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Hasta hace poco, había dos leyes de hierro para la inversión. Una, popularizada por el premio Nobel Milton Friedman, aseveraba que la responsabilidad de una empresa, por encima de todo, era brindar retornos a sus accionistas. La segunda, promovida por Jack Bogle, fundador de la firma de inversiones Vanguard, postulaba que las comisiones que cobran las administradoras de activos debían ser lo más bajas posible.
Pero la creciente importancia de los criterios am- bientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG) ha debilitado la doctrina de la primacía del accionista, quizás fatalmente. Los fondos ASG globales manejan US$ 7.7 billones en activos, el doble de hace siete años. Incluso el foro Business Roundtable, integrado por CEO estadounidenses, declaró el 2019 que las empresas deben poner los intereses de una variedad de clientes, consumidores y comunidades al mismo nivel que los de los accionistas.
Pero como todas las revoluciones, esta ha genera- do una reacción. La postura anti-ASG está florecien- do. Vivek Ramaswamy, autor de "Woke, Inc." y cofundador de Strive Asset Management, anunció el 21 de febrero su candidatura a la nominación del partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. La firma que dejó para perseguir sus ambiciones políticas promueve fondos cotizados (ETF) y servicios de delegación de votos que rechazan lo que ve como politización de la gobernanza corporativa.
La legislación anti ASG también se está propagando por las legislaturas estatales del país. En febrero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de quien tam- bién se espera que compita en las primarias republicanas, propuso una legislación que prohíbe el uso de criterios ASG en todas las decisiones de inversión del estado. Dado el rol supervisor que numerosas legislaturas estatales tienen sobre los fondos de pensiones públicos, muchos de los cuales poseen cientos de miles de millones de dólares en activos, este tipo de normativa podría tener fuertes implicancias en la administración de activos.
El movimiento ASG tiene abundancia de problemas. Determinar si un activo cumple los criterios ASG es complejo y proclive a arbitrariedades, medición inadecuaday pavoneo. Los partidarios de la inversión responsable quieren el oro y el moro, pues insisten en que enfocarse en los grupos de interés ("stakeholders") también es positivo para los accionistas.
Sin embargo, al defender la ley de Friedman, los anti-ASG enfrentan dificultades con la otra parte del canon de la inversión, la importancia de las bajas comisiones. En estos momentos, tomar posición en contra de la ASG es mucho más casero que respaldarla. Esto es particularmente cierto cuando se trata de las leyes anti-ASG, que están más preocupadas en fustigar a las empresas que promueven la ASG que en priorizar los retornos de los accionistas y reducir costos para los contribuyentes.
Un estudio de Daniel Garrett, de la Universidad de Pensilvania, e Ivan Ivanov, de la sede de la Reserva Federal en Chicago, halló que las leyes anti-ASG en Texas, que tuvieron el desafortunado efecto colateral de reducir el número de suscriptores de bonos, elevó los costos financieros de los emisores entre US$ 300 millones y US$ 500 millones en sus primeros ocho meses.
En tanto, un proyecto de ley anti-ASG en Indiana fue suavizado luego de que el supervisor fiscal señalase que reduciría en 1.2 puntos porcentuales los retornos anuales de los fondos de pensiones públicos, porque impediría la participación de muchos administradores de activos y limitaría la inversión en el sector de capital de riesgo y, por ende, de los mercados privados.
De manera similar, el costo de los ETF anti-ASG es considerable y sus beneficios, cuestionables. El ETF más popular de Strive, DRLL, se enfoca en el sector energético estadounidense y cobra comisiones anuales de 0.4%, frente a 0.1% de XLE, el ETF energético más grande, creado por la firma de inversiones State Street Global Advisors. Esto significa un enorme costo para los retornos totales de los inversionistas.
Cualquier éxito que Strive obtenga en cambiar la gobernanza corporativa y elevar los retornos también será beneficiosa para tenedores de otros fondos energéticos. Por ende, sería bueno aconsejar a un inversionista opuesto al progresismo que opte por fondos con menores comisiones y esperar si los esfuerzos de los activistas anti ASG resultan en algo. Y podría ser una larga espera: es difícil saber exactamente cómo los ofrecimientos anti ASG ampliarán a su audiencia más allá de los activistas más comprometidos con la causa.
Para un inversionista pragmático, que todavía cree en la doctrina de Friedman, el movimiento anti-ASG tendría un obvio atractivo si se volviese menos costoso. Pero por el momento, solo existe una decisión racional, pues inversionistas y contribuyentes están en una posición mejor cuando siguen la corriente.
Eso significa aceptar la inversión responsable en lugar de pagar grandes sumas por oponerse a ella.
Autor: The Economist., Gestión. 09 de marzo del 2023.