Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora en las audiencias del proceso de destrucción, no hay literalmente ningún delito, ni ningún abuso de poder, que pueda persuadir a los republicanos de volverse contra el presidente Trump. De modo que, si están esperando algún giro político radical, no contengan la respiración.
Sin embargo, pensándolo mejor, quizás deberían contener la respiración, puesto que la calidad del aire se ha deteriorado significativamente durante los últimos años, y ese deterioro ya ha costado miles de vidas estadounidenses. Y si Trump sigue en el poder, el aire se volverá mucho peor, y el número de víctimas aumentará drásticamente en los años venideros.
Esto es lo que hay: cuando hablo de la contaminación del aire, no me refiero a los gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático, el cual supone una amenaza existencial a largo plazo. Estoy hablando más bien de los contaminantes que tienen un efecto mucho más inmediato, sobre todo “las partículas finas en suspensión”, que hacen que el aire sea neblinoso y pueda penetrar profundamente en las vías respiratorias.
Los peligros para la salud de estas partículas están documentados.
La buena noticia hasta hace unos años era que, gracias a las normativas medioambientales, la concentración de partículas finas descendía con bastante rapidez. La mala noticia es que desde 2016, esta clase de contaminación ha aumentado otra vez, destruyendo aproximadamente una quinta parte de lo que se había ganado desde 2009.
El aumento de las partículas en suspensión provocó 10.000 muertes en 2018, menos que la violencia que cita el presidente
Un estudio muestra que esta inversión indica que existen múltiples causas, como los incendios incontrolados (causados a su vez, en parte, por el cambio climático), el mayor número de vehículos y la menor aplicación de la normativa. También ha descubierto, utilizando resultados bien confirmados de los efectos de la contaminación sobre la salud, que incluso este incremento aparentemente pequeño de partículas provocó casi 10.000 muertes más el pasado año.
Para poner esta cifra en contexto, puede ser útil recordar que Trump empezó su presidencia hablando de una “matanza estadounidense”, y describiendo un país inundado de delitos violentos.
En realidad, la delincuencia se encontraba, y sigue encontrándose, en mínimos históricos. Y eso era así hasta tal punto que lo único que justificaba su diatriba era un ligero (y temporal) repunte de los homicidios, desde unos 14.000 en 2014 hasta 17.000 en 2016.
La cuestión es que la cifra de víctimas de la época de Trump por el empeoramiento del aire ya es varias veces más elevada que la “matanza” que criticaba. Parece de mal gusto señalar esto, pero el coste económico del aumento de la contaminación también es grande; el estudio lo sitúa en 89.000 millones de dólares al año. Es una cifra bastante importante, incluso en una economía tan grande como la estadounidense, y significa que, con Trump, el crecimiento económico medido adecuadamente, ha sido significativamente más lento que lo que dan a entender las cifras oficiales.
Y las cosas van a empeorar mucho.
El Gobierno de Trump trabaja en unas nuevas normas que de hecho impedirían que la Agencia de Protección Medioambiental (APM) utilizase gran parte de las pruebas científicas de los efectos adversos de la contaminación sobre la salud. Esto perjudicaría a la regulación medioambiental, y provocaría casi con toda seguridad un drástico empeoramiento de la calidad del aire y del agua con el transcurso del tiempo.
No sabemos exactamente cómo evolucionará esto, pero se puede afirmar con seguridad que si Trump permanece en el cargo, morirán muchos más estadounidenses a consecuencia de sus políticas antimedioambientales que el número total de personas asesinadas, por no hablar de las que son asesinadas por los inmigrantes a los que Trump le encanta describir como una horda amenazadora de tez oscura.
¿Por qué ocurre esto? Como han señalado muchos observadores, la inacción ante el cambio climático, aunque es un crimen injustificable contra la humanidad, también es comprensible en cierta manera. Las emisiones de gases de efecto invernadero son invisibles, y el daño que provocan es global y a muy largo plazo, lo que hace que sea relativamente fácil de negar. Sin embargo, las partículas son visibles, y el daño que causan está relativamente localizado y es bastante rápido. Por tanto, se podría pensar que hay un respaldo bipartidista a la lucha contra el aire sucio.
De hecho, la protección medioambiental moderna se inició con Richard Nixon, y los funcionarios de la APM describen su época como dorada.
Los republicanos siguieron mostrando al menos cierta preocupación por el medio ambiente incluso después de que el partido empezase a dar un giro brusco hacia la extrema derecha. El presidente Ronald Reagan firmó un tratado para proteger la capa de ozono. Y la amenaza de la lluvia ácida se contuvo mediante un programa aprobado por el presidente George H.W. Bush. Pero eso fue hace mucho tiempo.
