Mitos
que contaminan
El experto en temas ambientales Iván Lanegra
demuestra en las siguientes líneas cómo el presidente Alan García justifica el
deterioro de la gestión ambiental en su gobierno con falacias y medias verdades
al presentar a la inversión privada como la panacea de los problemas del país y
a sus críticos como "perros del hortelano". Su reciente libro
"El (ausente) Estado ambiental" es clave para entender el costo de la
fragilidad de las instituciones involucradas en la defensa del medio ambiente.
Por Milagros Salazar
En peligro. Bosques sistemáticamente
mutilados por la tala ilegal. Parque Nacional del Alto Purús,
en Madre de Dios. La llamada “ley de la selva” no debe cambiar el carácter
intangible de esta reserva natural.
El aire está cargado. En el ruedo ambiental existen dos
batallas: la desatada en el campo, en el territorio de los directamente
afectados por la contaminación, y la que se libra en la capital, al calor de un
debate público donde Alan García y sus ministros se han puesto en primera fila
fabricando mitos. El especialista en temas medioambientales Iván Lanegra desmorona una a una las ideas sobre el tema
ambiental que el jefe del Estado ha soltado en la agenda política para, según
el experto, ocultar "el deterioro de la institución ambiental en este año
y medio de gobierno aprista". El balance de cómo vamos en esta materia
aparece en las 193 páginas de su libro "El (ausente) Estado
ambiental". Hoy, como gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente de la región Junín, habla del Estado por dentro.
CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DEMOSTRAMOS QUE SOMOS
RESPONSABLES
¿Este ministerio es una muestra de buena voluntad del
gobierno para avanzar en el tema ambiental? Lanegra
responde que la propuesta de crear esta entidad no ha surgido por el interés de
García de atender los reclamos del país frente al hervidero de conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera y
otras necesidades del país, sino porque fue una condición de Estados Unidos
para dar el préstamo en la segunda parte del proyecto gasífero
de Camisea. "El presidente quiere utilizar
políticamente esta decisión a la que se ha visto obligado y eso explica por
qué, después de una sequía de decisiones, de pronto anuncie la creación de un
ministerio", apunta.
Esta imagen que se pretende difundir de un Estado
comprometido con el tema luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con
EEUU y en un escenario expectante de cumbres internacionales, se derrite cuando
se comprueba que a diciembre del 2007 no se aprobó ninguna de las 29 normas
sobre Estándares de Calidad Ambiental (ECAS) y Límites Máximos Permisibles
(LMP) a las que se comprometió el gobierno. Y también se desvanece, enfatiza Lanegra, cuando el premier Jorge del Castilo
le encomienda a Antonio Brack y a un grupo de
expertos que en apenas 20 días elaboren una política nacional del medio
ambiente, un diagnóstico ambiental y una propuesta de ministerio.
"Esto demuestra que es improvisado y que quien está
empujando esto no tiene la menor idea", agrega. ¿Y Brack
es la mejor elección considerando que no sólo es un ecologista reconocido sino
que ha trabajado para el sector minero?, pregunto. "Una cosa es ser un
experto en ecología y otra en reforma del Estado en materia ambiental. Y sobre
su relación con las mineras, es importante que Brack
informe desde qué posición está actuando ahora".
VENDAMOS LA AMAZONÍA PARA GARANTIZAR EMPLEO
"El presidente plantea utilizar la propiedad como una
herramienta para atraer inversiones y generar empleo en
En esta propuesta no se ha escuchado la voz de las
poblaciones que viven en estos territorios, como los pueblos indígenas.
"El Estado distribuye con sus políticas los riesgos y
las cargas ambientales entre la gente. Cuando no considera a los grupos
minoritarios, la distribución de estos riesgos termina siendo injusta",
reflexiona.
TENEMOS LAS NORMAS AMBIENTALES, ¿PARA QUE MÁS?
