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Petróleo y pobreza en el delta del Níger
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Por Aloia Álvarez Feánz
El Delta del río Níger, de donde se extrae la práctica totalidad de los
hidrocarburos nigerianos, se encuentra sumido en la miseria socieconómica, la
degradación medioambiental y una violencia estructural derivada, en gran medida,
de este escenario. El progresivo abandono que ha sufrido la región por parte del
Gobierno central en la redistribución de las rentas petroleras, así como la
conducta de las compañías privadas que operan en la zona, ha encontrado
respuesta entre las comunidades locales desde el nacimiento de la industria
hidrocarburífera en Nigeria. Estas comunidades se han ido organizando en
movimientos sociales de variado signo para hacer frente a los impactos de las
actividades extractivas, y reclamar del Gobierno y las empresas transnacionales
un trato justo.
El Delta del río Níger se extiende a lo largo de 75.000 kilómetros cuadrados en
la zona sur de Nigeria, y comprende 9 de los 36 estados de esta federación.
Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en esta
maraña de lagos y meandros malviven en torno a unos 30 millones de personas
organizadas en grupos compactos, la mayor parte de las veces no superiores a los
5.000 individuos [1]. La riqueza en recursos naturales de la zona es la mayor
del país; allí, la selva umbrófila configura un paisaje de tierras agrícolas,
bosques y acuíferos, con gran valor en materia de biodiversidad. Una
biodiversidad que se ha visto amenazada desde los inicios de la explotación
petrolera en la década de 1960, recién adquirida la independencia de parte del
imperio británico.
El petróleo extraído de la región supone en torno al 50 por ciento del PIB de
Nigeria, proporciona el 95 por ciento de las ganancias por divisas al país y el
80 por ciento de las rentas presupuestarias, lo que significa unos 20.000
millones de dólares al año [2]. Además, el desarrollo del subsector gasístico es
imparable, haciendo del país un referente internacional como productor de este
recurso. No obstante, a pesar de las enormes ganancias derivadas de la
exportación de su petróleo y gas natural, el 75 por ciento de la población del
Delta vive hoy bajo el umbral de la pobreza. La seguridad humana, “contra
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión” y “contra
alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el
empleo o en la comunidad” [3], se encuentra así bajo una seria amenaza.
La destrucción de los sectores productivos tradicionales (pesca y agricultura),
y los impactos sobre el medioambiente derivados de la extracción de
hidrocarburos, amenazan de gravedad la seguridad alimentaria de las comunidades
del Delta. La tasa de desempleo en la región es mucho más elevada que la media
nacional y, paradójicamente, esta situación se agudiza en los tres principales
estados productores de petróleo; si en el año 2000 en todo el territorio
nigeriano la tasa de desempleo alcanzó el 4,7 por ciento, en estados como el de
Rivers llegó a superar el 19 por ciento [4], hasta llegar al 30 en Port
Harcourt, la principal ciudad de la región [5]. Por otro lado, un gran
porcentaje del personal de la industria petrolera es expatriado o proviene de
otras zonas de Nigeria, lo que potencia el malestar de la población local. El
hecho de que la industria hidrocarburífera sea, además, un sector no integrado
en la economía, acaba con cualquier perspectiva que garantice el acceso a
fuentes de ingreso. En la región que ha hecho de Nigeria una de las principales
potencias económicas africanas, sólo el 27 por ciento de los habitantes tiene
acceso a agua potable y únicamente un 30 por ciento de los hogares cuenta con
suministro eléctrico [6]. ¿Cuál es el origen de esta paradoja?
El reparto de la tarta
La redistribución de las rentas petroleras es muy vertical en el sistema
nigeriano, lo que afecta de modo directo al control de los recursos por parte de
las comunidades situadas en el área productora. La Constitución federal
establece que “toda la propiedad y control de los minerales, aceites minerales y
gas natural sobre o bajo cualquier tierra de Nigeria, o sobre o bajo las aguas
territoriales y la Zona Económica Exclusiva de Nigeria, deben estar en manos del
Gobierno de la Federación” [7]. Desde la década de 1970, el Gobierno, a través
de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), controla todo el crudo
nigeriano gracias a la participación en forma de joint ventures con las
compañías extranjeras. Cinco empresas transnacionales dominan el sector: la
angloholandesa Shell, las estadounidenses ChevronTexaco y ExxonMobil, la
italiana Agip y la francesa Total. Entre todas poseen el 98 por ciento de las
reservas y los activos; alrededor de unas 50 firmas, más pequeñas, completan el
círculo.
