Por
La
fiscalización ambiental en el país se asemeja a una enorme y caótica
enredadera. Nuestro sistema desvincula la supervisión y control ambiental en
más de 35 entidades y dependencias ministeriales. Esta dispersión, lejos de
promover un desarrollo más sostenible, ha contribuido con el debilitamiento del
sistema (con más de 30 conflictos socioambientales en
todo el país, podría hablarse de resquebrajamiento). Cada sector observa y
resuelve desde su rincón y desde su propio interés los conflictos que explotan
en
Así,
el último informe sobre la situación ambiental del país --promovido por el
Banco Mundial y el Consejo Nacional del Ambiente (Conam)--
señala que durante los últimos 15 años se ha deforestado una superficie
equivalente a cinco veces
La
Ley General del Ambiente reconoce al Conam como la
autoridad nacional ambiental, pero deja a los ministerios --encargados de
promover la inversión-- la función de fiscalizar precisamente que estas
inversiones respeten sus compromisos ambientales. El reconocimiento político
dado al Conam en el papel se desvanece en la
realidad.
Una
muestra flagrante del deficiente control ambiental es el río Rímac. Hay más de una docena de instancias involucradas en
su manejo --desde el Ministerio de Energía y Minas hasta la Dirección General
de Salud Ambiental, las municipalidades, la Junta de Regantes y la Autoridad
Autónoma del Río Rímac nombrada por ley, pero de la
que no se conoce su oficina o los nombres de sus funcionarios-- pero hasta
ahora ninguna asume integralmente el problema ni puede detener los
contaminantes que el Rímac arrastra. Este caso
demuestra además cómo el Gobierno crea casi compulsivamente autoridades
autónomas con un protagonismo que siempre acaba en el papel. Ese también fue el
caso de la Costa Verde.
Esta
dispersión institucional --y la poca coordinación entre los sectores-- ha
provocado en algunas ocasiones la formulación de normas contradictorias. Los
ejemplos abundan. Ese es el caso del cumplimiento de los estándares de calidad
ambiental del aire, cuyos límites máximos permisibles no se pueden cumplir por la
antigüedad y exceso del parque automotor y por la mala calidad de los
combustibles. El Ministerio de Salud aprobó los límites, pero el Ministerio de
Transportes no sacó adelante las revisiones técnicas, ni las municipalidades
reordenaron el transporte, ni el Ministerio de Energía y Minas exigió mejor
calidad en los combustibles.
La
respuesta a este caos normativo y debilidad institucional la han dado la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y
"La
tendencia dominante en la región y en los países desarrollados es la de
concentrar las funciones de regulación ambiental de relevancia nacional en una
sola entidad", agrega el consultor ambiental, Iván Lanegra.
El ex secretario técnico del Conam,
Fuente: El Comercio