El denominado corredor minero del sur andino se ha convertido en el centro neurálgico de la conflictividad social en el país. Las sucesivas paralizaciones de los últimos meses, en varios tramos de sus casi 500 kilómetros, son una clara muestra de una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y expectativas también son va riadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.
Se intenta improvisar salidas, pero la sensación que queda es que seguimos sin entender los problemas de fondo que están detrás del conflicto. Por ejemplo, si se habilita una vía alter nativa para el transporte de minerales, ¿no se corre el riesgo de trasladar los impactos a nuevos territorios y, por lo tanto, el ámbito del conflicto se estaría ampliando? ¿El conflicto se soluciona asfaltando la carretera? ¿El problema es una supuesta politización de la PCM o, más bien, debería preocuparnos la debilidad institucional de este organismo que es una característica que atraviesa a todo el Estado peruano?
Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a un conflicto que se ha complejizado, una posibilidad es hacer un giro radical en su abordaje. Para ello debemos partir por reconocer que el denominado corredor minero del sur fue una imposición unilateral a toda la población de las zonas alto andinas de Apurímacy Cusco: la empresa minera, los gobiernos loca les y regionales convirtieron abruptamente tierras comunales y de particulares en vía pública para asegurar el transporte de más de 300 camiones diarios car gados de minerales.
Posteriormente, el gobierno nacional clasificó la vía como nacional. Debe quedar claro que en las provincias altas de Apurímac y Cusco se hizo algo que bajo ninguna circunstancia se haría, por ejemplo, en una ciudad como Lima o en otra área urbana: construir una vía sin negociar previa mente con los propietarios de los predios, llegar a acuerdos, hacer una expropiación formal y pagar justiprecio.
Por lo tanto, un primer paso es convertir el mal llamado corredor minero del sur andino en una vía por donde transiten las visiones y proyectos de las poblaciones de esas provincias altoandinas. Hay que corregir lo que se hizo mal: la vía actual que ha sido tomada por la minería debe convertirse en el corredor de las poblaciones y de sus proyectos de vida, donde por supuesto la minería tiene un espacio.
Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sir ven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para el corredor, donde estén representados el Estado (nacional y sub nacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones.
Reconocemos que la tarea no es sencilla. Para comenzar se necesita el compromiso de todos los actores mencionados y el liderazgo de las organizaciones representativas de las poblaciones para generar las condiciones básicas para poner en marcha el nuevo enfoque.
Sin embargo, está claro que es necesario hacer un giro en el abordaje del conflicto. A la par que se atienden demandas puntuales, comencemos a darle con tenido a una propuesta de verdadera gobernanza para el corredor del sur andino, que debe convertirse en mucho más que una zona de tránsito de minerales.
Autor: José de Echave. Fuente : Gestión, 05 de abril del 2022.