Todas las transnacionales que operan en Nigeria siguen las reglas del Estado y
se han convertido en sub entidades de la NNPC. La mayoría de ellas han firmado
los Principios Voluntarios para la Seguridad y los Derechos Humanos en el sector
extractivo [8]. En 2003 se adscribieron también a las Normas de Responsabilidad
de las Empresas Transnacionales y Otras empresas de Negocios en materia de
Derechos Humanos de Naciones Unidas [9]. No obstante, además de sus impactos
probados sobre el medioambiente, la mayor parte de estas compañías se encuentran
directamente implicadas en la violación de los Derechos Humanos en el Delta,
como demuestran las múltiples respuestas articuladas por la sociedad civil para
hacer frente a sus abusos.
La sociedad civil, en pie
El origen de la contestación social en el Delta se remonta a los años de las
primeras exploraciones europeas en el siglo XV; de ahí que debamos ver la
Historia del Delta también como una historia de resistencia. Desde la aparición
del petróleo, este dinamismo social ha ido alimentándose de la frustración
acumulada por la población local. Desde la independencia del imperio británico
en 1960, el petróleo ha definido el devenir de un gran segmento de esta sociedad
civil. La revuelta liderada en el Delta por Isaac Boro al frente del NDVF (Níger
Delta Volunteers Force) puede ser considerada como la primera gran rebelión de
la Nigeria postcolonial. El 23 de febrero de 1966, Boro declaró la República de
los Pueblos del Delta del Níger y anuló simbólicamente todos los contratos
petroleros, instando a las compañías a negociar directamente con su
administración. Doce días después, Boro fue detenido, torturado, condenado a
muerte junto a algunos de sus hombres, posteriormente amnistiado y finalmente
asesinado, según algunas fuentes, a manos del propio Gobierno federal. Poco
después, la guerra de Biafra (1966-1969), en la que los recursos petroleros
jugaron un papel central, sirvió de acicate para la consolidación de un tejido
social articulado en torno a la resistencia frente a las actividades
extractivas. Tras el frustrado intento de secesión en Biafra y la consiguiente
brutal respuesta del Gobierno, entre 1970 y 1990, emergieron numerosos
movimientos en el Delta. Su principal referente es el MOSOP (Movement for the
Survival of the Ogoni People), fundado por Ken Saro Wiwa a inicios de la década
de 1990, que protagonizó la segunda gran revuelta de la etapa postcolonial. El
asesinato de Saro Wiwa en el año 1995 junto con otros 8 miembros de la
organización, a manos de la junta militar encabezada por Sani Abacha, le
otorgaría al MOSOP “un estatus icónico en los debates internacionales acerca del
medioambiente y el poder y las responsabilidades corporativas de las
multinacionales petroleras” [10]. En palabras de Dumpe, la ejecución de los 9
ogoni “mandó una señal al resto del Delta, la protesta de los ogoni fue siempre
pacífica, su resultado hizo pensar a la gente que la protesta pacífica no
conducía a los resultados buscados. Por eso la gente se empezó a organizar en
grupos juveniles de confrontación armada, lo que hoy llamamos grupos militantes”
[11]. La indignación originada por el asesinato de los 9 ogoni y la aguda
represión ejercida por la Junta de Abacha contra la sociedad civil del país,
avivó la violencia. Tras décadas de resistencia pacífica, las comunidades del
Delta se vieron en la necesidad de modificar sus estrategias. Entre 1998 y 1999,
nacieron diversos movimientos en las comunidades ijaw, que originaron las Egbesu
Wars, tercera gran rebelión de la postcolonia. Ya en democracia, a lo largo de
la primera década del siglo XXI la resistencia ha ido creciendo al calor de la
frustración acumulada por una población agraviada.
