POR: JULIO LIRA SEGURA
Desde que se inició el gobierno de Ollanta Humala, la política de hidrocarburos ha sido un proceso de marchas y contramarchas, de anuncios sin concretarse y de la intención del Estado para tener un mayor rol en dicha actividad económica, a través de Petroperú.
El último capítulo de lo que ya se ha convertido en un sainete ocurrió la semana pasada, cuando se publicó el plan de Petroperú hasta el 2017 y, posteriormente, otra resolución lo dejó sin efecto.
Ahora, el presidente de la petrolera estatal, Héctor Reyes, señala que se van a revisar las metas. Pero el daño ya está hecho, al igual que el mes pasado, cuando el actual directorio publicó que estaba listo el acuerdo para modernizar la refinería de Talara, y, no obstante, tres días después tuvo que retirarse la carta de la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores, en la que se daba cuenta de la intención. No se contaba con el visto bueno del Ministerio de Economía.
Mientras tanto, se sigue anunciando la próxima subasta del Gasoducto del Sur, que ha tenido más de un trazado durante la actual administración, pero aún no hay uno definitivo. Y eso que, según el presidente del Consejo de Ministros, es la obra emblemática del Mandatario.
Es claro que en los últimos meses, sobre este último proyecto, no hay el suficiente consenso en el directorio de ProInversión, razón por la cual hasta el momento se mantiene abierta la fecha para la concesión.
A todo esto continúan paralizados varios proyectos de exploración por “causa de fuerza mayor” hace más de dos años. Frente a este panorama, lo que el Gobierno solo puede exhibir son las dos concesiones que hizo en julio para masificar el gas natural, además del FISE, ante las demoras del proyecto del gasoducto. El problema que explica en parte todas estas idas y venidas es que no todos en el Ejecutivo están de acuerdo con el repotenciamiento de Petroperú, principalmente en el MEF, pese a los deseos de Humala, lo cual quedó claramente en evidencia cuando se intentó comprar los activos de Repsol.
En las próximas semanas, el nuevo capítulo de esta novela será la modernización de la refinería de Talara, que enfrenta oposición tanto al interior del Ejecutivo como de cierto sector empresarial, a quien Juan Jiménez califica de duro, y considera que “siempre está viendo lo negativo para atacar al Gobierno”.
Lo cierto es que se requiere que se modernice la planta; si Petroperú va a continuar encargándose de la refinación, porque así lo exigen las normas ambientales. Más aún, cuando la refinería de La Pampilla de Repsol, directa competidora de Talara, ya entregó al Ministerio de Energía y Minas el estudio técnico que permitirá su modernización. Hay quienes consideran que mejor sería construir una nueva. En el Gobierno advierten que esa opción sería más cara, porque costaría un poco más de US$ 4,000 millones. Desde otros sectores se dice que una mejor opción sería importar todos los combustibles que ahora produce la refinería de Talara, pero hay que recordar que, por lo menos en la región, ningún país, incluido Chile, ha dejado de tener presencia en la actividad de refinación.
Por ello, es importante retomar lo que a fines del año pasado propuso el anterior directorio de Petroperú: poner a disposición del país los documentos y estudios que sustentan la modernización de la Refinería de Talara e iniciar así un debate. Después de todo, Petroperú es de todos los peruanos. Sin embargo, hasta el momento, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el de Economía, accionistas de la petrolera estatal, se mantienen casi en silencio, principalmente en el caso de los inquilinos del despacho del jirón Junín. De no darse un debate, hay el riesgo de que la falta de transparencia enturbie el proceso. Recordemos que en la historia peruana casi todas las decisiones vinculadas a hidrocarburos siempre han terminado cuestionadas (incluida Camisea) e inclusive hasta fueron motivo de golpes de Estado.
Publicado por Diario Gestión (5 de Agosto de 2013)