OEFA Y OSINERGMIN TENDRIAN QUE SUPERVISAR LA PEQUEÑA MINERIA
El crecimiento acelerado de la minería ilegal en el país se vuelve cada vez más evidente. Un claro ejemplo es Pataz, en La Libertad, donde opera Poderosa, el segundo mayor productor de oro en Perú.
La situación actual es crítica: para proteger su concesión, la empresa ha tenido que incrementar significativamente su inversión en seguridad. Este nivel de gasto solo es posible gracias a los altos precios del oro en el mercado internacional.
"Esto nos ha llevado a aumentar 10 veces el presupuesto para seguridad, pasando de menos de 200 guardias a 1,300. Contamos con dos guardias por cada punto de operación. Este gasto es manejable mientras el precio del oro se mantenga en US$ 2,500 por onza, pero si baja, será insostenible", explicó Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa.
Con el proceso de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) próximo a finalizar, Poderosa insta al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a agilizar la presentación de su proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape).
La participación de entidades como OEFA y Osinergmin será fundamental. De lo contrario, la operación de la empresa podría volverse inviable. Según la empresa, OEFA y Osinergmin, esenciales en la supervisión de la actividad minera, no tienen la capacidad legal para fiscalizar la pequeña minería. Por ello, el proyecto del Minem propone habilitar esta fiscalización, con lo cual Poderosa está de acuerdo.
El proyecto establece que los gobiernos regionales pueden delegar la supervisión y fiscalización de áreas específicas a OEFA y Osinergmin mediante convenios. De la Flor señala que, aunque esta medida es crucial, no es nueva, ya que Sunafil supervisa la actividad minera en las regiones a través de acuerdos similares. El problema, según él, es la falta de voluntad política de los gobiernos regionales para firmar dichos convenios. Además, aclara que el único obstáculo para que OEFA y Osinergmin intervengan es de carácter legal, debido a la ley de descentralización que otorga esas competencias a las autoridades locales.
Fuente: Diario Gestión - pag.13, 30 de septiembre del 2024.