Nuestro país no puede caer en esta situación de ingobernabilidad y permitir que ocurran hechos repudiables, como los hechos delictivos cometidos contra Compañía Minera Poderosa y sus empleados en Patas. Es necesario abordar el problema de la minería ilegal con la complicidad de determinadas facciones políticas y la ineficacia de las fuerzas del orden (a pesar de la declaración del estado de emergencia) y de las organizaciones destinadas a garantizar la seguridad interior. Hoy en día, la actividad criminal prospera frente a la incompetencia y la pereza de autoridades que están más centradas en sus propios intereses y en mantener la impunidad, lo que amenaza cada vez más el futuro del Perú y la felicidad de su pueblo.
Como señala Ricardo Valdez en su libro La propuesta del Bicentenario: El camino hacia el desarrollo institucional (Debate, 2023), la economía criminal que opera en un país determinado moviliza grandes sumas de dinero, en todo el territorio y controla los negocios oficiales y la existencia de la riqueza colectiva. Sus operadores tienen conexiones tanto con el crimen organizado como con la delincuencia común que presta sus servicios. La operación tenía numerosas conexiones con funcionarios del gobierno e incluyó "gastos" relacionados con la corrupción gubernamental. Algunas de estas economías están completamente “normalizadas” por población y están relacionadas con la economía informal. En algunas regiones, impulsa las economías locales, lo que hace extremadamente difícil su erradicación. La minería informal cubre alrededor de 85 millones de hectáreas del país. Además, incluyen importantes empresas formales en la cadena de suministro que les proporcionan recursos o equipos. Este es el caso de la minería ilegal que transfiere la mayor cantidad de dinero.
Según un estudio sobre la economía criminal en Perú realizado por Valdez, Basombrio y Vera, se estima que la minería ilegal genera alrededor de 1.777 millones de dólares. Se trata de una estimación conservadora, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cifra la cifra en más de 2.000 millones de dólares. La industria minera informal está muy extendida en todo el país y proporciona empleo a una importante fuerza laboral. La estimación más conservadora es que estamos hablando de unos cien mil mineros, pero si incluimos a todos los implicados en la cadena de producción de bienes y servicios, llegamos al medio millón de personas involucradas en esta actividad.
Como hemos visto, los mineros ilegales, utilizando medios legales, soborno a funcionarios o simplemente por la fuerza, se apoderan de territorios que no les pertenecen e incluso cometen actos de terrorismo cruel. La interacción con otras redes criminales es evidente y se han establecido patrones graves de extorsión, sicariato y robo, y los propios mineros ilegales son el objetivo de los delincuentes comunes, que a menudo se trasladan a zonas activas y pueblos vecinos. A los delitos de corrupción y fraude fiscal relacionados con la minería ilegal también habría que sumar el blanqueo de capitales. El MTP considera que este es el principal delito de lavado de dinero, superando con creces al fraude fiscal, la corrupción oficial, el contrabando y el narcotráfico.
El proceso de formalización de la minería ha fracasado y la Asamblea Nacional de la República está subsanando este fracaso ampliando el plazo de inscripción en el registro oficial (se han realizado cuatro prórrogas). Esto, en lugar de una mayor formalización, crea un manto de legalidad que permite que continúe la actividad ilegal. De hecho, el 92% de los involucrados en el proceso de formalización no son titulares de licencias y el 64% de los operadores informales tienen licencias de terceros.
Autor: Luis Miguel Castilla. Fuente: Gestión - pag.12, 5 de diciembre del 2023.