El Partido Republicano actual no solo es un partido que ha abrazado unas teorías conspiratorias descabelladas sobre el calentamiento global (y todo lo demás donde los datos son incómodos), sino que también se ha convertido en el partido de la contaminación.
¿Por qué? Sigan el dinero. Existe una enorme variación entre los sectores según el daño medioambiental que causa su producción. Y los sectores supercontaminantes básicamente lo han apostado todo por los republicanos.
En 2016, la minería del carbón dio el 97% de sus contribuciones políticas a republicanos. Y los contaminadores están recibiendo lo que pagaron.
Esta es una razón por la que a mí y a otras personas nos parece tan alucinante que la gente como Joe Biden diga que todo irá bien cuando Trump se vaya. Si Trump no logra destruir nuestra democracia (un gran “si”), su legado más perjudicial será la enorme destrucción medioambiental que deje tras de sí. Y la postura de Trump a favor de la contaminación no es una aberración. En este tema, es un hombre muy de su partido.
Publicado por: Gestión, 20 de noviembre del 2019.
El viernes pasado, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia 012-2019, destinado a fortalecer la seguridad vial en el transporte terrestre de carga y pasajeros. Lamentablemente, lo único que ordena esta norma es devolver a los transportistas el 53% del Impuesto Selectivo al consumo (ISC) aplicado al diésel. ¿Y de seguridad vial? Nada, absolutamente nada.
Según el texto publicado, el razonamiento es que, dado que el combustible es uno de los principales costos de los transportistas, devolverles más de la mitad del ISC va a dejarles plata para invertir en seguridad vial.
¿Hay alguna evidencia de que subsidiar el combustible aumenta la inversión en seguridad vial? No.
¿Algún análisis que sugiera que esa es la razón por la que no lo hacen? Tampoco.
¿Algún mecanismo para asegurarnos que ahora sí va a ser así? Ni eso.
Simple y llanamente, se trata de una transferencia de dinero, de nuestro bolsillo al de los transportistas, ordenada por un gobierno que no está dispuesto a arriesgar puntos de popularidad defendiendo a los peruanos de sus amenazas de paro.
Como política de transporte es una pésima idea por la sencilla razón de que no va a mejorar los estándares de seguridad vial.
Las principales causas del elevado número de accidentes de tránsito son el deficiente diseño de las vías, la pésima señalización y, sobre todo, el incumplimiento generalizado de las reglas de tránsito. Subsidiar a los transportistas no solo no mejora el problema, sino que reduce los recursos disponibles para implementar políticas que sí sean efectivas. Pero qué son unos muertos más al año comparados con evitar un paro de transportistas, ¿no?
Como política ambiental también es una pésima idea. Reducir en 53% el ISC aplicado al diésel, el combustible más contaminante, hace que su carga tributaria sea sustancialmente menor que la de los combustibles más limpios, lo que fomenta su uso excesivo y desincentiva la adopción de tecnologías menos contaminantes. Es decir, el efecto contrario al objetivo de cualquier política ambiental razonable.
Como política económica, la idea es tan mala que me sorprende que haya pasado por el MEF.
Para empezar, permite gastar dinero que necesitamos para invertir en educación, salud o seguridad; en medidas que no benefician a los peruanos.
En segundo lugar, desnaturaliza por completo un componente tan importante de la política tributaria como el ISC a los combustibles, cuyo objetivo es gravar más a aquellos que contaminan más.
En tercer lugar, genera dos antecedentes nefastos que nos pasarán la factura pronto: la aprobación de medidas tributarias sin el mínimo sustento técnico y la aceptación de que se le otorgue un tratamiento especial a un sector que no demuestra merecerlo. ¿Con qué argumentos podrá negarse la ministra a aceptar propuestas similares en el futuro?
Argumentar que este D.U. fortalece la seguridad vial es ofensivo a la inteligencia de los peruanos. Que la idea venga del ministro de Transportes, que desde hace rato viene demostrando no entender de qué trata el cargo, no es sorprendente. Pero sí lo es el refrendo de las ministras de Ambiente y Economía, quienes revelan no tener reparo en firmar lo que se les pida. Inclusive una medida como esta, que va en contra de aquello que juraron defender: el medio ambiente y la hacienda pública.
Publicado por: El Comercio, 20 de noviembre del 2019.