Uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno es impulsar la inversión minera en el país en armonía con las comunidades aledañas a los proyectos mineros y el medio ambiente. En este contexto, en abril se registraron 123 conflictos socioambientales en el país (activos y latentes), según cifras de la Defensoría del Pueblo.
De este total, 79 conflictos estaban vinculados a la actividad minera; es decir, seis de cada diez corresponden a esta actividad extractiva (64.2%).
En detalle, solo tomando conflictos sociambientales activos (94), 59 ellos están relacionados a la minería; esta cifra es similar al resultado del mes previo (se registraron 60 conflictos socioambientales mineros en marzo).
Por ejemplo, la comunidad campesina de Pumamarca solicitó a la empresa Minera Las Bambas negociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril del 2011 y exige que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco.
Asimismo, señaló que falta información sobre el proyecto Sallawi que forma parte de los compromisos de la empresa y que debe realizarse consulta previa a la comunidad respecto al tajo Chalcobamba. En este caso, que ingresó como "nuevo" en febrero de este año hay diálogo, según la Defensoría del Pueblo.
También, los sectores de la sociedad civil, comunidades y agricultores manifestaron sus reclamos contra la empresa Anglo American, titular del proyecto minera Quellaveco, por presuntos incumplimientos de la mesa de diálogo y afectaciones ambientales. En este caso, que se registró como "nuevo" en julio del 2019 hay diálogo.
Conflictos sociales
Uno de los riesgos que siempre está latente en el país son los conflictos sociales. En abril se registraron 191 en el país. Si bien el grueso correspondió a conflictos sociambientales (123 casos); también se dieron conflictos comunales (20), por asuntos de gobierno nacional (13), de gobierno regional (10), de gobierno local (10), etcétera.
Los conflictos sociales se concentraron sobre todo en las regiones de Loreto (26 casos), Cusco (21), Áncash (16), Puno (15), Apurímac (12) y Piura (10).
Fuente: Gestión, 18 de mayo del 2021.