A Ignacio Baños no lo detuvo ni una pandemia. El verano pasado, en medio de la crisis sanitaria, el consejero delegado de Lithium Iberia, junto con su equipo de ingenieros, perforaron sin descanso, las 24 horas del día, en el yacimiento de Las Navas (Cañaveral, Cáceres). Con una especie de broca gigante dieron más de 30 pequeños “pinchazos” en el subsuelo, alcanzado una profundidad media de hasta los 450 metros bajo tierra. El objetivo: analizar el contenido del litio de la zona, rica en este material, esencial para las baterías de los coches eléctricos y el almacenamiento energético de las renovables. “Para nosotros era fundamental no perder ni un minuto”. A la espera de cumplir con todos los trámites y estudios medioambientales, en 2022 iniciará operaciones esta mina del llamado “oro blanco”, que promete poner a España en el nuevo mapa energético del planeta y que suministrará del mineral a la primera fábrica de baterías del sur del continente. “Nuestro proyecto es estratégico, no solo local y regional, sino nacional y europeo”, remata Baños.
Este empresario, desde un rincón perdido de Extremadura, forma parte de una carrera mundial que, en gran medida, determinará el dominador de la economía del siglo XXI. Si primero estalló un pulso comercial entre las grandes potencias, seguido por uno tecnológico, la batalla clave de las próximas décadas será la climática. En un planeta donde la electrificación es la respuesta al cambio climático, el dominio sobre materias primas (litio, cobre, cobalto o tierras raras) y las cadenas de producción de las energías renovables se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional y fuente de mucho dinero. “Quien controle la economía sostenible, las inversiones, la investigación y el desarrollo y las líneas de suministro tendrá una ventaja geopolítica”, afirma Haim Israel, responsable global de análisis e inversiones temáticas en Bank of America (BofA). Decenas de países mueven los hilos para adoptar objetivos de emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050 (China lo hará en 2060). Muchas de ellas se han unido al Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura mundial este siglo por debajo de los 2°C. La situación es de total emergencia. La frecuencia y la gravedad de las olas de calor, los huracanes, las inundaciones y las sequías se están intensificando.
El impacto económico del cambio climático podría alcanzar los 69 billones de dólares (58,4 billones de euros) al finalizar este siglo y la inversión en la transición energética debe aumentar hasta los cuatro billones al año, según cálculos de BoFA. Por eso todas las grandes potencias han pisado el acelerador en la ruta hacia un mundo más sostenible con planes millonarios, aprovechando sus programas de recuperación económica tras la covid-19. Europa invertirá un 30% de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation en proyectos medioambientales. EE UU que ha vuelto al Acuerdo de París y que busca salvar los muebles de su política medioambiental destinará dos billones de dólares en los próximos 10 años. China con un 20% de la población del planeta y el mayor emisor de CO₂ del mundo no ha puesto una cifra sobre la mesa para lograr la neutralidad, pero no tiene intención de quedarse atrás.
El gigante asiático ha sido el país que más ha invertido en transición en la última década: 1,2 billones de dólares. A pesar de ello, aún depende de los fósiles. El 58% de todo su consumo de energía proviene del carbón, un sector en el que aún invierte. La mitad de las plantas de esta materia prima en construcción del mundo se encuentran allí. China es consciente de que esta fuente de energía no funciona a su favor. “Le es más costoso mantener funcionando las centrales de carbón que agregar nueva capacidad renovable”, dice un análisis del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Sobre todo, en un contexto donde los costes de producción de electricidad de las energías verdes han caído drásticamente en una década (un -82% en la solar fotovoltaica, un -39% para eólica terrestre y un -29% para la eólica marina).
Son la fuente de electricidad más barata de la historia, dice la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Ello se debe en gran medida al avance tecnológico de los desarrolladores, pero también a las economías de escala (avivadas por China) y las cadenas de suministro cada vez más competitivas. Hoy, desde Abu Dabi (el emirato rico en petróleo, con una de las mayores plantas solares del mundo) hasta Laos y Bután, que venden a países vecinos electricidad generada en sus hidroeléctricas, están en busca de un futuro verde. “A medida que el sistema energético se transforma, también lo hacen las relaciones entre los países”, advierte Thijs Van de Graaf, profesor de Política Internacional en la Universidad de Gante (Bélgica).
De esta transición surgirá un nuevo grupo de ganadores y perdedores. “¿Se imagina a Marruecos exportando energía sostenible a los países del sur de Europa?”, pregunta Olafur Ragnar Grimsson, expresidente de Islandia y actual presidente de la Comisión Global sobre Geopolítica de la Transformación Energética. “En el futuro quizás ocurra”, dice del otro lado del teléfono. Desde 2009, el país africano ha desarrollado un programa de energía renovable (solar y eólica) con el que pretende cubrir el 52% de su demanda de energía a finales de 2030. Pero aún está lejos de competir con Europa, líder en renovables. El año pasado estas se convirtieron en la principal fuente de electricidad en la zona, por encima de los combustibles fósiles. Y su músculo industrial es fuerte: ocho de las 10 empresas de tecnología limpia más grandes del mundo son europeas.
Exportadores netos
Algunos países ya son exportadores netos de electricidad generada por energías verdes. Noruega vende energía a sus vecinos y está construyendo cables de transmisión a Alemania y el Reino Unido. Y Portugal enviará hidrógeno verde a los Países Bajos. “Estamos frente a una transformación geopolítica”, agrega Grimsson. “La energía verde será la base del éxito y el progreso de los Estados”, arguye el exmandatario. “Las renovables redistribuyen la riqueza y el poder entre países y regiones”, abunda Van de Graaf.
El control de la energía siempre ha sido un arma de política exterior. El caso icónico: el embargo de petróleo árabe de 1973, que dejó sin crudo a EE UU y algunos países de Occidente, y que aceleró la independencia energética estadounidense. Más recientemente, por ejemplo, Estados Unidos (convertido en el primer productor de crudo gracias a la perforación hidráulica) ha impuesto sanciones petroleras contra Irán (por sus actividades nucleares), Venezuela (contra el régimen de Nicolás Maduro) y Rusia (a raíz de la anexión de Crimea). Rusia, por su parte, ha utilizado durante mucho tiempo los precios del gas natural de manera estratégica, otorgando descuentos a regímenes aliados como Bielorrusia y Armenia, y aumentando los precios para aquellos de tendencia Occidental.
Existen tres formas en que los países pueden ejercer influencia en el sistema energético verde, según un análisis de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). El primero: exportando electricidad o combustibles sostenibles. El segundo: controlando las materias primas. El tercero: logrando una ventaja tecnológica, como en el desarrollo de las baterías para los vehículos eléctricos. En este nuevo campo de batalla las armas de guerra son viejos conocidos: límites a las exportaciones, imposición de aranceles, sanciones o restricción. “La carrera ya está en marcha”, afirma Israel, de BofA. Y una de las caras más visibles en esta disputa es la de los vehículos eléctricos, dice.
Fuente: El País, 27 de Marzo del 2021.