El consumidor financiero sí importa

Giavanna Prialé

Todos en algún momento somos consumidores del sistema financiero, sea cuando vamos a pagar el celular, el colegio de los chicos o si deseamos un crédito para financiar nuestra empresa. El Perú es reconocido a nivel internacional por el Banco Mundial como un referente en protección al usuario financiero y esto se debe a su legislación, la Ley de Protección al Usuario Financiero y el Código de Protección al Consumidor así como a la labor del ente regulador y al de las propias entidades financieras. Según estudios comparativos del Banco Mundial, Perú es uno de los pocos países en los que la transparencia en los precios para contratar un crédito o una cuenta de ahorros es obligatoria; en el que el regulador, la SBS, revisa los contratos de operaciones financieras para aprobarlos y está en facultad de eliminar toda cláusula de contratación que considere abusiva. Es asimismo considerado líder en materia de educación financiera porque desde el 2009 el Diseño Curricular Nacional incluye el dictado de temas financieros en educación secundaria y para este fin los docentes de los colegios públicos son capacitados a nivel nacional en un esfuerzo público-privado que incluye al MINEDU, la SBS y el Instituto de Formación Bancaria (IFB) en sus diferentes variantes.

Sin embargo ocurren circunstancias en las que el consumidor se siente maltratado porque firmó un contrato sin entenderlo, su capital depositado en una cuenta de ahorros no le rinde utilidades o nunca termina de pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Es hora entonces de plantear una hoja de ruta que permita salir de este atolladero, más aún si aspiramos a que Perú sea un país desarrollado en el que su población se bancarice entendiendo cómo usar el sistema financiero a su favor y seguro de que existe un Estado que se encarga de velar por sus derechos. Son cuatro puntos base en los debemos trabajar: Usar un contrato en lenguaje sencillo y corto que le permita al consumidor entender cuánto le están prestando, cuánto debe pagar de intereses y comisiones, cuáles son sus fechas de pago y qué sucederá si se atrasa en sus obligaciones. Estandarizar los tipos de comisiones según los servicios adicionales que presta la entidad y hacer más amigable su denominación para que el consumidor pueda comparar entre distintas instituciones. Establecer un Código de Buenas Prácticas que les permita a las instituciones financieras autoregularse, premiar aquellas que sean más responsables socialmente con el consumidor al contar con indicadores de monitoreo de calidad de atención al usuario. Educación financiera dirigida sobre todo a aquellos que usan por vez primera el sistema financiero y requieren conceptos básicos que les permitan entender cómo mejorar su bienestar a través de las herramientas financieras disponibles. Estas acciones requieren un trabajo coordinado a través de las alianzas público-privadas y deben ser la base de una industria financiera sostenible y rentable a largo plazo, en la que el consumidor sea el motor de su desarrollo. Si miramos a nuestro alrededor, Chile, Colombia. Brasil. México están trabajando fuertemente en profundizar su legislación en materia de protección al usuario. A pisar el acelerador. El consumidor financiero debe sentir que su opinión sí importa.