EL EJECUTIVO DEJA LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN MANOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

 



El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha extendido el plazo para que la comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad, creada en 2019, presente su informe final destinado a actualizar la regulación en las actividades de generación, distribución y transmisión de energía en el país.

Para ello, el ministerio emitió la resolución suprema 011-2024-EM, la cual otorga una extensión de 20 meses adicionales, a partir del 14 de julio, para que la comisión entregue su informe final con propuestas para implementar una reforma integral en el sector. Esto significa que el plazo se extiende hasta el final del gobierno de Dina Boluarte.

Esta comisión, integrada por el Minem, Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debía incluir en su reforma el sector de hidrocarburos, especialmente en lo referente a la provisión de energía eléctrica para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Con esta decisión, el Ejecutivo ha extendido el plazo de la comisión en cinco ocasiones, ya que originalmente se esperaba que sus conclusiones estuvieran listas para junio de 2022.

La Dirección General de Electricidad indica en la resolución que esta prórroga es necesaria para llevar a cabo la contratación de una consultoría que elabore el llamado Libro Blanco, el cual contendrá propuestas para modernizar el sector eléctrico.

Durante este tiempo adicional, se llevará a cabo dicha consultoría, cuyo resultado será la elaboración del documento con propuestas de leyes y reglamentos para reformar el marco normativo de este subsector.

En su momento, el Ejecutivo identificó la necesidad de una reforma integral para solucionar las distorsiones del mercado eléctrico, que provocaban incrementos constantes en las tarifas eléctricas a pesar de la sobreoferta de capacidad de generación, que se reflejaba en la disminución de los costos.

Un ejemplo de estas distorsiones es la inclusión en las tarifas de sobrecostos para cubrir las garantías que aseguran ingresos a plantas de energías renovables no convencionales (RER), que no alcanzaban a cubrir sus costos de operación.

Este pago se realiza a través de la Prima RER, un mecanismo creado para atraer inversiones en centrales eólicas y solares, que en última instancia implica un subsidio por parte de los usuarios regulados en subastas organizadas por ProInversión en años anteriores.

Según el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los subsidios a proyectos privados mediante la Prima RER han trasladado más de US$2,000 millones a las tarifas, una práctica que, según él, ya no debería continuar dado que los costos de las nuevas energías eólicas y solares han disminuido.

Rafael Laca, especialista de la consultora Enerkory, señala que la reforma que estaba desarrollando la mencionada comisión buscaba precisamente establecer una nueva regulación que permitiera la incorporación de nuevas tecnologías RER a menor costo.

Laca coincidió en que esta prórroga parece contradecir el objetivo del gobierno de atraer más inversiones en nuevas generaciones basadas en tecnologías renovables no convencionales (RER). "Lo que sucede es que hay muchos intereses económicos de generadores, distribuidores e incluso de la transmisión, que de alguna manera desean mantener el sistema actual de regulación sin cambios", afirmó.



Fuente: Diario Gestión - pag.14, 18 de julio del 2024.