La publicación de Lanegra rompe
con el mito de que "tenemos muchas normas en el sector y por lo tando por ahí no va el problema". En esa línea
sostiene que existen vacíos en la legislación, una institucionalidad mal
diseñada y una débil capacidad para que la ley se cumpla y se convierta en un
instrumento vivo y cotidiano. Por eso considera que la clave no está "en
llenarse de leyes" sino en establecer una agenda de prioridades en donde
se tenga información precisa del impacto de las actividades de mayor intensidad
–como la minería– para que a partir de eso pueda
plantearse una regulación efectiva. "Cuanto más desarrollada esté la
información en el tema ambiental, mejores decisiones se toman", advierte.
Y eso no sucede en el caso peruano porque los estándares ambientales de calidad
en el país están por debajo de las exigencias internacionales.
MEJOR ES LA GRAN MINERÍA QUE LA MINERÍA INFORMAL PORQUE
CONTAMINA MENOS
"El gobierno plantea vivir con la gran empresa sin
Estado o vivir con las actividades informales también sin Estado. Entonces, el
problema es la ausencia estatal", sentencia. Cuando en setiembre
del año pasado el régimen aprista cuestionó que los pobladores de la sierra de
Piura rechazaran en una consulta ciudadana la actividad de la minera Majaz en sus territorios, el premier señaló que era
preferible que ingresara esta empresa a que los informales explotaran los
minerales contaminando los ríos. El primer ministro planteaba la idea del mal
menor sin demostrar la presencia de los informales en la zona donde Majaz explotaría cobre y molibdeno.
Y en esta saga de falacias y verdades a medias, el Ejecutivo
siguió lanzando ideas al aire como humo negro: "Las ONGs
y las regiones no se preocupan de la minería informal". Al sentirse
aludido como funcionario de la región Junín, Lanegra
responde que "esa frase es una trampa" porque el gobierno central
nunca fue capaz de enfrentar la minería informal durante décadas y ahora que ha
transferido el problema a las regiones se queja porque no ve resultados en un
año. "Eso es injusto. No es que con el gobierno central se acabó la
minería informal y al trasladarse el tema a las regiones se armó el
desastre", contraataca.
LOS QUE SE ENFRENTAN A
Irrespirable. Arriba, Tajo abierto
en Cerro de Pasco, una muestra de cómo se desarrolla
la minería cuando el Estado es débil y sus autoridades corruptas. Abajo, Iván Lanegra, experto en gestión del medio ambiente.
"Los ambientalistas son enemigos del país",
"los perros del hortelano", "los comunistas del siglo XXI"
que obstaculizan las inversiones, pregona el gobierno sin reconocer que hay,
como quien dice, una gama de tonalidades verdes en la comunidad ambiental.
"Están desde Al Gore (el ex vicepresidente de
Estados Unidos) hasta el padre Marco Arana (militante ambientalista de
Cajamarca)", apunta Lanegra.
La ex titular del Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador
Yolanda Kakabatse, en su reciente visita a Lima, señalaba
que una forma inteligente de aproximar el tema al mundo diario de los
pobladores es preguntarse ¿cuánto menos se enferma la gente con una buena
política ambiental? Pero este lenguaje económico de costo y beneficio que
permitiría entender por qué ser responsable en el tema ambiental también es
rentable para el país, no ha sido desplegado ni por el gobierno ni por los
ambientalistas.
El informe del Banco Mundial del 2006 da una idea del tamaño
del desafío: el costo de la degradación ambiental en el país es del 3.9% del
Producto Bruto Interno (PBI) del año 2003, es decir, alrededor de 8.2 billones
de soles, mientras que el Estado invierte apenas 0.3% del PBI en el tema
ambiental. O sea, un peruano pierde 100 dólares al año por la contaminación
mientras que el Estado sólo dispone 5 dólares de los impuestos que paga cada
ciudadano para proteger el ambiente. Un balance que no ha cambiado con García y
que lo presenta extraviado en el fuego cruzado de su prédica.