Actos de sabotaje ponen en riesgo actividades petroleras en la selva
 

 

Desde el 10 enero se han registrado ocho atentados de corte de oleoductos. Pluspetrol ha gastado unos US$10 millones para atender los derrames.

Es indignante ver las lagunas negras de petróleo en medio de la selva virgen ocasionadas por los recientes sabotajes a los oleoductos del lote 8 (en Trompeteros, Loreto), con naturaleza muerta debajo del fango oscuro y un fuerte olor a podrido. Mirando con lástima este paisaje a uno no le queda más que preguntarse: ¿Qué motivos tiene una persona para cortar las tuberías de petróleo y causar este daño tan grande a la naturaleza?
No son hechos aislados, sino sistemáticos atentados que se han dado con una periodicidad promedio de 25 días.

Hasta el momento se registran ocho atentados de corte de las tuberías petroleras desde el 10 de enero pasado.

Todos tienen características parecidas, los lugares son zonas alejadas de los campamentos petroleros y de cualquier aldea; se efectúan en horas de la noche y los oleoductos son cortados con sierras domésticas (aunque en los dos últimos ataques se han utilizado sierras especiales para el corte de tuberías de acero de gran diámetro, para hacerlo en forma rápida).

El resultado suele ser el mismo: extensiones de terreno selvático aniquiladas por el drenado del crudo, pantanos grasosos y la presencia de decenas de trabajadores intentando controlar la expansión del derrame y a la vez recuperando el petróleo regado para su tratamiento.

Lo inexplicable es que, a pesar de que estos hechos son realizados frecuentemente (el último fue el pasado 3 de octubre), aún no se halla a los culpables.

Según la empresa propietaria de las tuberías y de las operaciones del lote 8, Pluspetrol, producto de los sabotajes se habrían derramado cerca de 2.450 barriles de petróleo y afectado cerca de 14 hectáreas (unas diez veces más que la contaminación que acaba de suceder en Nueva Zelanda). Gustavo Blanco, superintendente de medio ambiente, salud y asuntos comunitarios del lote 8 de Pluspetrol, señala como presuntos autores a gente que conoce las operaciones de la petrolera, pues varios de estos cortes se dieron cuando la empresa bajó la presión de las tuberías o detuvo el bombeo.

“Si intentaran cortar la tubería cuando hay mucha presión, la fricción podría ocasionar una explosión, porque además de petróleo la tubería lleva gases”, hace notar.

Pese a que patrullas de trabajadores recorren constantemente las tuberías, aún no han logrado localizar a los saboteadores. Estos ataques son investigados tanto por la Policía Nacional como por la Fiscalía de Nauta, que aún no presentan resultados concretos.

Viendo a futuro
Es la primera vez en los 40 años que tienen los oleoductos del lote 8 en que ocurren estos atentados. Se barajan varias hipótesis respecto a los responsables. El fiscal de Nauta, Hernán Pérez, adelanta que se habría identificado a cuatro personas como posibles responsables de uno de los atentados, pero aclaró que no se podían revelar los nombres hasta tener más pruebas.

“El caso es muy complejo porque los atentados se cometen en plena selva virgen, donde no hay personas que puedan identificar a los responsables y los indicios que se dejan son muy pocos; no es como resolver un crimen en la ciudad”, detalla.

La mayor preocupación para los empresarios petroleros es que esta situación se pueda convertir en una práctica común para sabotear operaciones en la selva virgen peruana, más aun cuando se anuncian nuevas operaciones de explotación y transporte en la selva de Loreto. Así, el presidente de Perú-Petro, Aurelio Ochoa, informa que en la zona se desarrollarán operaciones en los lotes 39 (Repsol), 67 (Perenco) y 64 (Talismán). En ese sentido, explica la necesidad de detener estos sabotajes y dar un castigo ejemplar a los responsables.

Esta no es la única operación que tiene Pluspetrol en Loreto, más al norte, cerca de la frontera con Ecuador, la empresa opera el lote 1AB, que es el principal productor de petróleo del país. La empresa está preocupada de que estos actos de sabotaje también se extiendan a dicha operación.

Acciones de Remediación
Según el fiscal Hernán Pérez, la pena por estos ataques podría ser de cuatro a seis años de cárcel por atentar contra la propiedad privada. En tanto, el fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía de Nauta, Edmundo Medina, agrega que se daría una pena similar por los daños ocasionados en contra del medio ambiente por los derrames del crudo.

Sin embargo, las penas podrían ser bastante benévolas si se considera que el proceso de recuperación de los terrenos contaminados demora, pues solo volver a sembrar tomará unos dos años y para que tenga la misma frondosidad unos cuatro.

Los funcionarios de Pluspetrol han evitado señalar a pobladores del distrito de Trompeteros como los responsables de estos actos, pues han sostenido en reiteradas oportunidades que tienen buenas relaciones con las 51 comunidades que habitan en su zona de influencia. Sin embargo, ha resultado extraño que ninguno de los ocho cortes realizados en los más de 100 kilómetros de tuberías se haya hecho cerca de ríos o fuentes de agua.

Pluspetrol ha tenido que contratar a más personal para atender estos incidentes; en ese sentido, pasó de 70 a 140 personas en solo algunos meses. Sin embargo, la empresa ha reconsiderado esta decisión, debido a que podría ser uno de los móviles para los actos de sabotaje, por lo que hoy solo tiene 100 personas atendiendo en las zonas afectadas.

Asimismo, se ha descartado que los cortes se hayan llevado a cabo con la intención de obtener crudo para su comercialización, pues, tal como hacen notar los ingenieros de Pluspetrol, para que logre ser rentable el petróleo requiere ser refinado.

Estos actos han sido condenados no solo por los empresarios petroleros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, sino también por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Las tres reclaman que se intensifiquen las acciones para hallar a los responsables.

Mientras esto sucede, la empresa continúa desplegando esfuerzos para remediar las zonas afectadas. Según Gustavo Blanco, hasta el momento han gastado cerca de US$10 millones en atender estos incidentes.

“El mayor costo es el transporte de implementos y materiales para contener los derrames, esto se hace a través de helicópteros cargueros”, comenta.

Se requiere castigar severamente a los responsables de estos hechos, más aun porque se trata de la afectación de áreas sensibles y porque podrían convertirse en una modalidad para extorsionar a las empresas que operan en la selva. De no ser así, los lunares oscuros en medio del verdor podrían ser una constante.

 

Publicado por Diario El Comercio.com (18/10/2011).