POR: PABLO SECADA
. Un tema crucial pero, como muchos similares, rara vez discutido con seriedad, fue puesto recientemente en la palestra por dos tecnócratas: el Ministro de Agricultura Milton Von Hesse y Héctor Malarín, Director del Área de Agricultura del Banco Interamericano de Desarrollo . Ambos proponen instrumentos de intervención en el agro radicalmente distintos a los (más) utilizados en nuestro país.
El Ministro Von Hesse resalta el Fondo de Inclusión Económica de las Zonas Rurales (FONIE), que diseña e implementará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ya hay una diferencia con la mayoría de políticas públicas desde el inicio: una línea de base será un insumo clave de una evaluación de impacto independiente, que determinará adecuadamente el beneficio social del programa y sus dos componentes. Uno público al que se asignó un presupuesto de S/. 400 millones y otro público privado para el cual se aprobó un límite de gasto de S/. 200 millones. Hemos opinado antes sobre FONIE. Insistimos en que es una excelente idea. Primero porque empaqueta programas de infraestructura de agua y saneamiento, caminos rurales, telecomunicaciones y electricidad. Segundo, por echar a andar Asociaciones Público Privadas (APP) de paquetes similares en las zonas rurales. Sin embargo, su implementación no será fácil.
Milton Von Hesse resaltó algunos de los programas bandera de asistencia social (Juntos, Cuna Más y Pensión 65), así como las iniciativas más beneficiosas del Ministerio (Agrorural), sobre los cuales presentamos información de ejecución del año pasado en el siguiente gráfico. Además, mencionó que se están impulsando Mi Riego, una alternativa de riego tecnificado, así como Buena Siembra, un paquete de semillas e insumos, a los que denominó un "shock tecnológico".
Héctor Malarín insistió en que el Estado debe redirigir los subsidios al agro hacia más infraestructura rural, investigación, servicios sanitarios, titulación de tierras y riego. En vez de orientar el gasto hacia estos bienes públicos, el gobierno financia bienes privados.Estos cuestionables subsidios o apoyos fiscales directos representan más de la mitad del gasto público en el sector agropecuario en nuestro país. Malarín reiteró un poderoso argumento: los subsidios en el sector agropecuario distorsionan el mercado y desincentivan que los agricultores migren a cultivos más rentables. Finalmente, distinguió "malos" de "buenos" subsidios; entre estos últimos destacó los destinados a la adopción de tecnología, como riego, siembra directa, abonos verdes, andenería, plantaciones de cortaviento, entre otros.
Vale la pena resaltar que tanto el FONIE como los programas mencionados del MINAG, siguen las recomendaciones del especialista del BID. Como debería ocurrir siempre en las políticas públicas, el Estado debería intervenir en el sector agropecuario corrigiendo fallas de mercado o promoviendo la equidad. No lo hacía en nuestro país, al menos no como debería. Nos parece que el estimado de que el 50% de gasto público era mal dirigido -según el funcionario del BID- no incluye el gasto tributario del sector (es decir, el costo de las exoneraciones tributarias). Como puede observarse en el gráfico, éste es muy superior a cualquiera de los programas públicos del Ministerio. Y también distorsiona los mercados. La informalidad en el comercio de alimentos tiene mucho que ver con esta exoneración ciega que no distingue las condiciones socioeconómicas de quienes consumen los alimentos. Exoneración que, como sabemos, beneficia en gran medida a acopiadores, facilitadores y otros componentes de nuestro ineficiente sistema de comercialización.
Ya que estamos tocando los errores en las políticas de desarrollo rural, cabe destacar el caso de los emblemáticos y políticamente sensibles grandes proyectos de irrigación. No está en discusión que el Estado debe intervenir en irrigación, pero sí que deba terminar subsidiando masivamente a medianos y grandes productores agroindustriales. Esta es, obviamente, una política pública regresiva. Muy superiores en términos de proveer agua y de equidad serían programas de microirrigaciones, reforestación de las cabeceras de cuenca, encauzamiento de ríos, infiltración de acuíferos y de reservorios en zonas altas para que el agua deje de fluir al mar.
Publicado por Diario Diario Gestiòn (16 de Mayo de 2013)