Solución definitiva

 

 

 

 

El colector Costanero, que desemboca más de tres metros cúbicos por segundo de aguas servidas en la playa del distrito de San Miguel, no sólo atenta contra los derechos de los vecinos sanmiguelinos a tener una costa limpia y saludable, sino también perjudica a todos los limeños, al permitir las autoridades incapaces que gran parte del Océano Pacífico se contamine a diario sin aplicar hasta ahora soluciones definitivas.

 

No puede ser posible que en pleno siglo XXI Lima mantenga un problema como el desvío de aguas contaminadas con dirección al mar, produciendo así un grave daño al medio ambiente y demostrando una total falta de visión integral sobre la calidad de vida de la vasta población costeña que tiene la capital, ya que también existe otro colector como el de La Chira, en Chorrillos, que cumple el mismo papel nefasto y contaminante.

 

En los últimos años, el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi Chicoma, ha venido dando dura batalla, casi en solitario, contra Sedapal (Servicios de Agua Potable y Alcantarillado), dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que ponga coto a esa fórmula facilista e irresponsable de soltar aguas contaminadas al mar. Pero esta lucha no sólo debe ser del gobierno local sino de todos los ciudadanos convencidos de la defensa ecológica y del derecho a contar con un malecón que permita al vecino o al turista disfrutar del paisaje marino, o a poseer una playa para el recreo.

 

No podemos dejar que pase más tiempo y que las plantas de tratamiento de aguas servidas, como la de La Taboada, queden a medio hacer, como ocurrió durante el régimen del presidente Alejandro Toledo. Seamos conscientes de que ya se ha invertido casi sesenta millones de dólares en este proyecto, pero continuamos postergándolo y con ello alejando la posibilidad de solucionar definitivamente un daño que lleva décadas de décadas, y que transcurre de gobierno a gobierno.

 

En medio de esta realidad deprimente –que revela la falta de decisión para afrontar retos–, el municipio de San Miguel aplicó una multa ascendente a tres millones de dólares a Sedapal; ésta apeló sosteniendo que el municipio no era la institución idónea para imponerla y que en todo caso ésta sería la Dirección General de Salud Ambiental. Sin embargo, mientras este intríngulis se resuelve se ha producido un nuevo escándalo. Y es que la canalización de las tuberías para extender el desagüe mar afuera –remedio superficial para salir del paso– colapsó. Aquí hay una responsabilidad compartida entre Sedapal y la contratista de la obra, una empresa privada que incluso debió entregar los trabajos concluidos en noviembre pasado. Y encima, según los entendidos, sus técnicas dejan mucho que desear.

 

Urge entonces que, al más alto nivel, el Ejecutivo reformule y ejecute los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas contaminadas, diseñadas no sólo para Lima Norte, cerca al río Chillón, sino también para funcionar en el sur de la capital, con el objeto de utilizar esas aguas en regadíos, en la arborización de zonas baldías u otros. No dejemos que este problema de contaminación de las playas continúe por más tiempo.

 

Fuente Diario Expreso