A principios de 2017, el gobierno peruano rescindió la concesión del gasoducto Perú Sur Perú (GSP) a las corporaciones Enagás, Grana y Montero y Odebrecht debido a casos de corrupción que involucraban a Odebrecht. Debido a esta situación, la empresa española llevó al Perú a arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el laudo fue prorrogado. Las expectativas apuntan ahora hacia el primer semestre de 2024.
En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Enagás aseguró que el proceso de preparación de la decisión se encuentra avanzado, de acuerdo con las instrucciones del Tribunal Arbitral. La empresa buscó recuperar su inversión en SHG antes de su cancelación, de conformidad con la cláusula 20 del acuerdo.
Según su plan estratégico, durante la última junta general de accionistas de marzo de 2023, el consejero delegado de Enagás, Gonçalo Aizpiri, esperaba devolver el 50% de la inversión (unos 200 millones de dólares) en 2024 y el resto después de 2023. Un mes después, estimó que se tomaría una decisión positiva a finales del primer semestre de 2023.
Sin embargo, en julio pasado vaticinó que la decisión del tribunal no se emitiría hasta septiembre de 2023. El conflicto de Enagás con Perú comenzó en 2017, cuando el gobierno paralizó el proyecto Peruano Southern Gas Products (GSP), de más de 1.000 kilómetros de longitud. Como resultado, la empresa española solicitó el arbitraje del CIADI, aunque previamente había intentado llegar a un acuerdo.
La empresa busca recuperar su inversión por una suma de 500 millones de dólares. En GSP, Odebrech tiene una participación del 50%, mientras que Enagás y Graña y Montero poseen un 25%, respectivamente. En este proyecto se han invertido 7.328 millones de dólares.
Fuente: Diario Gestión - pag.8. 09 de enero del 2023.