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El pasado jueves 23 de marzo, el Congreso de la República debatió y no aprobó un conjunto de modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, entre otras cosas, proponía formalizar y legalizar las actividades agrícolas que se vienen desarrollando hace décadas en bosques deforestados. Más allá del resultado de la votación y de la pertinencia de ajustar algunos de los textos del proyecto de ley que había aprobado previamente la Comisión Agraria del Congreso de la República, es importante mencionar que si no se mejora el marco legal actual, se corre el riesgo de no poder comercializar productos agropecuarios de origen amazónico en el Viejo Continente a partir del próximo año.
Pero, ¿en qué consiste ese riesgo? En las próximas semanas se aprobaría el texto del reglamento comunitario que busca combatir a la "deforestación importada". Dicho reglamento establece que aquellas empresas que deseen comercializar productos en el mercado de la Unión Europea deberán demostrar que aquellos no han contribuido con la deforestación al haber sido producidos en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Esta norma, cuyo objetivo es promover la conservación de bosques y sus ecosistemas en el planeta, puede, sin embargo, si el Perú no toma las previsiones necesarias, afectar negativamente la exportación de productos como café, cacao, palma aceitera, kion, cítricos, entre otros. La razón de dicho riesgo radica, principalmente, en un marco normativo nacional que propicia la informalidad, especialmente en materia forestal y ambiental y no abre opciones para la formalidad de, sobre todo, pequeños agricultores que realizan hace décadas sus labores en tierras deforestadas.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Crecer, sobre la base de estadísticas de la Sunat, el impacto por menores importaciones de la UE de productos peruanos sería de US$ 600 millones a partir del 2024, tomando en cuenta que el 90% de los suelos de la Amazonía son forestales y que poco más del 50% de las exportaciones de la selva se dirigen a Europa.
En particular, las normas peruanas restringen la actividad agrícola sobre suelos que antes fueron forestales o terrenos con pocas capacidades productivas que se encuentran en pendientes o altos niveles de acidez, pues podrían ocasionar que se configure una situación de ilegalidad y, por lo tanto, no se cumpla con las condiciones para exportar sus productos a la Unión Europea. La mayor incidencia negativa de estas normas nacionales se daría en la Amazonía del país, en terrenos que son propiedad de pequeños agricultores que tienen títulos de propiedad o constancias de posesión otorgados por el Estado, así como apoyos en créditos, asistencia técnica y otros servicios públicos que han consolidado desde hace muchos años la agricultura en esa región del Perú.
Recordemos que la Amazonía peruana hoy se ha convertido en el área agropecuaria más importante del país, en extensión y variedad de productos. Aproximadamente 70 productos son la base alimentaria de cerca de 6 millones de peruanos y exportaciones que alcanzan los US$ 1,200 millones por año. Todo este esfuerzo ha sido promovido por el Estado de manera continua e ininterrumpida desde la década de los 70, pasando por estrategias de colonización de la Amazonía, fronteras vivas, reconocimiento de desplazados por la violencia terrorista y, más recientemente, por las estrategias de reconversión productiva en la lucha contra el cultivo ilegal de coca.
En tal sentido, resulta fundamental que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pongan como prioridad generar un mecanismo de adecuación y formalización del agro nacional para que pueda competiren igualdad de condiciones con otros países de la región y del mundo. Es clave que se reconozca el uso actual de los suelos y se evite incurrir en procedimientos ex post que son costosos como la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor (CTCUM) y el permiso de cambio de uso (retiro de cobertura boscosa), cuando la agricultura ya está produciendo en terrenos deforestados desde hace décadas.
Es de esperar, entonces, que tanto el Congreso como el Ejecutivo consideren este grave riesgo para la agroexportación y la economía peruanas, y se logre esta salida normativa (vía la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre) por la que están esperando cientos de miles de agricultores.
Autor: Daniela Door. Publicado por: Gestión, 24 de enero del 2023.