Defensoría advierte que no cesa exportación de madera ilegal

 

Estudio revela que el 86% de la caoba comercializada en los últimos siete años ha sido ilícita, monto equivalente US$ 273, 432 millones.

 

 

En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo pone en evidencia que algunas empresas que lograron contratos de concesión forestal con el Estado, los que suman 584, no procederían de manera lícita en la exportación de la madera.

 

Lucila Pautrat, comisionada para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, explicó a Gestión que el Perú vende de manera ilegal una parte de ese recurso natural, actividad que no cesa en los últimos años.

 

Para graficar esta realidad, citó que entre el 2004 y el 2007 Inrena desarrolló 150 inspecciones oculares en igual número de permisos forestales, descubriendo que solo el 34% cumplió con las respectivas regulaciones y como tal estaba apto para exportar. No obstante, comentó que el 66% de las otras compañías no respeta las leyes.

 

Sostuvo que el proceso de “blanqueo o lavado” de madera se da cuando algunos empresarios hacen oídos sordos al rendimiento que – según Inrena – se le puede dar a un árbol, por ejemplo al de caoba. Es decir, que cuando solo estaba permitido el uso de 26 m3, se ofertaba 80 m3. “Allí está el engaño”, apuntó.

 

Como ejemplo, mencionó que el 86% de la caoba comercializada en los últimos años ha sido ilícita, monto equivalente a US$ 273,432 millones.

 

Medidas

 

Pautrat comentó que para evitar la legalización de madera de procedencia ilícita, Inrena adoptó algunas medidas, entre ellas la realización de inspecciones obligatorias del potencial forestal y la regularización de la extracción forestal.

 

Así también, ajustes a los coeficientes de rendimientos realies para la transformación y exportación de productos maderables de cedro y caoba.

 

Finalmente, dio cuenta que la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre controló la exportación de 8,806.15 m3 de madera de procedencia controversial.

 

Cuadro de texto: Piden Viceministerio Forestal Como parte del diagnostico del sector forestal, la Defensoría sostuvo que hay una ausencia de una política nacional en ese campo, en consecuencia planteó creación de un viceministerio que aborde el problema. Lucila Pautrat explicó que el posible Viceministerio Forestal debería ser parte del Ministerio del Medio Ambiente, que evalúa crear el Ejecutivo, como parte de las disposiciones para adecuarse a los compromisos asumidos en el marco del TLC con los Estados Unidos. Refirió que el despacho propuesto pasaría a suplir a la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, que es una dirección dentro deol Inrena que pertenece al portafolio de Agricultura. “Solo así crearemos las condiciones para una mayor productividad e inversión en el sector forestal”, anotó.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Proponen instalar Comités de Bosques para luchar contra la tala ilegal

 

Aurelio Sulca, director ejecutivo de la Agencia Agraria del Valle del Río Apurímac, reclamó la decidida gestión comunal para ayudar a controlar la tala ilegal de árboles en la zona, informó la agencia de noticias Inforegión.

 

Sulca precisó que la gestión comunal es fundamental para combatir la tala ilegal, debido a que la Agencia Agraria y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) no cuenta con el personal ni el material logístico adecuado.

 

"Existe una tala de árboles desmedida y negativa que a lo largo producirá la lamentable deforestación de nuestros bosques, hecho que complicará la existencia de diferentes ojos de agua, debido a la carencia de vegetación", recalcó Sulca.

 

En ese sentido, el representante de la Agencia Agraria propuso instalar Comités de Bosques en aquellas comunidades que sufren la tala de sus árboles, tal como ocurre en las zonas de Ccahuasan, Machente, Aguaruchayocc y Santa Rosa, donde las áreas boscosas son resguardadas por autoridades, pobladores con ayuda de la PNP.

 

Sin embargo, el representante de la Agencia Agraria dijo que esa tarea implicaba sensibilizar a las instituciones y a las autoridades comunales, quienes deberían ser las encargadas de organizar a la población para proteger los bosques con apoyo de la Policía Nacional del Perú, entidad que debía dedicarse al seguimiento a las mafias de tráfico de madera.

 

 

 

 Fuente: El Comercio