.jpg)
El sábado 15 de enero, un derrame de petróleo en las costas del norte chico del país dañó irreversiblemente nuestro ecosistema marino.
Repsol, la compañía responsable de esta tragedia, tardó en pronunciarse y lo hizo cuando la presión de los medios internacionales y los daños eran cada vez más evidentes. Las imágenes del crudo asfixiando y acabando con la vida de animales marinos y aves costeras inundaban las redes sociales, mientras solo algunos medios locales audiovisuales y escritos cubrían la noticia.
Asimismo, los testimonios de decenas de pescadores imposibilitados de hacerse a la mar en busca de su sustento diario se hacían virales en cuestión de minutos. Esta tragedia nos recordó varios similares en la Amazonía entre el 2000 y el 2019: casi 500 derrames. ¿Quiénes son los afectados directos? Las comunidades, los animales silvestres, nuestra fauna y, por supuesto, las actividades económicas realizadas en las zonas perjudicadas por la negligencia empresarial.
El turismo es una de ellas. Se calcula que las pérdidas económicas en el sector bordean los S/200 millones. Pero, por sobre todo, ha afectado la vida de familias de pescadores que habitan los poblados costeros de Ventanilla, una zona vulnerable que hoy padece una catástrofe para la que, hasta el momento, no existe salida. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas y, por otro lado, cuán débil es el Estado para exigir sanciones en estos casos?
La refinería La Pampilla está ubicada en el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, un espacio geográfico con altos niveles de pobreza. Lo mismo sucede en oriente. Las refinerías en aquella región pueblan espacios de comunidades precarizadas. Otro ejemplo de escasez de recursos lo constituye la provincia de Talara, donde opera una refinería en una de sus más hermosas playas, Lobitos.
Nos encontramos nuevamente con empresas transnacionales ocupando territorio y comunidades que cohabitan bajo condiciones infrahumanas, expuestas a la contaminación de sus aguas, sus ríos y sus alimentos. El derrame nos ha permitido ver en forma directa y sin filtro el impacto inmediato del petróleo en la vida de animales.
En ese sentido, cabe preguntarnos si las empresas están tomando las recomendaciones de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS). Recordemos que tenemos un compromiso ambiental de índole global y, aunque aún faltan nueve años para el plazo marcado por la Agenda 2030, ¿estamos en camino de alcanzarlos?
Los 17 ODS llaman a los Estados a contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático y alcanzar el ansiado desarrollo sostenible proyectado. En el ámbito del turismo, por ejemplo, se propone, entre otras acciones, la erradicación del plástico. No obstante, nos encontramos ante una ausencia de marco normativo que no solo regule o sancione a los responsables de desastres medioambientales como el descrito, sino también que afronte la ausencia de un fomento de la sostenibilidad empresarial.
Es francamente desesperanzador ver cómo empresas de la talla de Repsol ignoran sus responsabilidades, evidenciando falta de interés por alcanzar tales objetivos a tiempo. Tampoco parecen estar comprometidas en propiciar transformaciones hacia una economía que impacte en un desarrollo sostenible de forma local y mundial.
Estos cambios necesarios podrían mejorar la vida de las comunidades colindantes a las industrias extractivas y sus potenciales perjuicios. Asimismo, obligarían a las empresas a operar responsablemente bajo marcos mejor establecidos y con planes de contingencia sólidos frente a este tipo de accidentes. Exigimos que la responsabilidad social empresarial o el desarrollo sostenible no sean solo construcciones verbales eufemísticas. Esperamos que la falta de compromisos no se convierta en una marea negra que lo mancha y lo opaca todo.
Autor: Inés Ruiz Alvarado. Publicado por: El Comercio, 31 de enero del 2022.