La llave del desagravio
Durante la década de 1990 e inicios del siglo XXI, los movimientos sociales en
el Delta tenían unos objetivos tímidos, se limitaban a reclamar proyectos de
desarrollo para sus comunidades. Desde inicios del presente siglo, el
surgimiento de movimientos militantes y la consolidación de los ya existentes no
conoce freno, se amplían sus demandas y se recrudecen sus estrategias. En la
actualidad, las resistencias en el Delta se organizan en extensas redes con el
objetivo último de obtener el control de los recursos petroleros presentes en su
territorio. Sólo se podrá poner fin a la actual crisis, sostienen, a través de
medidas que garanticen la satisfacción de esta necesidad. Las movilizaciones
sociales en el Delta, desde el “retorno” de la democracia a Nigeria en 1999,
tienen objetivos claros. Solicitan, en primer lugar, una revisión de la
reasignación de las rentas petroleras, lo que ya había centrado las demandas de
Saro Wiwa en los 90. En segundo lugar, la creación de nuevas unidades de
gobierno, ajustadas a las realidades locales, y en tercer lugar, el combate
contra la pobreza, la construcción de infraestructuras y la lucha contra el
desempleo. Por último, estas movilizaciones apelan a la acuciante necesidad de
generar un desarrollo sostenible en la región a través del control sobre los
recursos en manos de las propias comunidades.
El grupo más fuerte actualmente es el MEND (Movement for the Emancipation of the
Níger Delta), desde el año 2006 principal grupo militante armado de la región.
Solicita del Gobierno federal y las empresas transnacionales compensaciones por
los daños causados por la industria petrolera, aunque su objetivo último es
lograr el control de las concesiones. Resulta complicado conocer la constitución
numérica de este movimiento, que oscilaría entre los muchos cientos y unos pocos
de miles de miembros. Bajo esta organización se abrigan muchos subgrupos,
algunos de los cuales actúan a veces bajo otros nombres. Su base social aumenta,
dado que en 10 años de Gobierno civil sus demandas no se han visto cubiertas.
Además de la legitimidad social con la que cuentan, han conseguido durante estos
años forzar al Gobierno a abrir el diálogo. Sus amenazas a los intereses
petroleros han obligado a las sucesivas administraciones federales a, al menos,
escuchar sus reclamaciones.
Sostiene Dumpe que “el problema es que las agitaciones que emergen tras la
frustración derivada de la protesta pacífica están ahora infiltradas por bandas
criminales Hay grupos organizados que usan la confrontación en el Delta para
enriquecerse, pero sin legitimidad social de ningún tipo” [12]. La confusión
entre unas y otras actividades les permite a las compañías extranjeras y al
Estado nigeriano legitimar sus acciones represivas y desacreditar, al mismo
tiempo, las legítimas luchas de la sociedad civil.
Al ser preguntado sobre una posible mejora en la conducta de las empresas
transnacionales y las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de propuestas
como el EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) [13], este
investigador responde: “las subsidiarias dicen que lo hacen bien, pero la
información que pasan a las matrices no es cierta. Las mejoras no han sido
significativas” [14]. Conceptos como el de “Transparencia” o “Responsabilidad
Social Corporativa” quedan, de este modo, en evidencia. No obstante, señala
Dumpe, “nuestros informes han servido para cuestionar prácticas de Shell en
Nigeria. Esta influencia es esencial y esto ha llevado a Shell, por ejemplo, a
moverse desde la asistencia a las comunidades hasta hablar de desarrollo, luego
de desarrollo sostenible y ahora de ‘memorando de entendimiento’, un acuerdo que
negocia con las comunidades algunos proyectos sociales. Para nosotros eso
representa un movimiento desde la simple filantropía a una especie de
participación negociada de la comunidad, pero no es suficiente porque no es algo
basado en la equidad, en la presuposición de lo que se debe hacer, desde el
punto de vista ético” [15]. Y, desde luego, parece no ser suficiente para las
comunidades del Delta del Níger, cansadas de que el palo siga utilizando a la
zanahoria con fines tan deshonestos.