Hace solo 30 años, la energía que recibíamos en nuestras casas y negocios se generaba, transmitía y distribuía a través de empresas públicas. Las tarifas se fijaban con criterios políticos sin mayor preocupación en la sostenibilidad financiera del servicio o la expansión de cobertura que alcanzaba solo la cuarto parte de la demanda.
Como pasa con toda empresa pública, sus pérdidas por aproximadamente 200 millones de dólares al año, eran socializadas, es decir que las pagábamos todos los peruanos. Las tarifas solo cubrían el 40% de los costos reales del servicio, en tanto el 60% era subsidiado y se reflejaba en esos 200 millones antes aludidos. Ergo, un servicio exclusivo, de poca cobertura, íntima calidad y que dejaba pérdidas gigantescas al erario público.
No debe sorprender, por tanto, que 5 de cada 10 peruanos no tuvieran acceso al servicio, que tomara 45 días la instalación de un medidor domiciliario o que la atención de una emergencia fuera atendida hasta en 27 horas.
El sector eléctrico sufrió un profundo cambio que tuvo básicamente tres pilares. Primero, se separaron las distintas actividades de generación, transmisión y distribución, lo que permitió determinar costes en cada tramo del servicio de manera independiente. Adicionalmente, se establecieron metologías para el cálculo de tarifas y, por último, se trasladó a manos privadas una parte importante del sector.
La cobertura de este servicio en los hogares ha tenido un significativo avance, como principal resultado de las reformas implementadas: de 64.8% en 1993 a 95.6% en 2019, y en las zonas rurales de 7.7% en 1993 a 83.5% en 2019.
La mayor demanda de electricidad que supuso el crecimiento de las clases medias, así como el desarrollo de diversas actividades industriales y productivas, pudo ser satisfecho como una inversión de algo más de 20 mil millones de dólares, de los cuales 17 mil millones provinieron de la inversión privada. Todos esos empleos que generaron estas actividades económicas, no existirían si la electricidad no hubiera estado acompañando la demanda.
Por último, no podemos dejar de resaltar que pasamos de tener una matriz energética con casi 40% de generación térmica con combustibles fósiles a una donde el gas representa casi el 38%, y la energía hidráulica y renovables el 62%. Gran noticia para el medio ambiente.
Se ha avanzado mucho, pero aún hay más de un millón de peruanos sin acceso a electricidad (Enaho 2021), y subsisten problemas de calidad en la distribución, especialmente en regiones, donde la cantidad de horas y la estabilidad de la corriente dejan aún mucho que desear.
En el sector eléctrico falta, pues, poner el foco en la cobertura en zonas alejadas a través de asociaciones público-privadas que permitan cerrar esta brecha de cobertura y evaluar mecanismo de participación privada en las empresas regionales eléctricas que hagan posible, mediante mayor inversión y una mejor gestión, mejorar la calidad del servicio.
De manera similar a Sedapal, las distribuidoras regionales bajo el ámbito de Fonafe podrían hacer uso de estas modalidades de inversión. Por ejemplo, Hidrandina podría impulsar proyectos APP para llegar al 26.7% de huaracinos y 15.3% de trujillanos que no tuvieron acceso regular a la energía eléctrica en 2020.
El acceso a la energía eléctrica mejora la calidad de vida y aumenta las oportunidades. No solo ofrece más horas para estudio a los niños, reduce la ocurrencia de enfermedades por falta de conservación de los alimentos o habilita los distintos servicios de salud o de conectividad, sino que es fundamental para el desarrollo de otras actividades económicas que generan empleo y bienestar. Se ha hecho mucho y bien, pero hay todavía un tramo que avanzar.
Autor: Leonie Roca. Publicado por: Gestión, 03 de agosto del 2022.