Ante la creciente controversia en torno a la Ley N° 31973 (Ley de Reforma a la Ley Forestal), es importante separar los hechos de las especulaciones. Si bien algunos críticos afirman que la norma fomenta la deforestación, es importante señalar que en realidad tiene el propósito opuesto. Esta ley regula las cuestiones técnicas que ocurren en la agricultura peruana, específicamente las relacionadas con tierras agrícolas no forestales, excluyendo cualquier actividad maderera. No transfiere la propiedad y sólo reconoce el uso actual de la tierra, lo cual es un requisito del título de propiedad, pero no garantiza automáticamente la propiedad, especialmente en casos de conflicto o si la tierra está ubicada en tierra nativa. Tampoco cambia el Código Penal y no tiene impacto en los casos judiciales en curso.
La cuestión técnica que aborda la Ley 31973 es la prohibición de actividades agrícolas en terrenos no aptos para la agricultura. De manera similar, el requisito de solicitar un permiso de cambio de uso antes de plantar se ha convertido en una barrera importante. Esto a pesar de que el propio Estado proporciona derechos de propiedad, así como infraestructura y servicios públicos para sustentar las actividades agrícolas. El sector agrícola corre por lograr la certificación ambiental y próximamente se aprobará el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Agricultura y Riego (Regasar). Esta regulación requerirá, a partir de las operaciones actuales, que los usuarios privados demuestren al estado que otorga el título agrícola que la tierra en la que operan actualmente es adecuada para fines agrícolas. Algo realmente sorprendente resultó ser un ataque sin precedentes a la seguridad jurídica aquí y en cualquier parte del mundo.
Es muy interesante que no se reconoce que la actual ley forestal (Ley N° 29763) permita la deforestación "legal" y en este caso, algunas transferencias de tierras y/o actividades agrícolas son cuestionables. ¿Es una contradicción importante el hecho de que la deforestación esté legalmente permitida pero prohibida para aumentar el valor de la superficie de tierra perdida?
La mayor parte de la agricultura forestal está en manos de pequeños productores y la ley apunta a fortalecer su estatus legal y económico. La formalización de estos agricultores promoverá el desarrollo económico legal y desalentará las actividades ilegales. Por el contrario, si se castiga a los productores agrícolas, muchos de ellos pueden migrar a nuevos bosques para explotarlos y/o convertirse en víctimas de actividades ilegales. Es necesario avanzar en el proceso de formalización de la agricultura, al mismo tiempo que se acelera el desarrollo de una propuesta que complemente la Ley N° 31973. Es necesario mejorar el marco legal actual, minimizando el riesgo de deforestación recurrente. en territorios deshabitados, actividades agrícolas y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Proponemos dejar de emitir nuevas licencias para cambiar el propósito de uso de los bosques viejos, centrándonos en la producción efectiva en áreas que han sido deforestadas.
Autora: Juan Manuel Benites. Fuente: Diario Gestión- pag. 16, 08 de febrero del 2024.