Durante más de un mes, manifestantes en Panamá bloquearon autopistas, ocasionando desabastecimiento de alimentos y medicinas en un país que en los últimos 30 años ha disfrutado estabilidad social y política y un crecimiento económico sosteniendo. El blanco de las protestas era el precio de los combustibles, que subieron casi 50% en los seis primeros meses del año. El conmocionado Gobierno del presidente Laurentino Cortizo accedió a rebajar el precio de la gasolina de US$ 5.20 a US$ 3.25 el galón.
Pero las protestas continuaron, pues los sindicatos exigieron otros controles de precios para mitigar el costo de vida. Panamá está lejos de ser la única. El costo del petróleo se ha disparado desde la invasión de Rusia a Ucrania, en febrero, y con un alza generalizada del resto de precios, muchos gobiernos de América Latina han implementado o incrementado subsidios al combustible para aplacar a los manifestantes o para evitar que surjan protestas.
En junio, a fin de poner fin a casi tres semanas de desórdenes, durante las cuales siete personas murieron, el presidente promercado de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó subsidios para combustibles y fertilizantes, los que equivalen a alrededor de 0.8% del PBI del país, según cálculos de JP Morgan.
El presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, que busca un segundo periodo en las elecciones de octubre, ha estado presionando a Petrobras, la gigante controlada por el Estado, para que abarate sus productos. El 27 de julio, la compañía informó que revisaría su política de precios. En México, los precios de las gasolinas están 35% por debajo de lo que deberían estar debido a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado enormes sumas de sus ingresos petroleros en un subsidio equivalente a 1% del PBI mexicano.
En abril, cuando estallaron protestas en Perú, el Gobierno exoneró de impuestos a los combustibles y anunció otras rebajas impositivas que quizás sumaron 0.9% del PBI. En julio, en República Dominicana, el Gobierno suspendió un plan para retirar subsidios a la electricidad. Tanto Chile como Colombia han aumentado fondos de estabilización que suavizan el alza de precios de combustibles. En Argentina, un acuerdo con el FMI que incluye reducir subsidios energéticos le costó el puesto de ministro de Economía a Martín Guzmán.
No es difícil entender por qué los gobiernos son tan sensibles al precio del combustible. América Latina es una región de largas distancias donde las carreteras son primordiales para el traslado de personas y bienes. En 1989, una abrupta decisión de Carlos Andrés Pérez, poco después de su fastuosa investidura como presidente de Venezuela, de duplicar el precio de la gasolina desencadenó disturbios que se cobraron unas 400 vidas, desacreditaron la democracia venezolana y allanaron el camino para Hugo Chávez, un autócrata populista elegido diez años después.
El 2018, cuando Brasil comenzó a eliminar gradualmente subsidios a combustibles, una huelga de camioneros que duró quince días paralizó al país y ayudó a Bolsonaro, que la respaldó, a ganar las elecciones. El 2019 en Ecuador, el antecesor de Laso, Lenín Moreno, casi fue derrocado por una insurrección de grupos indígenas e izquierdistas a combustibles.
Si bien dichos subsidios pueden ser buenos como estrategia política, son malos como política económica. Debido a que los ricos consumen más gasolina que los pobres, los subsidios no hacen nada para reducir la inequidad. Y se contraponen a los compromisos de la región de reducir el uso de combustibles fósiles para combatir el cambio climático. Sería mejor amortiguar el impacto de la inflación vía transferencias focalizadas, pero estas medidas carecen del impacto político de los límites de precios.
Será difícil para muchos gobiernos financiar subsidios por lago tiempo y aunque ayuden con la inflación, aumentan los déficits. La recuperación por la pandemia en América Latina fue más robusta de lo esperado, en parte debido a los altos precios de sus exportaciones de petróleo, metales y comestibles. El FMI ha elevado su proyección de crecimiento de la región para este año de 2.5% a 3%, pero redujo su cálculo para el próximo año, de 2.5% a 2%.
La inflación despegó en la región el año pasado, obligando a los bancos centrales a subir tasas de interés. Dado que los gobiernos ofrecieron alivio en la pandemia, la deuda pública creció un promedio de 58% del PBI el 2019 a 72% el año pasado, según el BID. Tasas de interés más altas significa que el servicio de esa deuda es más costoso.
Las inquietudes fiscales están "emergiendo de nuevo y serán más feas en la segunda parte del año", sostiene William Jackson, de la consultora Capital Economics. Aparte de Argentina y quizás Ecuador, los gobiernos no enfrentan problemas de financiamiento inmediatos, señala. "Pero en algún momento la región tendrá que realizar un ajuste fiscal". Los líderes políticos tendrán la esperanza de que para entonces, los precios del petróleo estén cayendo.
Autor: The Economist. Fuente : Gestión, 09 de agosto del 2022.