En una zona marcada por el avance indiscriminado de los madereros, saber distinguir el ruido de una motosierra del de una moto puede ser decisivo para sobrevivir. Atento a los sonidos, Kaxinawá de repente se muestra preocupado. “Viene una moto por el camino que está detrás de nosotros. ¡Vámonos inmediatamente!”, les dice a sus parientes indígenas. Sin discutir, todos desaparecen rápidamente por el estrecho camino de tierra que lleva a la única aldea de la tierra indígena.
El temor que tienen Kaxinawá y los demás indígenas de encontrarse con matones o usurpadores de tierras armados dentro de su territorio no es infundado. Dos días antes de que EL PAÍS visitara el lugar, a finales de agosto, el único puente que permitía el acceso por tierra al territorio karipuna había sido destruido con motosierras. “Los troncos todavía estaban bien”, dice Eric Karipuna, de 24 años, señalando los cortes hechos en uno de los gruesos troncos que servían para pasar sobre un arroyo. “Fue una represalia de los madereros”, explica, poco después de que la inspección de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) expulsara a seis no indígenas que estaban prendiendo fuego en la misma zona de donde los karipunas habían huido momentos antes. Sin el puente, se quedaron aislados. “Ahora los equipos sanitarios no tienen forma de llegar hasta aquí”, se lamenta Karipuna, ya en la aldea donde viven 60 indígenas.
La mayor parte del territorio de los karipunas se encuentra en Porto Velho, la capital brasileña de los incendios forestales. Entre enero y mediados de agosto de este año fue el municipio con más incendios forestales del bioma amazónico. Durante este período, el Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE por sus siglas en portugués) identificó 521 puntos que teñían el horizonte con una niebla espesa. Ahí se dibuja una nueva frontera agrícola brasileña. El Estado prácticamente triplicó su rebaño bovino entre 1999 y 2019: de 5,4 millones de cabezas a 14,3 millones. El estado de Rondonia tiene el sexto mayor rebaño bovino del país.
Los incendios descontrolados y el aumento de la devastación en la Amazonia son las principales marcas del Gobierno de Jair Bolsonaro en el área medioambiental. En 2020, la deforestación fue la más alta de los últimos 12 años. En 2019, el impacto de la devastación se sintió en la otra punta del país: el humo de los incendios forestales en la región norte llegó hasta São Paulo, donde el día se convirtió en noche. Este año, el Ejecutivo ha anunciado un recorte de 240 millones de reales (45,7 millones de dólares) en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Solo en las cuentas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), la reducción será de 3,6 millones de dólares, lo que debilitará aún más su capacidad de inspección.
El Estado de Rondonia es uno de los más relevantes para el proyecto del presidente Jair Bolsonaro en el área medioambiental, que pretende desproteger tierras protegidas por ley e incentivar su explotación a través de la minería, la agroindustria o el comercio de troncos. En 2019, el entonces ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, visitó a los madereros de Rondonia que quemaron un camión del Ibama en protesta por las medidas de inspección. Se apiadó de la situación y dijo, dirigiéndose claramente a los infractores medioambientales que habían destruido propiedad pública: “Todos vosotros representáis a la buena gente trabajadora de este país”.
Las historias de fuego y violencia son una constante en las conversaciones con los residentes que quedan en la reserva. “El año pasado casi muero intentando apagar un incendio que llegó a la choza de un vecino”, cuenta Casemiro José Lopes, de 53 años, que lleva 20 años en la región. Después de intentar combatir las llamas que habían alcanzado el molino de harina de un amigo utilizando solo cubos de agua, se sintió mal por haber inhalado humo y tuvo que ser hospitalizado con una infección respiratoria. “No sabemos quién manda quemar las tierras. Lo que sí sabemos es que todos los años es la misma historia”, afirma.
Hace tres años, unos grileiros intentaron intimidar a Casemiro quemando una choza situada en la parte trasera de su pequeña propiedad. “Sucedió justo después de que sorprendiéramos a un tractor arrastrando troncos dentro de la reserva y nos enfrentáramos a él”. El sentimiento de impotencia es grande: “La realidad es que solo podemos cuidar lo que está aquí en la orilla del río [Branco]. La parte interior [de la reserva] no tiene solución. Soy optimista porque sé que las cosas no pueden ser peores de como están ahora. Ya casi no queda selva que cortar”, dice Casemiro.
Además del incendio que amenazaba la casa de João, EL PAÍS presenció un fuego de grandes proporciones dentro de la reserva. Consumía una superficie de varios kilómetros cuadrados en medio de una región de selva cerrada. Una columna de humo se elevaba en el horizonte. La selva afectada estaba justo detrás de una zona de pastos abandonada, que hasta hacía poco los grileiros utilizaban.
Mientras la agroindustria, los grileiros y los madereros avanzan sobre las zonas protegidas, el jefe Karipuna recuerda la importancia de esta tierra. “Tenemos que entender la selva como algo que tiene valor no solo para nosotros, que somos sus protectores, sino también para el clima, para el agua y para la humanidad”, afirma Karipuna, uno de los miembros de la nueva generación de la etnia que fue casi aniquilada por las enfermedades traídas de fuera en los setenta tras el primer contacto con el hombre blanco.
Solo quedaron siete individuos, que resistieron y consiguieron recuperarse en las décadas siguientes, solo para enfrentarse a más adversidades: en 2019, un puesto avanzado de la fundación para proteger a los indígenas, construido dentro de la tierra indígena para garantizar la seguridad en la zona y evitar la entrada de invasores, fue quemado también en represalia contra las inspecciones. Todavía está igual, unas ruinas abandonadas que simbolizan la ambición de la agroindustria y las madereras de poseer el territorio indígena. “Dicen que hay demasiada tierra para pocos indígenas. Pero en realidad somos muy pocos indígenas para proteger toda esa gran naturaleza. Y es curioso que nunca digan ‘es demasiada tierra para un solo agricultor’, ¿no?”, pregunta.
El organismo medioambiental Ibama informó que tiene a 17 inspectores trabajando en Rondonia y que, en 2021, “las inspecciones en el Estado ya han supuesto 100 incautaciones, 75 embargos, cuatro órdenes de destrucción y 383 autos de infracción que ascienden a 63.256.449,36 reales (12 millones de dólares) en multas”. También afirmó haber realizado acciones en colaboración con la fundación para la protección de los indígenas (Funai), que no ha querido hacer comentarios. El Gobierno informó que “la Secretaría de Estado de Desarrollo Ambiental, junto con sus coordinadores, viene trabajando en acciones de prevención y combate a los incendios en todo el Estado de Rondonia”. El comunicado añade que en el primer semestre de 2021 “se realizaron 146 operaciones (...) con el fin de luchar contra los incendios y la deforestación”, y se aplicaron 1.744 multas. Ante el resultado, se trata de inspecciones inocuas de un Gobierno que incentiva a los devastadores.
Publicado por: El País, 13 de Septiembre del 2021.