Si hubiera que elegir una iniciativa por la cual el gobierno de Pedro Castillo pasará a la historia, en medio de tantas medidas decepcionantes, esa sería la ley de impulso a la masificación del gas natural (P.L.679/2021), norma elogiada de forma casi unánime por los agentes del sector hidrocarburos.
Al menos, en su versión original.
Y es que, desde que el proyecto fue remitido al Congreso de la República, en noviembre de 2021, ha sufrido varias modificaciones que han desvirtuado su espíritu primigenio, cuales, dara las regiones la misma oportunidad que tienen Lima e Ica de "contar con un combustible barato para el transporte y los hogares", apunta Pedro Gamio, ex viceministro de Energía.
"Hablamos de pagar poco más de S/20 mensuales (por el servicio de gas natural) en vez de S/60 o S/70 por un balón GLP. Esa es la gran diferencia", refiere el ex funcionario.
El problema es que esta diferencia es más acusada en Lima e Ica, regiones con grandes redes de ductos, que en las otras concesiones de gas natural, donde aplica el sistema de 'gasoductos virtuales', el cual no es otra cosa que el transporte del gas natural licuefactado en camiones cisterna, logística que encarece las tarifas para los hogares e industrias.
Como consecuencia,existen "precios finales del gas natural muy diferentes a lo largo del territorio nacional", que crean desigualdad y un potencial desincentivo del consumo, indica el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
De acuerdo a cifras del ministerio, el precio promedio del gas natural para un hogar limeño se ubica en US$ 11,2 por millón de BTU, mientras que la tarifa para el norte y el sur del país asciende a US$ 19,1 por millón de BTU.
Esto es, una diferencia de 70%. Y otro tanto ocurre con las tarifas industriales, que son dos veces más altas en el norte y casi tres veces mayores el sur.
Idas y vueltas
Para eliminar estas distorsiones y promover la masificación del gas natural en las regiones, el Gobierno de Pedro Castillo remitió al Congreso de la República el P.L. 679/2021, que "busca dos objetivos principales", refiere Renato Lazo, director de Energía ConTacto.
"Uno consiste en emplear los recursos del FISE, el SISE y el canon para construir y extender las redes de gas natural. Y otro es que las regiones tengan la misma tarifa (tarifa nivelada) porque todas pagan más de lo que paga Lima", anota el especialista.
De esta manera, Lima dejará de ser la única gran beneficiada con el uso de dicho energético, el más abundante y barato con que cuenta el Perú.
Hasta ahora, sin embargo, poco se ha avanzado en este esfuerzo. Y la razón, explica Lazo, es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso viene demorando la aprobación del proyecto de ley con correciones, muchas veces, innecesarias, como aquella que proponía excluir de los alcances de la norma a los concesionarios privados, medida que dejaba de lado a todas las regiones con servicio de gas natural.
"Y otro absurdo fue el que limitó el benefició a los usuarios más pobres, cuando se sabe que el mayor consumo (de gas natural) genera las economías de escala para financiar las conexiones de las familias humildes, ya que se trata de un subsidio cruzado", añade Pedro Gamio.
Estas incongruencias fueron observadas por el Ejecutivo en agosto de 2022 y corregidas por la Comisión de Energía y Minas en un nuevo dictamen que fue presentado a debate el pasado 28 de diciembre, pero con nuevas modificaciones que vuelven a despertar la alarma de los agentes del sector gasífero.
La más perjudicial, a entender de estos, es la propuesta de la congresista Diana Gonzáles (Avanza País), la cual limita la aplicación de la tarifa nivelada a los usuarios que consumen hasta 100 mil m3 de gas natural por mes.
Es decir, a "los hogares, alguno que otro comercio y a los usuarios de gas natural vehicular", señala Walter Sciutto, gerente general de Contugas, concesionario del gas natural para la región Ica.
Francis Paredes Castro, congresista de Perú Libre, ha sido clara en señalar que el objetivo de esta propuesta es "evitar que las grandes empresas se beneficien del subsidio que se va a dar para masificar el uso del gas natural".
En la práctica, sin embargo, esta novedad acarraría adversas consecuencias para la competitividad de las regiones.
Lima versus regiones
Cabe recordar que el objetivo de la tarifa nivelada o estampilla es unificar las tarifas de todas las concesiones presentes y futuras para que sean igual de competitivas.
Para ello, la concesión que maneja el mayor volumen de gas natural, en este caso, la de Lima (Cálidda), subsidiará a las demás concesiones en un monto que no debe superar los US$40 millones anuales durante el primer cuatrienio, según estimaciones del Minem.
A entender de Erick García, ex director general de hidrocarburos del Minem, esto es "poco para lograr la masificación del gas a nivel nacional", sobre todo, si se compara con los US$ 300 millones o US$ 400 millones anuales que demanda el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Techo para el gas
Por estas consideraciones el Minem ha propuesto a la Comisión de Energía y Minas fijar el techo para la tarifa nivelada en 900 mil m3 mensuales.
Esto es, el límite que separa a los consumidores regulados (menos de 900 mil m3) de los consumidores libres (más de 900 mil m3), caso de los generadores termoeléctricos, fundiciones y siderurgias.
Víctor Murillo, ex viceministro de Hidrocarburos, considera, sin embargo, que esta sigue siendo una barrera discriminatoria que perjudica el desarrollo industrial descentralizado.
"Lo lógico es que se incorporen en la tarifa nivelada a todos los usuarios, libres y regulados, sin límites de consumo, porque eso es lo que se necesita para que la demanda de gas natural crezca. De lo contrario el Estado seguirá poniendo recursos", concuerda Walter Sciutto.
Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), presidente de la Comisión de Energía y Minas, ha sido enfático en señalar que priorizará el dictamen congresal del P.L. 679, "incluyendo los aportes de la congresista Diana Gonzales".
No obstante, dio a conocer que la Comisión evaluará las recomendaciones del Minem. La versión final del dictamen será debatida el próximo miércoles 4 de enero con los aportes del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y de representantes de Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fuente: El Comercio, 02 de enero del 2022.