AUTOR: JOSÉ CARLOS REQUENA
ANALISTA POLÍTICO
Mientras connotados voceros del oficialismo, en el Ejecutivo y el Legislativo, se enredan con declaraciones que los confirman a ellos mismos como sus propios peores enemigos, el país transita en una tensa calma. Cuando las portadas de los diarios eran pobladas por dimes y diretes entre altos funcionarios de las gestiones de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, espacios menos notorios eran ocupados por la preocupante reactivación de los principales conflictos sociales de los últimos años. El proceso electoral no ha sido más que un obligado receso.
El lunes 22, El Comercio publicaba la creciente incomodidad de los comuneros de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas (Apurímac). Según los comuneros, el paso de inmensos camiones transportando minerales no fue parte del acuerdo con la minera, que incluía –más bien– el paso de maquinaria y operarios. El mismo día, “La República” reportaba la intranquilidad en los habitantes de la zona por la diferencia en la cotización de tierras, indisposición a abandonar las comunidades, e incomodidad por el ruido y los impactos ocasionados por las operaciones de la empresa, cada vez más intensas.
El miércoles 24, fue aprobado en el Congreso un proyecto conjunto del Ejecutivo y la mayoría parlamentaria opositora, que alarga la agonía del Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín). El aparente consenso (108 a favor, 0 en contra, 5 abstenciones) oculta solo temporalmente el gran malestar que se activará cuando las expectativas se encuentren con la inviabilidad económica y ambiental.
Según informaba El Comercio el jueves 25, en el distrito de Urarinas (Loreto), los trabajadores de la empresa contratada por Petro-Perú para realizar labores de limpieza del más reciente derrame del Oleoducto Norperuano eran impedidos de ingresar a la zona de emergencia. La población exige que sea la misma empresa estatal la que viaje al lugar para explicar lo sucedido. Las explicaciones, más bien, deberían aclarar lo denunciado por el Ministerio Público: las fugas de crudo fueron “provocadas por acción de terceros que cortaron la tubería con herramientas”.
Mientras hay expectativa sobre lo que vaya a pasar en Tía María (Arequipa), otras zonas del país ven surgir conflictos ajenos a las actividades extractivas: Juanjuí (San Martín) se paralizó esta semana exigiendo la construcción de un hospital y el asfaltado de la carretera Fernando Belaunde Terry.
Perdidos en la superficialidad de los debates gaseosos, los principales actores políticos están obviando problemas complejos que se embalsan lejos de la capital, con el apoyo de ese aporte gubernamental a la informalidad que son las mesas de diálogo. Se olvidan así los líos profundos que tarde o temprano pondrán en problemas a un gobierno que, a un mes de instalado, se muestra dubitativo.
Publicado por: El Comercio (28 de agosto del 2016)