La semana pasada se produjo un debate inesperado entre la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que intercambiaron roles respecto a su posición habitual. En esta ocasión, el MVCS asumió un enfoque técnico y de largo plazo, mientras que la Sunass, normalmente más técnica, adoptó una postura populista y cortoplacista. Este enfrentamiento plantea la necesidad de reflexionar sobre las posturas de ambas entidades y de analizar si el país enfrenta un problema estructural en la gestión del agua.
Por un lado, el presidente de la Sunass advirtió sobre posibles aumentos significativos en las tarifas del agua, atribuyéndolos a una regulación promovida por el MVCS pero aún no aprobada. Según el titular del ente regulador, las empresas de saneamiento (EPS) no están en quiebra y, de hecho, obtienen utilidades. Como ejemplo, mencionó a Sedapal, que, supuestamente, registra ganancias millonarias. Sin embargo, también reconoció que esta empresa enfrenta problemas de liquidez, necesita transferencias constantes del gobierno central y recientemente solicitó un préstamo al Banco de la Nación para pagar planillas.
En contraposición, el MVCS ha subrayado la grave brecha de infraestructura en saneamiento, que podría alcanzar los 100,000 millones de soles para el año 2030. Esta cifra, respaldada por estimaciones del Banco Mundial y la CAF, es ligeramente inferior a la calculada por el Plan Nacional de Infraestructura del MEF. Además, el ministerio sostiene que el 60% de las EPS no cubre ni siquiera sus costos operativos, lo que les impide realizar las inversiones necesarias para satisfacer las demandas de los usuarios.
El problema es complejo, técnico y de alta sensibilidad. No obstante, la Sunass optó por politizarlo, transmitiendo información poco clara tanto a la población como a las EPS. Un ejemplo es la reciente disputa en la que Sedapal tuvo que recurrir a la Ley de Transparencia para acceder al cálculo tarifario realizado por la Sunass. Inicialmente, el regulador negaba la existencia de una brecha tarifaria, pero cuando alertó sobre un posible aumento en las tarifas y publicó el monto necesario para cubrir los costos de las EPS con un margen de utilidad del 8%, quedó en evidencia la magnitud de dicha brecha.
La falta de transparencia y un enfoque desconectado de la realidad son prácticas cuestionables en la regulación de un servicio esencial. Esto sugiere un posible sesgo ideológico en la postura de la Sunass, que parece favorecer el mantenimiento del statu quo. Tal enfoque perpetúa las dificultades financieras de las EPS, refuerza el poder de los sindicatos dentro de estas empresas y excluye la inversión privada del sector.
La magnitud del déficit en infraestructura de saneamiento y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado para millones de peruanos evidencian la urgencia de fomentar la inversión en este sector. Datos del INEI muestran, además, un retroceso reciente en el porcentaje de población con acceso directo a agua. Para abordar este desafío, existen varias alternativas: incrementar los recursos para las EPS mediante un ajuste tarifario, aumentar la asignación del presupuesto público al sector (lo que parece poco viable en el actual contexto fiscal) o incentivar la inversión privada. Sin embargo, con las tarifas actuales, entre las más bajas de Latinoamérica, es poco probable atraer capital privado. Por ello, es fundamental tratar el tema tarifario con transparencia y sin convertirlo en un tabú.
Finalmente, es crucial reconocer que los problemas del sector no se limitan al déficit de infraestructura y a la necesidad de revisar las tarifas, sino que reflejan una profunda deficiencia en la gestión. La falta de un análisis costo-beneficio, la influencia de los sindicatos por encima de los intereses de los usuarios y la ausencia de un enfoque claro hacia la promoción de inversiones dificultan cualquier avance significativo. En este contexto, se hace evidente la necesidad de una reforma integral del sector, acompañada de un plan estratégico que permita atender de manera eficiente y sostenible una necesidad básica para la población.
Autor: Carlos E. Paredes., Fuente: Diario Gestión - pag.17. 13 de junio del 2024.