La eléctrica estatal deja caer, por razones de mercado, un proyecto que acumulaba fuertes cuestionamientos ambientales y que afectaba a tierras indígenas.
La eléctrica estatal deja caer, por razones de mercado, un proyecto que acumulaba fuertes cuestionamientos ambientales y que afectaba a tierras indígenas.
El Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica (ICE) ha echado este viernes el candado a un añejo proyecto que planteaba la construcción, en el sur del país, la mayor planta hidroeléctrica de Centroamérica. Los planes, nacidos en la década de los setenta y actualizados en 2006, quedan ahora descartados por su elevado coste y por razones de mercado, asociadas con el bajo crecimiento del consumo de energía eléctrica en el país centroamericano.
El 99% de la electricidad que se genera en Costa Rica proviene de fuentes renovables, una de las tasas más altas del planeta.
El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), con un potencial de capacidad instalada de 650 megavatios, quedó fuera de los planes del ICE después de cuatro décadas de intentos para construir el megaproyecto sobre la cuenca del río Térraba, junto a tierras indígenas en el cantón Buenos Aires (provincia de Puntarenas, 150 kilómetros al sureste de la capital, San José).
Su costo rondaba los 3.700 millones de dólares y consideraba un embalse de 6.815 hectáreas (el 0,13% del territorio nacional) que afectaba a poblados y sitios sagrados de comunidades de la etnia teribe. Los planes apuntaban a su entrada en operación después de 2025, como eje de una estrategia energética renovable a largo plazo. Pero las nuevas autoridades del ICE consideran que las circunstancias cambiaron.
La presidenta del Instituto, Irene Cañas, anunció este viernes la cancelación del proyecto y la anulación del proceso de consultas a los pueblos indígenas, requerido después las advertencias del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anay, en 2011. También se archiva el expediente de verificación ambiental, que consideraba observaciones sobre el impacto del megaproyecto en la riqueza natural de la zona, incluido el humedal Sierpe-Osa, protegido por convenciones internacionales. El actual ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, presente este viernes en la rueda de prensa, ya se había manifestado en contra.
Pero las razones del ICE para abortar el proyecto son, sobre todo, económicas: casi toda la electricidad que consume Costa Rica ya procede de fuentes renovables y la demanda ha dejado de crecer por el cambio de modelo industrial, el ahorro y la eficiencia energética, y la generación privada a pequeña escala. En 2017 el crecimiento del consumo fue inferior al 1%, según cifras oficiales recogidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región.
Tampoco hay una estructura suficiente para exportar electricidad a los vecinos centroamericanos y la posibilidad de electrificar la creciente flota de autos está aún en fase incipiente. Es decir, la actual Costa Rica no necesita el megaproyecto hidroeléctrico y la inversión financiera en el escenario actual parece más bien un desperdicio.
La entidad estatal ya gastó 146 millones de dólares que deberán sumarse al rubro de pérdidas en este año, proyectadas en 523 millones (22%). “Para Costa Rica, el gran desafío ya no es aspirar a un modelo eléctrico renovable. Hoy nos corresponde innovar para consolidar este modelo, frente a los retos de la demanda eléctrica, la llegada de nuevas tecnologías en la industria eléctrica y condiciones como el cambio climático”, dijo Cañas.
La noticia alivia las preocupaciones de comunidades de Térraba, que temían perder más de 900 hectáreas de su territorio por la construcción de la presa y el embalse. La dirigente Elides Rivera celebraba el fin de “una lucha constante” que se prolongó por más de una década, dijo al semanario Universidad.
Enfrentaron “diferentes escenarios que se dieron a nivel político, institucional, regional y a escala local. Siempre hubo muchos frentes en los que tuvimos que mantenernos con mucha fe de que realmente teníamos una razón en el derecho a la vida y a la permanencia del pueblo de los Bröran”, apuntó en referencia a su comunidad.
Fuente: El País, 03 de diciembre del 2018.
