En nuestro país, la gestión ambiental es un componente del desarrollo nacional, que se expresa en diversos instrumentos de política pública desarrollados en las últimas décadas; por ejemplo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Política Nacional del Ambiente, el Plan de Competitividad y Productividad, entre otros. La Política Nacional del Ambiente al 2030 (D.S. 023-2021), aprobada en julio de 2021 durante la transición de gobierno, evidenció afectaciones a los ecosistemas y a la calidad ambiental. Por ello, dicha política plantea la reducción de la fragilidad de los ecosistemas, la conservación de la diversidad biológica y la recuperación de los ecosistemas para mejorar la calidad de vida, para lo cual será clave la participación del Estado, el sector privado y de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, en el último año, el sistema de gestión ambiental nacional enfrentó uno de los mayores desastres ecológicos de su historia: el derrame de 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, desnudando así nuestra fragilidad institucional en materia ambiental evidenciada en una respuesta tardía y desarticulada por parte del Estado, como señala la Defensoría del Pueblo. Como consecuencia de ello, se incrementaron los costos económicos, sociales y ambientales, en términos de pérdida de ingresos, afectaciones a la salud y graves consecuencias a flora y fauna del mar peruano.
Este escenario pone sobre la mesa la urgencia de evaluar los sistemas de alerta temprana, la supervisión de planes de contingencia, el diseño de protocolos pertinentes y mecanismos de coordinación de alto nivel para la atención de desastres ambientales. Además, son cruciales acciones concretas y articuladas entre las diferentes instancias del Estado, empresa privada y sociedad para alcanzar nuestros objetivos ambientales al 2030.
La conservación de la diversidad biológica es un objetivo es un objetivo que invita a la cooperación entre los sectores púbico y privado, a través de la promoción de cadenas de valor sostenibles que faciliten el acceso a mercados de productos derivados de la diversidad biológica a fin de incentivar su conservación.
El rol del ciudadano es importante en la gestión ambiental, ya que es quien toma decisiones diarias de consumo y participa en su localidad para un mejor manejo de recursos y la calidad ambiental.
Al 2030, se requiere una institucionalidad ambiental fortalecida con capacidad de gestión efectiva, orientada al logro del objetivo planteado al 2030 en la Política Nacional del Ambiente. Que el hartazgo no marchite nuestra esperanza y derecho a un ambiente saludable que contribuye la calidad de vida de la población.
Autor: Rosario Gómez. Publicado por: Gestión, 23 de agosto del 2022.