El agua, una prioridad y un derecho
El Gobierno prioriza el agua para el consumo humano en un marco de aprovechamiento para el desarrollo integral.
La defensa del medioambiente, la protección y uso racional de nuestros recursos naturales constituyen uno de los ejes fundamentales de la política de desarrollo sostenido e inclusivo del gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
En esta visión integral se inscriben proyectos y acciones concretas orientadas a la preservación y buen uso del agua, tanto en el campo como en la ciudad, como una prioridad para el consumo humano –en primer término–, el desarrollo de la agricultura, agroindustria y ganadería, programas de forestación y reforestación, proyectos hidroenergéticos y aprovechamiento para la industria extractiva y fabril.
La protección y adecuado uso de nuestras vertientes y reservas acuíferas implica también el sostenimiento de las cadenas ecológicas de las cuencas de ríos y manantiales, así como el tratamiento de las aguas servidas y residuales.
Además de privilegiar el uso adecuado de nuestros recursos hídricos, estos también son reconocidos por el Gobierno como un derecho inalienable e intangible de todos los peruanos, especialmente de los pueblos altoandinos que viven de sus actividades agropecuarias en zonas mineras.
De allí que el Jefe del Estado ha reiterado con absoluta transparencia que su gestión está otorgando máxima prioridad al agua en dichas zonas con el establecimiento de una nueva relación con las empresas mineras extractivas, basada en la responsabilidad social y ambiental a favor de la población campesina.
Todo este enfoque, de objetivos inmediatos y proyecciones de largo aliento, ha sido muy bien ratificado por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien ha garantizado que el derecho al agua es un prioridad nacional para el Gobierno.
Con el espíritu de permanente apertura al diálogo, el ministro Pulgar-Vidal también ha expresado su disposición a dialogar con los pobladores que han organizado la denominada Marcha del Agua, de quienes espera aportes y propuestas de carácter técnico, "porque reconocer al agua como derecho está en la conciencia y en el discurso del Gobierno".
En ese mismo sentido, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha solicitado que la marcha por el agua sirva para enriquecer el debate técnico sobre el uso de los recursos hídricos del país, "y no se agote solo en el reclamo político".
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, ha coincidido en considerar que el agua es un recurso natural que debe ser administrado por el Estado de manera equilibrada, tanto para el cuidado del medioambiente como para el desarrollo del país, teniendo en cuenta que el agua es patrimonio de todos y no de un determinado sector.
En este contexto, adquiere especial trascendencia el anuncio formulado por Javier Iguíñiz, secretario técnico del Acuerdo Nacional, quien informó que ese foro elaborará los lineamientos de una política nacional del agua que pueda aplicarse permanentemente más allá de la sucesión de los períodos gubernamentales. El agua es vital para la vida y el desarrollo. Es el más preciado patrimonio de todos los peruanos.