AUTOR: Guido Valdivia
Una investigación de GRADE reveló que 93% de la expansión en nuestras 43 principales ciudades en los últimos 20 años corresponde al tráfico de tierras o lotizaciones informales. La mayoría de las ocupaciones fue promovida por mafias que cuentan con la complicidad de autoridades locales, policiales, fiscales y judiciales. Este mercado negro se explica principalmente por (a) la indiferencia de las autoridades responsables del desarrollo urbano en el país, tanto en el nivel central como en el local; (b) las restricciones legales y administativas para incorporar suelo de manera formal al ámbito urbano; y (c) la vigencia de un modelo perverso de inversión para la dotación de servicios de agua y desagüe.
En principio, los planes urbanos están completamente desactualizados y ni siquiera se implementan modificaciones parciales de sus instrumentos de gestión para regular sus áreas de expansión. En segundo lugar, los grandes propietarios de suelo en las periferias d elas grandes ciudades son las comunidades campesinas impedidas por la ley de transferir sus tierras para usos urbanos y el Estado, que tiene una actitud muy pasiva para defender sus predios y, en algunos (FF.AA), una resistencia absurda a poner en el mercado terrenos sub utilizados.
Estas restricciones rigen solo al mercado formal; los traficantes y lotizadores informales invaden, regularizan y venden con impunidad. Las 68mil hectáreas que, según GRADE, se reincoporaron irregularmente a las áreas urbanas desde el 2001, han significado un ingreso no menor a 20 mil millones de soles para estas organizaciones delictivas.
Por último, las EPS solo "siguen a la invasión" y la mayor parte de sus inversiones se hacen con dinero del Ministerio de Vivienda, sin obligación de reembolso, lo que permite mantener tarifas irrisorias, En cambio, solo un pequeño porcentaje de la inversión (20% en Lima y mucho menos en provincias) se destina a la renovación de redes, lo que dificulta la necesaria densificación.
Las invasiones son caras y matan. A la ocupación irregular de suelo, se suman la construcción informal, que afecta a no menos de 3 millones de hogares urbanos. La baja calidad de estas edificaciones las vuelve muy vulnerables ante un sismo o terremoto. Otorgar estos servicios a familias asentadas informalmente cuesta entre 2 y 9 veces más que si vivieran en un proyecto habitacional formal. Terminar con este modelo pernicioso de generar ciudad es indispensable, y esta no es solo una responsabilidad municipal.
El Gobierno no debe invertir en la actualización de planes y catastros urbanos que incluyan nuevos instrumentos de gestión territorial; crear una empresa pública de suelo, que incorpore suelo con servicios al mercado para que promotores privados desarrollen proyectos habitacionales; modificar la legislación sobre terrenos de comunidades campesinas y del Estado; promover una verdadera simplificación administrativa, sustentada en la digitalización de procedimientos; y destinar al menos 10% del dinero que se "invierte" en agua y saneamiento a la dotación de estos servicios a programas sociales de vivienda.
Finalmente, triplicar los subsidios y créditos hipotecarios para producir las 120 mil viviendas anuales requeridas para alcanzar un 80% de construcción formal, reducir drásticamente las inversiones no reembolsables en saneamiento sincerando tarifas y con subsidios directos a quienes no pueden pagarlas, así como permitir que gobiernos sub nacionales implementen sus propios programas de subsidios con parte de los recursos que reciben por canon y regalías, son dos medidas suficientes para financiar estas metas de producción habitacional.
Decisión política, visión territorial, gestión urbana orden administrativo y racionalización de inversiones estatales son condicionales al alcance para que una mejor ciudad sea posible.
Publicado por: Gestión, 02 de Julio del 2020.