En un escenario donde la necesidad de combatir el cambio climático y sus consecuencias negativas en las personas, las economías y el medio ambiente se vuelve cada vez más urgente, la divulgación empresarial sobre sostenibilidad ha dejado de ser un acto voluntario destinado a mejorar las relaciones con inversionistas. En Europa, esta acción se está convirtiendo en un requisito legal que busca impactar no solo en las empresas del continente, sino también en las cadenas de valor globales, incluyendo a las empresas latinoamericanas.
La normativa climática europea establece medidas iniciales como la obligación de las empresas de medir y reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En algunos casos, también deberán detallar planes de transición climática, que incluyen metas progresivas de reducción de emisiones y las estrategias para alcanzarlas. Este marco legal tiene implicaciones significativas para las empresas de América Latina, ya que afecta su capacidad de exportar bienes y cumplir con los estándares europeos.
Entre las regulaciones más relevantes se encuentran el Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones de Carbono (CBAM), que, desde 2026, impondrá impuestos sobre las emisiones asociadas a bienes importados; la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2025 y exigirá mayor transparencia en la cadena de valor; la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, enfocada en riesgos climáticos de proveedores, prevista para 2027; y el Reglamento contra la Deforestación, aplicable a productos relacionados con esta problemática y programado para 2025.
Un informe reciente ha identificado que las normativas en América Latina no están alineadas con los requerimientos internacionales, dejando a muchas empresas de la región sin preparación adecuada para adaptarse a estas exigencias. Este contexto plantea la necesidad de una mayor colaboración entre áreas legales y de sostenibilidad en las empresas. Sin embargo, existe una brecha en la formación: los abogados necesitan capacitarse en sostenibilidad, y los expertos en sostenibilidad requieren orientación legal para evitar riesgos regulatorios.
Finalmente, conocer y gestionar las emisiones GEI, así como desarrollar estrategias claras de sostenibilidad, no solo responde a un cumplimiento normativo, sino que también es una herramienta clave de competitividad y resiliencia. Esto permite a las empresas mantenerse relevantes en un mercado global donde la sostenibilidad es cada vez más valorada por los consumidores y los reguladores.
Autor: Pia Zevallos. Fuente: Diario Gestión- pag.2, 10 de diciembre del 2024.