Con fotos y videos, la congresista Juana Huancahuari aseguró que existió derrame de relave minero al río Raccaure, en la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo, originado, explicó, por la falta de acciones de prevención de la Minera Catalina Huanca. La minera por su parte desmintió la versión de la parlamentaria, negó que haya habido un derrame y atribuyó el colapso de la vía de entrada a la comunidad, a un huayco.

Tras enterarse de las denuncias de los comuneros de Raccaya, la parlamentaria llegó a la zona acompañado de un grupo de periodistas. En el lugar precisó que nunca debió construirse la planta de relave en el cauce natural del río y pidió a las autoridades que tras las investigaciones y sanciones respectivas, se disponga su reubicación.

“Es urgente que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emita su informe cuanto antes para conocer la magnitud del daño ecológico y también Digesa debe pronunciarse para saber cómo se ha afectado las aguas y la salud de las personas, animales y plantas”, demandó.

Comisión de la OEFA

En las últimas horas varias brigadas de profesionales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) llegaron a Cajamarca y Ayacucho para evaluar diversos reportes de urgencias ambientales atribuidas a la actividad minera.

Los agentes, especializados en evaluación y supervisión ambiental, dotados del equipamiento necesario y capacidades logísticas, arribaron a las instalaciones de la minera Catalina Huanca, en la Comunidad Campesina de Raccaya, en Ayacucho, y de UEA China Linda administrada por Minera Yanacocha, en Cajamarca. En la zona se espera el informe de los especialistas.

Repuesta de la Minera

Mientras tanto, Juan Carlos Ortiz, Gerente Corporativo de Proyectos de la empresa minera Catalina Huanca, señaló que no hubo ningún derrame de relaves mineros y aseguró que lo sucedido en Raccaya, zona donde se encuentra ubicada la mina, fue la caída de un huayco que hizo colapsar la vía de entrada a la comunidad.

Insistió que el huayco, que cayó el último fin de semana, invadió la plataforma y aseguró que los operarios ya están trabajando día y noche con maquinaria pesada, para poder restablecer la conexión vial.

Ortiz agregó que todas las intervenciones en la zona de influencia se realizan en estrecha coordinación con la comunidad.

“Hemos habilitado un ómnibus que permite el traslado de la población para amortiguar los problemas de comunicación que se presentan por el colapso de la plataforma por donde pasan los vehículos de entrada a la comunidad de Raccaya, ahora todo está controlado y en los siguientes días se restablecerá el libre tránsito”, insistió Ortiz.

Minimiza posibles daños al medio ambiente

En tanto el director regional de Energía y Minas, Jaime Salas Zegarra, se adelantó a minimizar los impactos ambientales producidos en esta zona que opera la minera Catalina Huanca, pese a que el OEFA, órgano rector, aún no se pronuncia al respecto.

Salas Zegarra enfatizó que el problema se debió a un desastre natural y aseguró que el plan de contingencia de la minera funcionó a la perfección.
 

No se puede considerar a la protección del ambiente como un obstáculo para el desarrollo
- Decretos de Urgencia que ponen en riesgo nuestra riqueza natural son inconstitucionales

La Red Muqui expresa su discrepancia con la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de los Decretos de Urgencia 001-2001 y 002-2011. Estos decretos no se ajustan a la normatividad sectorial, son inconstitucionales y poco transparentes, por las razones que a continuación exponemos:

1. El Decreto de Urgencia 001-2001 establece disposiciones extraordinarias para “facilitar” la inversión en 30 proyectos que considera de necesidad nacional. Posteriormente, el Decreto de Urgencia 002-2011 hace una modificación al primero. Añade al listado tres numerales más. Dos que se refieren a proyectos concretos que se suman a los treinta antes mencionados, y uno que es genérico, pues hace referencia a proyectos de “energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”. No precisa cuáles, por lo tanto, serán los que el gobierno considere.

2. Para estos proyectos, ya no es un requisito previo contar con las certificaciones ambientales (que supone el EIA aprobado) en la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial. Es decir, en los proyectos señalados por la norma, por ejemplo, no se requerirá la existencia de un EIA para obtener una licencia de uso de agua. Con ello, se resta importancia al EIA como instrumento que previene los impactos ambientales negativos.

3. El Decreto de Urgencia 001-2011 señala que las certificaciones ambientales serán exigidas antes del inicio de la ejecución del proyecto, conforme lo estable la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General del Ambiente.

El problema radica en que estas normas van contra la Ley de Concesiones Eléctricas que establece como requisito para el otorgamiento de las concesiones definitivas la aprobación de un EIA. Este requisito previo al otorgamiento de las concesiones definitivas, tiene como propósito la protección del ambiente y de los intereses nacionales. En consecuencia, la ubicación de una central hidroeléctrica debe fijarse antes del otorgamiento de la concesión definitiva, pues constituidos los derechos, es muy difícil dar marcha atrás.

4. Consideramos lamentable que el ministerio del Ambiente defienda una medida de esta naturaleza señalando que la norma es congruente con la Ley del Ambiente y la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ignorando que la Ley de Concesiones Eléctricas tiene una regulación distinta, específica para el sector energético, y que marca una diferencia por razones ambientales.

5. Estos decretos traen a nuestra memoria el Decreto de Urgencia Nº 017-2009, que tuvo el aval del ministerio del Ambiente, decreto que recortaba plazos para la ratificación o modificación de la propuesta de clasificación, presentación y revisión de EIA para un conjunto de proyectos. En esa oportunidad el fundamento central estaba referido a la necesidad de promover la inversión como estrategia para enfrentar la crisis financiera internacional. El decreto de urgencia no ofreció datos concretos para justificar tal medida.

6. Frente a estos nuevos decretos de urgencia cabe preguntarnos ¿por qué cambiar las reglas de juego?, ¿a qué se debe la urgencia? ¿es que estamos ante una emergencia energética? Al parecer no. El decreto de urgencia no alude a una justificación de esa naturaleza. Tampoco hay manera de saberlo porque los gobiernos no cumplen con el deber de elaborar anualmente los balances energéticos nacionales. Todo parece indicar que habría otras razones. Recordemos que se tiene proyectada la construcción de seis centrales hidroeléctricas en la Amazonía Peruana para atender principalmente la demanda energética del Brasil.

7. Finalmente, el gobierno no está facultado para normar con decretos de urgencia temas regulatorios, ya que estos solo pueden darse para temas económico-financieros y ante una situación en la que no se puede esperar el trámite ordinario de aprobación de una ley por el Congreso. El contenido de los decretos de urgencia señalados no responde a esos criterios. Los peruanos queremos saber, ¿por qué la pretensión de obviar al Congreso, faltando a la propia Constitución Política? ¿Qué se esconde detrás de todo ello?

8. En consecuencia, exigimos la derogatoria por el Congreso de la República de los Decreto de Urgencia 001-2011 y 002-2011, por ser contrarios a los intereses nacionales, a la Constitución Política del Perú y a las normas ambientales.

9. El Ministerio de Ambiente debe adoptar una actitud más firme en la protección de nuestra riqueza natural y, garantizar al mismo tiempo, que las actividades económicas se realicen dentro de los parámetros del desarrollo sostenible. El Ministerio tiene la responsabilidad de contrarrestar una visión economicista del desarrollo, que ve en las políticas y normas ambientales un obstáculo y no una posibilidad para aprovechar de mejor manera la diversidad geográfica y natural que nuestro país ofrece.