AUTOR: RODOLFO MANCILLA
ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO
GRATUITO. SPDA MADRE DE DIOS
Los delitos ambientales en nuestro país datan de 1991. En ese entonces el Código Penal nos hablaba de “delitos contra la ecología”. Años después se reorganizaron y fueron creados nuevos tipos penales ambientales mediante la Ley N° 29263, ante la llegada de la tercera fiebre del oro, la más devastadora comparada con las dos anteriores. Tiempo después se promulgaron adecuaciones y modificaciones mediante los Decretos Legislativos 1100, 1102 y 1237, incrementándose las penas para estos delitos. La criminalidad ambiental merecía ser combatida severamente porque se descontrolaba la tala ilegal, pero más la minería ilegal, catalogada actualmente como crimen organizado (D.L. 1244).
En el 2008 se crearon las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental con la misión de combatir los delitos ambientales. Esto significó un hito y un gran avance en la lucha contra los ilícitos ambientales en nuestro país. En el ámbito administrativo también hubo importantes avances: se fortaleció la institucionalidad ambiental con la creación del Ministerio del Ambiente y de importantes organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp y el Servicio Nacional para la Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.
Para entonces, en Madre de Dios se desencadenaban los primeros problemas socioambientales. No se sospechaba que estos tendrían un desenlace trágico para todo el país. Por el grado de sus impactos ambientales, resultó siendo la región donde ocurrirían con mayor incidencia los delitos ambientales, siendo la minería ilegal y tala ilegal los causantes de la mayor deforestación que ahora aqueja a la Capital de la Biodiversidad.
En el 2008, la deforestación en Madre de Dios llegó a 10 503 hectáreas, prácticamente duplicando la cifra del 2001 (5 603 hectáreas).
En el 2016, la deforestación anual fue de 17 055 hectáreas.
El largo camino para conseguir justicia ambiental en Madre de Dios
Hablando concretamente sobre el desarrollo de procesos penales ambientales, su éxito está sujeto a muchas variables que dependen del nivel de operatividad de los distintos actores que intervienen en un proceso: los denunciantes de un lado, que en Madre de Dios en su mayoría son agricultores o concesionarios forestales; los fiscales ambientales como titulares de la acción penal y que laboran con apoyo de la Policía Ecológica; la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, como representantes de los intereses del Estado; y la intervención de las distintas entidades de fiscalización ambiental – EFA, quienes mediante sus informes fundamentados tienen un papel preponderante en el desarrollo de una denuncia ambiental.
Debemos considerar un detalle importante para este tipo de procesos: quien interpone una denuncia ambiental participa únicamente del proceso como “testigo” (establecido según norma). El único agraviado es el Estado porque el bien jurídico protegido es el medio ambiente y su afectación no se puede atribuir a un particular sino a todos. En ese sentido, quienes pueden impulsar o proponer actos investigativos son el fiscal ambiental como persecutor de delitos ambientales y el procurador del Ministerio del Ambiente como representante y defensor de los intereses del Estado.
Frente a este escenario, con un marco normativo dado e instituciones con competencia ambiental implementadas, ¿por qué siguen incrementándose los delitos ambientales (con especial énfasis en Madre de Dios)?
La situación resulta difícil de explicar pues las razones son varias, siendo la principal la corrupción. Pero existen otras también importantes, directamente relacionadas con el proceso penal ambiental: el desenvolvimiento de las Entidades de Fiscalización Ambiental – EFA y la emisión de los informes fundamentados, aspecto vital en un proceso penal ambiental.
Mencionábamos que contamos con un marco normativo ambiental, necesario para que las entidades de fiscalización ambiental como municipios o el Gobierno regional (estas dos EFA son las de mayor trascendencia en los procesos penales ambientales en Madre de Dios) puedan ejercer funciones de fiscalización con eficiencia. Sin embargo, estas EFA son las que muestran mayores deficiencias en sus capacidades al aplicar su sistema de fiscalización ambiental y más cuando de emitir informes fundamentados se trata.
Los delitos ambientales son tipos penales en blanco, esto en razón de que la conducta antijurídica está sujeta al incumplimiento de una norma administrativa. Es la EFA correspondiente quien, mediante la emisión del informe fundamentado, determina el nexo causal entre los hechos materia de investigación y el ilícito ambiental. Esto genera una dependencia que no beneficia al proceso penal ambiental, pues de no contar el fiscal ambiental con un adecuado informe fundamentado para sustentar su caso, se corre el riesgo de que el proceso penal no prospere. El fiscal podría optar por otros medios investigativos, pero ello dependerá del nivel de preparación que tenga sobre derecho ambiental.
Entre el 2010 y 2014 ingresaron a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios 3 068 denuncias ambientales.
De ese total, solo 230 (8%) se han resuelto, quedando en trámite 2 838, el 92%.
Madre de Dios necesita severidad en la lucha contra los delitos ambientales. Actualmente no se está protegiendo adecuadamente el bien jurídico “medio ambiente”. Necesitamos que las EFA fortalezcan sus capacidades y de la mano de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Procuraduría del Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, Marina de Guerra, y otros, se combata rigurosamente los delitos ambientales y se sancione a los responsables de los pasivos ambientales que causan. De lo contrario la deforestación, minería ilegal, corrupción, violencia e impunidad aumentarán en Madre de Dios, la Capital de la Biodiversidad del Perú.
El camino avanzado
Los problemas advertidos para el acceso a la justicia ambiental en Madre de Dios no solo han impulsado la generación de un marco normativo, a ello se han sumado esfuerzos de reformas institucionales destinados a mejorar las condiciones de acceso a la justicia.
Sin duda la creación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental en el año 2009, y su fortalecimiento en Madre de Dios a lo largo de estos años, han mostrado que el sistema de justicia ha advertido las condiciones de indefensión de los ciudadanos. Al respecto debemos indicar que para el año 2017 la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 4 fiscales provinciales y 7 fiscales adjuntos[1], lo cual dista bastante de los 3 fiscales entre provinciales y adjuntos con los que se contaba en el 2014.
Además, la creciente carga procesal y demanda por resolver los conflictos ambientales en el país ha generado que el Poder Judicial apruebe el Plan de Gestión Ambiental 2017 – 2021, instrumento de política que refleja la priorización de la problemática ambiental en ese poder del Estado. A ello se suma el desarrollo del Primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Madre de Dios a realizarse entre el 30 de noviembre al 2 de diciembre, organizado por el Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jueces e incorporar una reforma en el sistema de justicia peruano.
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hemos acompañado este proceso de priorización de la problemática ambiental en Madre de Dios, con herramientas que faciliten el acceso a la justicia ambiental como el Consultorio Jurídico Gratuito, Alerta Ambiental, así como una serie de documentos para facilitar el empoderamiento ciudadano: Manual de defensa para usuarios del bosque en Madre de Dios, Entidades de fiscalización ambiental: Informe fundamentado en los delitos ambientales, entre otros.
Toda esta situación nos permite advertir que si bien es cierto los problemas ambientales en Madre de Dios han avanzado, el marco normativo e institucional para enfrentar las amenazas ha venido ajustándose, motivo por el cual consideramos que estamos en un contexto donde el sistema judicial peruano tiene la oportunidad de generar cambios significativos para mejorar las condiciones de vida en Madre de Dios.
Publicado por: Actualidad Ambiental (13 de Noviembre del 2017)