Apostemos por una Ley de Aguas moderna y eficiente
 

Por ComexPeru

El proyecto de “Ley de Recursos Hídricos”, en discusión en el Congreso, ha sido esperado por más de veinte años. Lamentablemente, tenemos serias observaciones sobre los proyectos trabajados y la forma de la última aprobación, es decir, bajo la inaceptable amenaza de un injustificado paro agrario por la poco Representativa Junta Nacional e Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), organización formada en los ochenta que agrupa a los usuarios de agua para uso agrícola.


Antecedentes

En nuestro país, se desperdicia irresponsablemente el agua como consecuencia de un arcaico sistema de acceso y uso del recurso que data de 1969: Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº 17752). El modelo era de propiedad estatal (el Estado administraba y asignaba de forma directa el agua) que se volvió insostenible en el tiempo porque estaba diseñado para un agro concentrado en pocos productores y una administración publica de amplia cobertura. Asimismo, resulto costoso para el Estado e ineficiente porque el subsidio estatal al servicio distorsiono sus costos reales e incentivo un mal manejo del recurso.

Los enormes costos de la administración, sumados a las crisis económicas de los setenta y ochenta, hicieron imposible que el Estado continuara con dicha labor, lo que origino conflictos con los usuarios (principalmente organizaciones de regantes), quienes se resistían a asumirlos. Por ello, el Estado les delego las funciones de cobro de tarifas, administración y mantenimiento a fines de los ochenta por medio del Decreto Supremo Nº 037-89-AG. Como estas organizaciones carecían de experiencia, recursos o conocimientos técnicos, la administración del agua continuo siendo deficiente y los precios siguieron sin reflejar los verdaderos costos de la provisión del recurso, y en muchos sectores se abandono el mantenimiento de la infraestructura de riesgo.

Nueva Ley de Recursos Hídricos: ¿luz al final del túnel?

Dado que han existido varias modificaciones en los últimos meses, se prefiere mencionar los puntos mas importantes que debería incluir la ley para realmente contribuir con el desarrollo productivo y el uso eficiente y sostenible de este vital recurso.

Orden, planificación nacional y representatividad.

Uno de los aspectos positivos del proyecto de ley original es que consolida todos los decretos “parche” que, a través de los años, tuvieron que, aparecer para que el sistema imperante no colapse o sea un impedimento al desarrollo del país (en materia minera, industrial, turística, o agrícola, por ejemplo). Es decir, se ordenan y clarifican las “reglas del juego”.

Asimismo, se encarga a la recientemente creada Autoridad Nacional del Agua (ANA) la función de velar por el cumplimiento de las normas y de otorgar o quitar los derechos de uso del recurso para alcanzar un manejo eficiente del agua; esto es, se centraliza esta función y responsabilidad. No obstante, para que su margen de acción no este condicionado o limitado, se necesita:

- Un reglamento claro y técnico que potencie su accionar.
- Evitar politizar la junta directiva con el sobre dimensionamiento de algunos sectores que han probado carecer de una opinión técnica e imparcial.

Se debería incluir al menos un representante del sector empresarial improductivo.

Priorización de actividades productivas más eficientes y con mayor impacto
Es necesario que, dada la escasez del recurso y luego de asegurar la provisión para el uso primario y poblacional, la ley priorice su utilización en actividades productivas de mayor impacto al bienestar general y de manejo mas eficiente. Por ello, antes de proponer una jerarquización de actividades a priori, se deben evaluar variables técnicas como productividad, generación de empleo, recaudación fiscal, impacto ambiental, grado de eficiencia en la utilización del agua, entre otras, en cada proyecto.
 

Propiedad del agua y los proyectos de infraestructura hidráulica

Los diferentes proyectos clarifican que no existe propiedad privada sobre el agua en si porque es patrimonio de la Nación. Sin embargo, preocupa que l proyecto aprobado el 1 de marzo indique que “su administración solo puede ser otorgada y ejercida sin fines de lucro” (Art. 2º). Por mas buenas intenciones que existan, a estas alturas, es claro que solo la participación de la iniciativa privada, precisamente en la gestión del agua (inversión, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura, operación del sistema, etc.) podrá lograr que todos los peruanos gocemos de agua potable de manera segura y continua y que se utilice en las actividades mas productivas.

También preocupa que en el Art. 105 de dicho proyecto, se indique que en “proyectos de infraestructura hidráulica en tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, se incorporara a estas como socios, una vez que opere el proyecto”. Es evidente que debe existir una retribución completamente satisfactoria por el uso de las tierras campesinas o nativas, pero ello no necesariamente significa propiedad sobre el proyecto.

Las claves

Derechos de uso y tarifas

Se debe aprovechar este ordenamiento para “replicar” lo mas parecido a un “mercado de aguas” que fortalecería los derechos privados sin tener que privatizar propiamente el sistema y con precios (tarifas) que reflejen costos reales para el manejo sostenible. Para ello, se propone:

1. La posibilidad de transferir los derechos de uso entre privados.
2. Horizontes de tiempo largos, pero determinados que generen estabilidad y atraigan inversión (no “indeterminado” como en el proyecto actual).
3. Tarifas que reflejen los costos de la gestión del agua y los propios de su uso, algo que hoy no existe y que el proyecto tampoco vislumbra. Todo ello regulado por el ANA, dad la particularidad de este “mercado”.

Cifras y Datos

Para tener una idea de la ineficiencia, del modelo actual, el estudio “Mercado de aguas: viabilidad y potencialidades de un instrumento para la reforma, de la gestión hídrica en el Perú” (E. Zegarra, 2004), calcula que la agricultura costeña, uno de los mayores usuarios, tiene un uso efectivo de apenas un 30% del agua entregada; es decir, 70% se pierde en el océano, por evaporación, o filtraciones.

El MINAG señala que un 30% de las tierras agrícolas costeñas tiene problemas de salinización a causa del mal uso del agua en la agricultura.