Hace más de un año, explotó la válvula de un ducto minero de la empresa Antamina, que tenía un concentrado de dañino mineral
El 25 de julio del año pasado, un ducto perteneciente a la minera Antamina se rompió y el derrame causó la intoxicación de comuneros, así como la contaminación de terrenos de cultivo en el distrito de Cajacay, Áncash. (Foto: Cristina Fernández / El Comercio)
La tranquilidad de un pequeño pueblo de la sierra ancashina fue arrebatada el 25 de julio del 2012 por la explosión en la válvula de un ducto minero de cobre de la empresa Antamina. Desde ese día la historia cambió para los comuneros del centro poblado Santa Rosa y de otros caseríos del distrito de Cajacay.
A más de un año de aquel accidente que afectó la salud de decenas de pobladores, estos refieren que los malestares persisten. Cuentan que son varios los niños y adultos que aún tienen fuertes dolores de cabeza, náuseas, mareos, sangrado de nariz y pérdida de peso.
El Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) realizó un examen a 919 pobladores de Cajacay para medir sus niveles de cobre, arsénico y plomo en la sangre.
Doña Dina Abarca muestra el resultado de su hija de 5 años, María Belén Ochoa: tiene niveles altos de cobre (159,50 microgramos por litro de sangre). Y existen casos de hasta 220 microgramos por litro.
“Mi niña no estuvo expuesta al derrame de minerales de Santa Rosa, ella se encontraba en mi casa [a 15 kilómetros del lugar del accidente], ¿quién me explica por qué a un año sufre dolores de cabeza y se olvida de las cosas?”, reclama. Ella cuenta entre lágrimas que padece fuertes dolores de espalda, pérdida de la visión y malestar general que le impiden apoyar a su esposo en los trabajos del campo. Por ello, junto a otros pobladores, decidió denunciar penalmente a la empresa minera.
Los comuneros no creen en los resultados que demuestran que solo 285 habitantes tienen niveles altos de cobre, plomo y arsénico en la sangre, pues consideran que el número es mucho mayor.
Publicado por Diario El Comercio (13 de Agosto de 2013)
La semana pasada, productores de café organizaron un paro que impidió el tránsito en la Carretera Central durante dos días y dejó como saldo más de veinte heridos. Según los manifestantes, el Estado había permanecido indiferente frente a la crisis por la que atraviesan debido a una plaga, la roya amarilla, que ha devastado más de 55 mil hectáreas de cultivo, unos US$ 330 millones.
El Gobierno, finalmente, atendió las demandas de los cafetaleros -como acostumbra hacer ante este tipo de presiones y se comprometió a financiar dos líneas crediticias a través de un fondo administrado por Agrobanco. La primera serviría para comprar las deudas de los agricultores con entidades financieras del sector privado y la segunda ofrece créditos de ocho años a una tasa de interés de 10% anual pero con un periodo de tres años de gracia.
La pregunta es inevitable: ¿le competen al Estado los problemas causados por la roya amarilla? ¿Debería el Gobierno usar la plata de los contribuyentes para financiar las pérdidas de los cafetaleros?
En términos estrictamente económicos, la respuesta es no. Sin embargo, el café en nuestro país no es un producto cualquiera. El café es clave como producto alternativo a la coca. Por lo tanto, vital en la lucha contra el narcotráfico. Muchas de las políticas de erradicación impulsadas por el Gobierno, por ejemplo, promueven el cultivo de café. Todo lo cual le merece un trato especial.
Desde esta perspectiva, entonces, es entendible el "empujón" que le ha dado el Gobierno al sector cafetalero. No obstante, este "empujón", bajo ninguna circunstancia debe convertirse en un soporte constante. Y es que Agrobanco -o el Banco Agrario, como solía llamarse-tiene un largo historial de transformar préstamos en regalos.
El Gobierno debe ser consciente de que su intromisión genera distorsiones en el mercado. La más importante de ellas es el riesgo moral ('moral hazard'), un incentivo perverso que alienta a los privados a tomar más riesgos de los que normalmente tomarían porque, al final del día, saben que no son ellos quienes asumirán las pérdidas, además de desincentivar mecanismos de precaución y mitigación.
Por eso es crucial para la sostenibilidad de la industria que el Gobierno haga cumplir al pie de la letra los términos del acuerdo con los cafetaleros. De otra manera, el café en el país sabrá cada vez más amargo.
Publicado por www.inforegion.pe (29 de Agosto de 2013)