El contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano se dio por terminado en el 2017, sin que se haya podido completar su construcción, afectando el proceso de masificación del gas natural. Desde esa fecha, el Estado (a través del Osinergmin) paga anualmente cerca de US$ 40 millones por la preservación y mantenimiento de los activos existentes (ductos y equipos) que no son de propiedad del Estado. A la fecha, se ha pagado más de US$ 200 millones por su preservación. ¿Hasta cuándo se seguirá pagando sin tener claridad sobre lo que se va a hacer con ellos?
Asimismo, dos de los accionistas del concesionario iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado exigiendo se les retribuya el valor de lo invertido en los activos (aproximadamente US% 2 mil millones). ¿Qué sucedería si el resultado es desfavorable para el Estado y nos vemos obligados como país a pagar sumas millonarias por este concepto?
En el 2018, el Estado solicitó a una consultora internacional especializada una evaluación sobre las alternativas para llevar gas natural al sur (Proyecto SIT-GAS). El informe determinó que la mejor alternativa para el SITGAS es utilizar el mismo trazo que el Gasoducto Sur. Recientemente, el actual gobierno, a través de una Comisión Multisectorial (liderada por la PCM), realizó un informe determinado la necesidad de masificar el gas natural utilizando el SIT-GAS. Además, consideró necesario utilizar los activos existentes que se encuentran bajo custodia de Osinegmin.
Actualmente, el suministro de gas natural para el 40% de nuestra generación eléctrica, la exportación de gas natural, el transporte, consumo industrial y consumo residencial, dependen de un sol ducto de transporte. Sin embargo, hoy no existe alternativa que garantice la continuidad del suministro de dicho gas natural. El proyecto del Gasoducto Sur contemplaba la construcción de un ducto de seguridad que permitiría reducir los riesgos de cortes.
Es fundamental tomar decisiones. Mientras ello no ocurra, Osinergmin seguirá pagando los US$ 40 millones anuales sin un fin definido.
Además, existen termoeléctricas operativas en Mollendo e Ilo diseñadas para funcionar con gas natural que, en caso de que sean requeridas, deberán consumir diésel, lo que impactaría que produzca. Actualmente, el Estado viene desembolsando cerca de US$ 100 millones anuales por pago de potencia disponible a favor de dichas centrales al operar como reserva fría.
Una vez conectados al gasoducto del sur, podrían actuar como central de generación permanente, lo que permitiría el ahorro de esos pagos.
Al depender nuestro consumo de gas natural de un solo ducto, no existe alternativa en caso de interrupción y no se puede avanzar de manera eficiente con la masificación del gas natural, que es un recurso abundante en el Perú y a un precio regulado. Entonces, seguiremos dependiendo de recursos que debemos importar y cuyos precios no controlamos.
Creemos que hay espacio para retomar el proyecto y ponerlo en operación en un plazo relativamente corto, comparado con cualquier otra opción. Para ello, se debería (i) completar la construcción del gasoducto a través de un Acuerdo Gobierno a Gobierno (GSG), utilizando los ductos y equipos del proyecto anterior (lo cual pasa por llegar a un acuerdo con el concesionario para pagar los activos y cerrar los arbitrajes) y (ii) en paralelo, convocar a un concurso internacional para otorgar en concesión la operación y mantenimiento, apenas este sea entregado al Estado por el constructor contratado mediante el G2G.
Autor: Eduardo Guevara/Juan José Cárdenas. Publicado por: Gestión, 19 de julio del 2022.