El control de insumos no detiene el incremento de la venta de combustibles. El diésel y la gasolina están subsidiadas en esta región
*INFORMALIDAD.* Cada día ingresan en promedio 160 mil galones de combustibles y solo el 15% se destina al parque automotor, el resto va a la minería informal que convierte la selva en tierra muerta. (Foto: Miguel Bellido / El Comercio)
Puerto Maldonado. Todos los días, alrededor de 40 camiones-cisterna cargados de combustible salen de las plantas de abastecimiento de Petro-Perú en Mollendo y Cusco con rumbo a Madre de Dios. Recorren las curvas cerradas de la Carretera Interoceánica, atraviesan la Cordillera de los Andes y descienden hacia la selva. Todos los días, ingresan más de 180 mil galones de petróleo, pero solo el 15% de ese total se destina al parque automotor de la región, el resto va a la minería informal (porque no hay minería formal en Madre de Dios, eso ya se sabe). La distorsión de la demanda es tal que el consumo promedio de un vehículo en esta región es 100 veces mayor que en Lima.
El Decreto Legislativo 1103, promulgado el año pasado, estableció medidas de control y fiscalización en la distribución y comercialización de insumos químicos utilizados en la minería ilegal, entre ellos el combustible. Sin embargo, lejos de bajar el consumo, la falta de fiscalización ha hecho que la venta de petróleo y gasolina se dispare en la región. En los últimos cuatro años la venta de diésel pasó de 682 mil barriles en el 2009 a 1’155.000 el año pasado. Y se estima que en el 2013 el volumen que se venderá superará la cifra de 1’310.000 barriles.
El combustible representa para los mineros el 15% de sus gastos. Un cargador frontal o un motor destinado a la actividad minera demanda entre 70 y 80 galones de petróleo al día. “Si en verdad quisieran controlar la minería ilegal, podrían reducir la venta de este insumo en la región. Todas las autoridades saben que el petróleo que ingresa abastece sobre todo a la minería”, dice el economista César Zúñiga, quien ha analizado las cifras de la comercialización de combustible en la región.
MÁS DEMANDA, MÁS GRIFOS
Abrir un grifo en Madre de Dios no es complicado. La municipalidad provincial emite un documento de compatibilidad de uso, luego el interesado presenta una declaración de impacto ambiental a la Dirección Regional de Minería (DREM), después Osinergmin da una opinión técnica sobre la seguridad, y finalmente el usuario obtiene su licencia de funcionamiento.
En los últimos dos años el incremento en la demanda del combustible estimuló la apertura de más grifos y el registro de más consumidores directos (muchos de ellos mineros que compran directamente el combustible para su maquinaria). Así, entre el 2012 y lo que va del 2013, Osinergmin registró 48 estaciones de servicio, grifos y consumidores directos, mientras que en el 2010 solo eran 12 y en el 2011 unos 18.
Osinergmin explica así este incremento: “El Decreto Supremo 005-2012 establece un plazo a los grifos rurales con almacenamiento en tanques para que se adecúen a los nuevos requerimientos del reglamento, ya que esta norma considera grifos rurales solo a aquellos que almacenan en cilindros (máximo de 6 cilindros de 55 galones cada uno)”.
Publicado por Diario El Comercio (13 de Julio de 2013)
Perú adoptó el proyecto Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar, informó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
De esta forma, el Perú se convierte en el primer país de América Latina en hacerlo.
El viceministro de Agricultura, Juan Rheineck, encabezó la presentación del proyecto en Perú y sostuvo que el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y su seguridad alimentaria es cada vez más necesaria.
“El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) es consciente de la vulnerabilidad de la población rural y los peligros a los que se enfrenta", manifestó.
Agregó que para nadie es extraño saber que las variaciones climáticas afectan directamente a la población rural, más aún a aquella población de escasos recursos, cuya capacidad de respuesta o resiliencia a sus impactos se ve limitada por factores, físicos, económicos o sociales, expresó.
Indicó que la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario (Plangracc-A), aprobado mediante resolución ministerial contó con el apoyo técnico de la FAO, el asesoramiento del Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático del Minagri y la participación de los gobiernos regionales y locales.
Dijo que ha sido uno de los primeros logros ya que ha permitido tener un diagnóstico a nivel nacional de la vulnerabilidad de la población rural dedicada a la actividad agraria y los principales peligros a los cuales están expuestos, así como su capacidad de respuesta y fortaleza.
Por su parte, el oficial técnico de FAO Roma, Karfakis Panagiotis, sostuvo que a raíz de las consecuencias del cambio climático las poblaciones campesinas que viven en las zonas tropicales (baja latitud) experimentarán un deterioro en su rendimiento agrícola e ingresos.
Como consecuencia, la incidencia, profundidad y persistencia de la pobreza y la inseguridad alimentaria se incrementarán, generándose pérdidas en el rendimiento de su producción, las cuales pueden significar pérdidas entre 0.5 y hasta 23.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Panagiotis agradeció al gobierno y Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, el cual financia la ejecución del proyecto en Filipinas y Perú con cerca de 2.5 millones de dólares por un período de tres años, así como al gobierno de Perú y, en especial al Minagri con el que trabajan para la ejecución del proyecto.
El consejero de la Embajada de Japón en Perú, Daisuke Nakano, manifestó su satisfacción por la adhesión de Perú en el proyecto Amicaf y resaltó la preocupación de Japón por la seguridad alimentaria del mundo y de Perú.
El proyecto Amicaf se implementa a través de la FAO gracias a un fondo especial del gobierno de Japón que tiene por objetivo apoyar a los países en desarrollo a abordar la evaluación y adaptación al cambio climático y, de esta manera, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria.
Su marco conceptual concilia la evaluación de los impactos del cambio climático, el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los enfoques de adaptación de los medios de subsistencia. Fue implementado por primera vez en Filipinas con resultados positivos.
Publicado por Andina (12 de Julio de 2013)