El oceáno cubre el 70.8% de la superficie terrestre. Ese porcentaje está en aumento. En promedio, el nive del mar es 20 cm más elevado hoy que cuando la gente comenzó a saturar la atmósfera de gases de efecto invernadero, a fines del siglo XIX. Se espera que se eleven alrededor de medio metro más en los próximos 80 años, aunque en algunos lugares podrían subir el doble.
También se espera que, este siglo, las zonas inundables costeras crezcan entre 12% y 20%, equivalentes a entre 70,000 y 100,000 km2. Esa área, del tamaño de Austria, alberga millones de personas y capital, en boyantes metrópolis. Uno de cada siete de los 7,500 millones de terrícolas vive menos de diez metros sobre el nivel del mar; pero para el 2050, solo serán 1,400 millones.
Activos por millones de millones de dólares han sido construidos en lugares que podrían terminar sumergidos, incluyendo el enorme clúster manufacturero de Cantón, en China, e innumerables bases militares.
La física del nivel del mar no es un misterio. El agua marina se expande cuando se calienta y se eleva aún más con el derretimiento de glaciares y casquetes de hielo. Los científicos debaten en torno a cuánto podrán elevarse los mares y cuán rápido, y políticos y economistas no concuerdan sobre la mejor manera de afrontar las consecuencias -inundaciones, erosión y contaminación con salmuera de áreas cultivables-.
Pero no hay excusa para la inacción. La necesidad de adaptarse al aumento del nivel del mar es una realidad ineludible. Incluso si se reducen las emisiones de carbono, se sentirán los efectos. En 30 años, el daño en las ciudades costeras podría alcanzar US$ 1 millón de millones al año. Para el 2100, si se mantiene la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales, el nivel del mar subiría 50 cm, ocasionando daños a la propiedad en todo el mundo equivalentes a 1.8% del PBI global al año.
Si no se establecen reproducciones significativas de las emisiones, el nivel del mar crecería otros 30 a 40 cm y el daño adicionalmente anual ascendería a 2.5% del PBI global. En teoría, reducir los efectos debiera ser simple: construir hardware (muros de contención) e instalar software (concientizar) y, cuando todo lo demás falle, alejarse del peligro. Pero la amenaza se sitúa lejos de los horizontes temporales de la mayoría.
Para inversionistas y las empresas que financian, la amenaza es probablemente inevitable. Para gobiernos nacionales y locales, la inacción es una negligencia que afectará a futuras generaciones. Cuando reconocen el problema, tienden a inclinarse por estructuras millonarias cuya planificación tarda años, y con frecuenciason inadecuadas porque la ciencia y el calentamiento han avanzado.
Como sucede con todos los riesgos climáticos, gobiernos y empresas tienen poco incentivo para calcular cuán sensibles son. Algunas empresas altamente expuestas temen que al divulgar sus vulnerabilidades serán castigadas por los inversionistas. Los gobiernos, notoriamente en Estados Unidos, empreoran las cosas al incentivar que los hogares vulnerables permanezcan en zonas peligrosas ofreciéndoles seguros contra inundaciones baratos.
Pero hay formas de contener el torrente. Las medidas simples incluyen el establecimiento de códigos de construcción que, por ejemplo, fomenten muros y pisos "a prueba de agua". Si se necesitan proyectos más ambiciosos para proteger centros urbanos densamente poblados, tienen que estar diseñados para el peor escenario y no para el más probable, y para que se pueda aumentar su escala, de ser necesario.
Como consecuencia del huracán Sandy (2012), Nueva York ha canalizado US$ 1,000 millones de su presupuesto de reconstrucción de US$ 60,000 millones para ejecutar experimentos de ese tipo. Las autoridades también tienen que dejar de simular que se puede proteger todo litoral. A menos que se trate de Mónaco o Singapur (ciudades Estado), no es posible. En el resto de lugares, la gente tendría que mudarse a zonas altas. Por ejemplo, Bangladés está trasladando a 250,000 hogares.
Todo esto requiere coordinación entre diferente niveles de gobierno, empresas y personas, entre ortos motivos para prevebir que un dique desvíe agua hacia un vecino indefenso. Asimismo, las señales del mercado necesitan un refuerzo. Las calificadoras y las compañías crediticias y aseguradoras recién están comenzando a tener en cuenta los riesgos climáticos. Hacer obligatoriasu divulgación aceleraría el proceso.
Y las áreas pobres y vulnerables necesitan respaldo. Solo se han materializado US$ 70,000 millones anuales de los US$ 100,000 millones comprometidos para abordar las causas y el impacto del calentamiento global. Menos del 10% se dirige a la adaptación. Esto debe cambiar.
Se calcula que US$ 1 invertidoen resilencia climática ahorrará US$ 5 en pérdidas, lo cual es un buen retorno para la inversión pública, pero muchos países en desarrollo no cuentan con fondos para hacerlo. Mientras tanto, el agua está llegando.
Publicado por: Gestión, 22 de agosto del 2019.