más ambicioso al tener Derechos de la Naturaleza en la Constitución y crear la visión del Yasuní-ITT”, concluyó.
Al cerrar el Tribunal, la doctora Shiva pidió que todos los casos que fueron admitidos por el Tribunal se profundicen “hasta que los derechos de la madre tierra se conviertan en el marco que gobierne nuestras vidas.” Y para finalizar señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquellos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”.
Después de todo un día de sesión, con presentaciones y deliberaciones, el Tribunal, que contó con una asistencia de más de 400 personas, tomó la decisión unánime de admitir los nueve casos. Además estableció la fecha para la siguiente sesión del Tribunal para diciembre de 2014 en Lima, Perú, en ocasión de la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
De esta manera, con la puesta en marcha de este Tribunal se empieza a cambiar la historia
Publicado en Revista Eco-Sitio (19 de Mayo del 2014)